Familiares de funcionarios: ¿idoneidad o nepotismo?
El nombramiento de familiares de funcionarios en distintas áreas del Estado ha sido una permanente fuente de sospechas, cuando no de graves casos de nepotismo. Y si bien no es un tema nuevo en la política argentina, la conformación del gobierno de Alberto Fernández ha generado las primeras dudas por la designación de varios parientes de ministros y de funcionarios de alto rango en otros cargos inferiores.
La discusión acerca de si se puede o no designar en cargos públicos a familiares de altos funcionarios del Estado derivó en la posibilidad de que el Poder Ejecutivo derogara el decreto 93/2018, firmado por Mauricio Macri, por el cual se prohibieron en todo el sector público nacional las designaciones, bajo cualquier modalidad, de personas que tuvieran algún vínculo de parentesco, tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el presidente y el vicepresidente de la Nación, con el jefe de Gabinete, con los ministros y demás funcionarios de rango y jerarquía de ministro.
Sin embargo, hasta ahora, el presidente Alberto Fernández no ha derogado ese decreto y, según fuentes de la Casa Rosada, no se evalúa su derogación en lo inmediato.
Es probable que, desde el actual Gobierno, se alegue que, por encima de ese decreto, se encuentra el principio constitucional que consagra la igualdad ante la ley y la admisibilidad en los empleos públicos sin otra condición que la idoneidad.
Algunos casos de funcionarios recientemente designados que revisten la categoría de parientes son el del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y su cuñado Francisco Meritello, secretario de Medios, y el del ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, y su cuñado Guillermo Justo Chaves, nombrado jefe de Gabinete en la Cancillería. También se destacan los casos del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y su primo Francisco Cafiero, secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, y el del ministro de Defensa, Agustín Rossi, y su primo Sergio Rossi, secretario de Estrategia y Asuntos Militares, quien ya había revistado como jefe de gabinete de asesores de la misma cartera y con el mismo ministro entre 2013 y 2015.
Los voceros del Gobierno consultados señalan que en ninguna de las situaciones mencionadas se puede hablar de falta de idoneidad de los familiares nombrados. Incluso algunos de ellos cuentan con antecedentes en la función pública en otros períodos de gobierno. Chaves, por ejemplo, además de miembro fundador del Grupo Callao, ligado al actual Presidente, ha sido durante la gestión kirchnerista director del Instituto Nacional de Capacitación Política y presidente de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, puesto al que llegó de la mano de Florencio Randazzo. Meritello, por su parte, cuenta con una larga trayectoria en medios de comunicación, y fue durante los últimos diez años director del Grupo Octubre, un conglomerado de medios conducido por el sindicalista Víctor Santamaría.
Un caso reciente que también provocó alguna controversia fue el de la titular del PAMI, Luana Volnovich, quien designó a su hermano Guido como gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales del organismo. Si bien este último llegó al cargo por ser una persona de extrema confianza de la nueva directora de la obra social de los jubilados, se alegó que tiene experiencia como realizador audiovisual y que fue responsable del contenido audiovisual del municipio de Esteban Echeverría.
Aquel decreto de Macri fue la consecuencia política de un escándalo que involucró a su entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca, cuando se difundió que había hecho designar a su empleada doméstica en la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos con la aparente finalidad de mejorarle su ingreso. A fines de enero de 2018, poco después de ese hecho, Macri firmó el decreto, que determinó la renuncia de parientes de varios ministros, como el propio Triaca, Marcos Peña, Rogelio Frigerio, Patricia Bullrich, Gustavo Santos y Guillermo Dietrich, entre otros. Varios de esos familiares renunciaron incluso unos días antes de que se emitiera el decreto.
No son pocos quienes consideran que derogar hoy ese decreto podría alentar más sospechas y temores de que pueda abrirse una puerta al nepotismo, y que la designación de parientes de funcionarios termine descontrolándose. De allí que juzguen sano mantener esa norma como una manera de prevenir excesos mayores. Sin embargo, tampoco faltan quienes opinan que, ateniéndose a la letra de aquel decreto, algunos de los nombramientos realizados resultarían ilegales y que solo su derogación podría justificarlos.
Por Fernando Laborda
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