Federalismo, pactos y pobreza

Nuestro país sigue dando muestras de no encontrar el rumbo económico que le permita salir del estancamiento. Los últimos datos sobre niveles crecientes de pobreza confirman la existencia de problemas que, si bien la pandemia agrava, vienen de décadas. A las varias causas que ya se han señalado merece agregarse el manejo faccioso que hacen del federalismo algunos dirigentes políticos de provincias y de Nación.

Después de Caseros, las provincias buscaron superar el "estado de naturaleza" que se expresaba mediante el uso de la fuerza para resolver sus muchos conflictos, y así se llega a la Constitución de 1853, que establece un régimen federal que otorga autonomía a las provincias con muy acotadas facultades de intervención por parte del poder central. Sin embargo, la Constitución no dio más que un marco general para las relaciones entre las diferentes jurisdicciones, y por supuesto nada decía en cuanto al tipo de estrategia económica a adoptar. Todo eso derivaría de acuerdos y pactos celebrados entre ellas.

Los primeros pasos de este proceso fueron difíciles, con enfrentamientos armados de gran envergadura entre fuerzas del interior y Buenos Aires; pero finalmente los acuerdos primaron y en una línea que llevaron a un crecimiento económico que ubicaría a nuestro país entre las primeras potencias económicas del mundo. Pero ese modelo económico se estaba agotando ya para la Primera Guerra Mundial y termina de morir con la crisis de 1929. Desde entonces se estuvo buscando una salida; la que pareció encontrarse con la sustitución de importaciones al calor de la Segunda Guerra, pero que para la década del 60 ya se había agotado.

Ese escenario encontró a algunas provincias con un relativo grado de desarrollo, mientras otras no habían logrado una base económica que diera trabajo a su población, ni los recursos para financiar sus gastos. Así, mientras las primeras pudieron mantener un aceptable grado de autonomía respecto del poder central, las segundas necesitaron un urgente apoyo financiero que las llevó a una dependencia sistemática. Se llega así a pactos no escritos entre fuerzas políticas locales y la nacional, privilegiando el objetivo de conservar el poder antes que el desarrollo económico.

Varias de estas provincias optaron por una estrategia que favoreciera la consolidación de un electorado cautivo que pagara con sus votos los favores que recibía del Estado provincial. Para conseguirlo desalentaron las inversiones productivas privadas (excepto las de capitalismos amigos que se "asociaran" al Estado provincial para hacer sus negocios), lo que llevó a la falta de empleos genuinos y a la migración de buena parte de su población. Estrategia que requería de un acuerdo con la Nación para que proveyera los fondos necesarios para financiar el empleo público y el asistencialismo que garantizaban el voto cautivo de los que se quedaban en la provincia. Por su parte, la fuerza política nacional recibe, a cambio de ese aporte dado a través de coparticipación y transferencias no automáticas, el apoyo incondicional de esas provincias para su manejo del poder, en especial por el "copamiento" del Senado de la Nación.

Pacto que ha dado como resultado la existencia de un buen número de provincias con altos niveles de pobreza, que expulsan importantes proporciones de población nacidas en las mismas, las que vienen siendo gobernadas desde hace décadas por la misma fuerza política (incluso con el mismo dirigente o por alternancia de los miembros de un mismo matrimonio).

Ejemplos: Santiago del Estero expulsó de su provincia al 34,34% de los nacidos en la misma (Censo 2010) y financia sus gastos en un 84% con fondos enviados por Nación; Chaco expulsó el 31.01 % de su población y financia el 75% de su presupuesto con esos fondos; Formosa expulsa al 23,21 % de sus nativos y cubre el 77,83 % de su presupuesto con ese tipo de fondos; La Rioja cubre así el 86,78 % de sus gastos; San Luis lo hace en un 77.29 %; Catamarca en un 77 % y Tucumán en un 71 %.

La foto del presidente abrazando y ensalzando a Insfrán, y la vicepresidenta nombrando a Claudia Ledesma Abdala, presidenta provisional del Senado, cargo que ya ocupara su esposo Gerardo Zamora, son otras manifestaciones de ese pacto.

Sociólogo, Club Político Argentino

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