Falta energía, pero sobran políticas erradas

Si uno considera al sector energético por lo que los usuarios residenciales perciben, estamos, salvo algunos sobresaltos recientes, en una situación de maravilla. Eso es lo que el kirchnerismo se esmeró en hacer creer a la gente con tarifas regaladas, mientras oculta las carencias mediante el recurso de transferir los cortes a los sectores productivos. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el sector residencial del consumo energético –digamos electricidad, gas natural y combustibles– representa sólo la tercera parte de la demanda. A partir de este dato, entonces, el usuario común podría empezar a sospechar que algo anda mal en el suministro de energía. Algo que por supuesto no se arregla con la toma de control por parte del Estado, a través de YPF, de la empresa Metrogas, hecho que se conoció ayer.

La cuestión es más compleja. A los cortes y limitaciones que padece el resto de la demanda energética desde hace tiempo, cuidadosamente ocultados por el Gobierno, hay que agregarle otros hechos que agravan el cuadro. Entre ellos, las importaciones en aumento desde 2005 (este año ya superaron los 10.000 millones de dólares), cuando antes exportábamos; las tarifas regaladas, una ficción que ralentiza, pero no evita el impacto inflacionario vía subsidios a parte de la oferta, lo que deterioran el servicio y fomentan el derroche; la reducción de las reservas de gas a la mitad y las de petróleo a una cuarta parte; la ineficiente oferta eléctrica orientada a cubrir los picos de demanda a cualquier costo, económico y ambiental; la cesación de pagos de las empresas distribuidoras de gas y electricidad, última etapa de un proceso del deterioro causado por el congelamiento tarifario, que provoca fallas en las redes cada vez más frecuentes y duraderas.

Si tenemos en cuenta todo esto, entonces comprenderíamos por qué estamos ante una decadencia energética de carácter estructural con visos de agravarse, fruto de una mala praxis y peor política aplicada al sector por parte del kirchnerismo.

El Gobierno no se hace cargo de la responsabilidad que le cabe en esta crisis y ya ha elegido culpables: principalmente, las empresas del sector, pero también la herencia recibida de gobiernos anteriores (esto, paradójicamente, contradice al propio Néstor Kirchner, quien en un documento de campaña de 2002 elogiaba la situación del sector energético). De creernos ese nuevo relato oficial, estaríamos cometiendo un serio error de diagnóstico que conduciría inevitablemente a profundizar la actual decadencia. Con argumentos falaces y oportunistas, hoy se trata de instalar en la opinión pública la necesidad de un creciente intervencionismo –que en cualquier momento podría mutar a estatismo–, con las consecuencias que ya padecimos los que pasamos los 40 años. En esta línea se inscribe la compra de Metrogas.

Ante la inocultable evidencia del deterioro del sector, fruto de la política energética establecida por Kirchner y ejecutada hasta ahora por el ministro de Planificación, Julio De Vido, la Presidenta decide un cambio de conducción, pero lamentablemente se apoya en gente inexperta, con malos antecedentes en la gestión pública y una carga ideológica que parece perimida en todos los países del mundo a los que les va bien.

El elegido para conducir el gran cambio fue el viceministro de Economía, Axel Kicillof, a pesar de sus magros antecedentes en la administración pública, en cuyo currículum se incluyen su intervención en la cuasi reestatizada Aerolíneas Argentinas (a la que le produjo un déficit operativo superior a los 2 millones de dólares diarios, mientras empeora sus servicios), la confiscación de acciones de Repsol, la creación de un ente intervencionista denominado Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, la aplicación del sistema cost plus en algunos servicios (que consiste en fijarles a las empresas su rentabilidad sobre la base de costos establecidos unilateralmente por algún funcionario), entre otras cosas.

Estos funcionarios no entienden o no quieren entender que la consecuencia principal de la gestión kirchnerista en el sector energético fue la fenomenal descapitalización que le produjo: entre 150.000 millones y 200.000 millones de dólares.

El sentido común o cualquier manual de economía básica, con excepción de la marxista, indica que para reponer un capital dilapidado es necesario volver a invertir. En nuestro caso, hacen falta inversiones que superan los 15.000 millones de dólares anuales durante el próximo lustro. Ésa es la cifra que revertiría la decadencia y pondría nuevamente en valor nuestro recursos energéticos, ahora potenciados ante la evidencia de que en el subsuelo contamos con hidrocarburos no convencionales de magnitud global.

El problema de conseguir inversiones es de difícil solución en la Argentina actual, que ha perdido el acceso al mercado de capitales y donde los inversores del sector ya no confían en el famoso "modelo" y menos en sus ejecutores. El ahorro de los argentinos va al desarrollo de economías más previsibles y los últimos dislates de nuestra política y comercio exterior complican aún más el panorama. Mientras tanto, el Gobierno sigue anunciando planes para YPF, como si tuviera el dinero y como si con YPF per se pudiera resolver el problema, aunque la empresa posea sólo una tercera parte de las reservas petroleras del país.

En este sentido, la Presidenta acaba de anunciar un aumento de 200% del precio del gas en boca de pozo para YPF, magnitud a mi entender desproporcionada, salvo si consideramos que es la única forma de conseguir fondos para avanzar aunque sea parcialmente en el plan quinquenal anunciado en agosto.

Este nuevo valor del gas, que no estaba en el cálculo ni del más optimista de los petroleros, reactivará la actividad y la producción siempre que se aplique también al resto de las empresas, a cargo del 70% de las reservas. También cabe preguntarse si se animará el Gobierno a transferir a la demanda esos mayores precios. Por el momento, la diferencia entre el precio actual de US$2,5 el MBTU y el nuevo, de 7,5, engrosará los ya inviables subsidios.

Seguiremos entonces con los cortes e importando cantidades crecientes de combustibles y de gas. Mientras tanto, De Vido no sólo no reconoce el problema, sino que dice estar orgulloso de la política energética que condujo, de los subsidios y de las importaciones, y el nuevo responsable del área se da el gusto de expresar públicamente que considera horrible conceptos como seguridad jurídica y clima de negocios.

Como vemos, el Gobierno adopta decisiones espasmódicas que no mejoran el panorama. Sin embargo, lo que más preocupa es que muchas decisiones erradas cuenten con el aval de la mayoría de la oposición y de la opinión pública; por lo tanto, estaríamos en presencia de medidas legítimas, pero absolutamente incorrectas para revertir la acuciante situación energética.

Pero ya tenemos sobrada experiencia en medidas o políticas de este tipo, que oportunamente también contaron con un apoyo político similar (y con resultados lamentables para nuestro país). Bastaría recordar algunos casos emblemáticos: la ovación en el Congreso Nacional cuando irresponsablemente le dijimos al mundo que no pagaríamos la deuda, la aclamación por la confiscación de las AFJP, la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, la sanción de la ley de medios, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para usar discrecionalmente reservas y la algarabía por la "recuperación de la soberanía hidrocarburífera" cuando se le confiscaron las acciones a Repsol.

Estamos entonces en un problema realmente serio, ya que el principal responsable de la crisis energética, con la anuencia de buena parte de la oposición, está ensayando respuestas que la agravan, cuando la solución, como se dijo, pasa por conseguir inversiones mediante la recuperación de la confianza perdida ante el mundo.

Si bien la inversión es el problema principal a resolver, su solución, al trascender al sector energético, deberá incluir políticas de Estado con reglas de juego claras, órganos de control independientes, contratos y normativas que se respeten y, fundamentalmente, instituciones y leyes que estén por encima de las discrecionalidades de los funcionarios de turno, condiciones todas éstas no contempladas en el llamado modelo.

© LA NACION

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