La democracia: pasiones y razones del gobierno del pueblo
El modelo de gobierno que nació en 1983 fue una innovación histórica, con raíces en 1916 y memoria de inclusiones y fracasos
Esta nota es parte de un número especial del suplemento Ideas dedicado a las "Utopias argentinas", los modelos de país que imaginamos en 200 años de historia
En 1983 se plasmó una utopía democrática. En la campaña electoral, Raúl Alfonsín recitó el preámbulo de la Constitución, esencia de la institucionalidad republicana, y aseguró que con la democracia se comía, se curaba y se educaba. En suma, la panacea. La promesa de la felicidad futura se unía a la execración del pasado dictatorial y el compromiso de juzgar y condenar a los máximos responsables. Era el bien contra el mal, sin términos medios.
La democracia de Alfonsín interpeló exitosamente a un actor político nuevo: la ciudadanía, presente en todo el arco político; en ellos encarnó la utopía, y ellos la sostuvieron con fidelidad hasta 1987. ¿Qué democracia era aquella? Liberal, sin duda, y fundada en los derechos humanos, una doctrina del siglo XVII que los horrores de la dictadura habían sacado del olvido. Institucional también, fundada en el Estado de Derecho que el Juicio a las Juntas habría de consolidar. Y finalmente, plural, fundada en el valor de la diferencia, en la discusión de argumentos y en el acuerdo. ¿Recuperada? No exactamente. Nunca la habíamos conocido.
Una dictadura con votos
Democracia es una voz con muchos sentidos y una raíz común: la legitimidad derivada de la voluntad del pueblo, ese pueblo cuyos representantes hablan en el Preámbulo constitucional. El sufragio universal masculino se estableció en 1821 en la provincia de Buenos Aires. No era un salto al vacío; el disciplinado voto rural -manejado por hacendados y jueces de paz- equilibraba los humores cambiantes de los votantes urbanos. Rosas combinó su larga dictadura personal con un cuidadoso respeto por las elecciones, vigilando tanto la concurrencia de los ciudadanos como que votaran por la lista gubernamental. La suya fue una dictadura democrática y plebiscitaria, un poco arcaica y a la vez muy moderna.
El sufragio universal masculino se generalizó con la Constitución de 1853. Los gobernantes continuaron manipulándolo, como en todo el mundo por entonces, y por eso pocos se tomaban el trabajo de ir a votar; pero en cambio había una activa vida cívica, con animados debates y una opinión pública sobre la cual se asentaba la legitimidad de la República. La situación cambió a fines del siglo XIX. Con la inmigración masiva y el crecimiento, comenzaron a aflorar tensiones y protestas de todo tipo -chacareros, obreros, estudiantes, empresarios-, y entre ellas una específicamente política, que demandó el sufragio libre y la vigencia de la Constitución, violentada por el "régimen". Con este reclamo surgió en 1891 el primer partido moderno, la Unión Cívica Radical.
La suma de conflictos y demandas impulsó a un sector de la élite gobernante a una sustancial modificación electoral. La ley Sáenz Peña de 1912 estableció el voto secreto y el uso del padrón militar, libre de manipulaciones. Fue también obligatorio, para impulsar imperativamente a los habitantes a asumir los deberes de la ciudadanía. La compleja operación buscaba restablecer la legitimidad política, encauzar las protestas por un camino institucional y contribuir al arraigo de los inmigrantes y sus hijos. La primera elección presidencial llevó al gobierno al jefe de la oposición, el radical Yrigoyen.
El origen de la utopía
En 1916 comenzó la primera experiencia democrática plena, la que se legitimó en el sufragio amplio, la que generó esperanzas y acunó la utopía democrática. Se prolongó, con intermitencias, hasta 1955. Sus dos protagonistas, Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón, fueron diferentes en muchas cosas, como lo fue el país que gobernaron y el Estado con que lo hicieron. Pero tuvieron algo en común: encarnaron la voluntad y la esperanza popular. Vistos en perspectiva, dieron forma a una experiencia social y política y trazaron el camino para lo que siguió.
Ambos gobernaron una sociedad democrática, que sumó la exitosa incorporación de sectores nuevos -migrantes externos e internos- con una tendencia sostenida a la movilidad social. La Argentina babélica de 1900 fue convirtiéndose en otra integrada y nacionalizada, cuyos mayores conflictos surgían de la aceleración en las demandas de integración. Uno de sus rasgos fue el vigor de las asociaciones voluntarias, desde las mutuales a los sindicatos o las sociedades de fomento barriales. En ellas se formaron y adquirieron sus herramientas -hablar, organizar, gestionar- los cuadros convocados por la nueva política democrática.
Muchas cosas diferenciaron a Yrigoyen de Perón -una de ellas, el respeto a rajatabla del primero por las garantías constitucionales-, pero ambos coincidieron en un estilo de gobierno y una concepción de la democracia que en 1920 Max Weber había definido como liderazgo carismático de masas. Ambos se llevaron mal con la normativa republicana y particularmente con la división de poderes, que Yrigoyen salteó a menudo y Perón subordinó a la autoridad del jefe. Ambos se identificaron con la nación y el pueblo, concebido como un cuerpo homogéneo y unánime que se expresaba a través de su líder. Ambos desconocían la legitimidad de la oposición: el "otro" político era para Yrigoyen el "régimen falaz y descreído" y para Perón, "la antipatria". Ambos alimentaron una política facciosa, de enfrentamientos, a la que Perón sumó la dura represión política.
Pero, a la vez, ambos expresaron las demandas sociales de democratización y de igualdad, así como la confianza en que el Estado haría su parte para ayudar a cada uno a avanzar en la carrera del ascenso. Ésa fue la esencia de aquella utopía democrática, que se expresó en un régimen político democrático pero no republicano, y crecientemente autoritario. Nada muy extraño si se considera la situación de las democracias en el mundo de la entreguerra.
En 1955 se inició un interludio que se prolongó hasta 1983. La proscripción del peronismo, que condenó las salidas democráticas, y una sucesión de dictaduras militares, cada vez más intensas, acompañaron a una sociedad que expresó sus conflictos por vías democráticas. Hubo entonces todo tipo de utopías, pero todas ajenas a la democracia.
Fin de la ilusión
En 1983 la sociedad se enamoró de la democracia, con mucho voluntarismo y una enorme ilusión; pero el choque con la realidad terminó generando una desilusión similar. El punto de ruptura fue la crisis militar de Semana Santa de 1987 y la constatación de que toda la civilidad democrática era insuficiente para torcer el brazo de la corporación militar. Se sumaron otros fracasos similares -con los sindicatos, los empresarios y la Iglesia- y, sobre todo, la evidencia de que el Estado no podía hacerse cargo de sus promesas iniciales. La civilidad democrática se replegó, y además la dividió el tema de los Derechos Humanos, que había sido como el Arca de la Alianza de la democracia. A la intransigencia de sus activistas, exacerbada por la ley de Obediencia Debida, se sumó la prédica de nuevos militantes que unieron los derechos humanos con el discurso de los años setenta.
La desilusión democrática estuvo pautada por las sucesivas crisis económicas, cada vez más agudas. Carlos Menem llegó al gobierno a caballo de la hiperinflación de 1989, mientras que la crisis de 2001 barrió con los partidos -cuya reconstrucción había sido uno de los logros de la democracia- y con la confianza en los políticos de la democracia, abriendo así el camino a Néstor Kirchner.
Menem inició el desvío hacia la "democracia delegativa". El poder se concentró en el Ejecutivo, a costa del Congreso, que resignó sus atribuciones, y del Poder Judicial, que aceptó ser manipulado. El poder presidencial fue desmontando los mecanismos del Estado que lo limitaban. Profundizando en ese rumbo, los Kirchner construyeron un régimen de decisionismo discrecional, que agregó un argumento digno de C. Schmitt: democratizar las instituciones significaba someterlas a la voluntad de la mayoría. Con esa idea, Cristina Kirchner propuso en 2011 el "vamos por todo".
La polarización de la sociedad, iniciada a mediados de los años setenta, terminó conformando un mundo de la pobreza ajeno a las ideas de ciudadanía sobre las que se había fundado la utopía democrática. En los años de los Kirchner, esto derivó en una transformación del sentido del sufragio. El gobierno organizó un partido informal, sobre la base de las autoridades locales y el uso de los recursos fiscales; volcados en el mundo de la pobreza, estos recursos se trasmutaban en votos. Invirtiendo la lógica democrática, era el gobierno quien producía los sufragios que lo legitimaban.
El uso de recursos públicos fue parte de un mecanismo que excedía la finalidad electoral. La corrupción de los gobiernos, un mal endémico, comenzó a crecer durante la dictadura militar, se expandió en los años de Menem y se transformó cualitativamente con el kirchnerismo, que organizó el saqueo sistemático del Estado. Los efectos sobre la ética democrática fueron demoledores.
Lo llamativo fue el apoyo militante que este "proyecto" concitó. Fue nuestra utopía democrática más reciente, surgida del cruce entre la fantasía revolucionaria, el ideal de los derechos humanos y el usufructo del maná infinito, repartido por el Estado. El discurso, que hablaba de la lucha del pueblo unido contra sus enemigos, remitía al yrigoyenismo y al primer peronismo. En uno de sus corsi e ricorsi la historia trajo también la faccionalización de la política y el inicio de un autoritarismo que, esta vez, pudo ser frenado por la sociedad civil.
El pesimismo de la razón
A principios del siglo XX, ante la emergencia de la democracia, Gaetano Mosca vio en ella el mecanismo por el cual, cada cierto tiempo, la sociedad se sacaba de encima una élite fatigada y desgastada y la remplazaba por otra pujante y optimista. Sólo que -en su experiencia de estudioso y de ciudadano en la Italia fascista-, las nuevas élites caían en manos de los aprovechadores de siempre, los sfrutattori. Quien examine los avatares de nuestra experiencia democrática, y sobre todo, la reciente encontrará razonable la fórmula de Mosca y su pesimismo.
En realidad, no sabemos exactamente qué tipo de democracia quieren los argentinos ni, sobre todo, si están dispuestos a asumir las pesadas responsabilidades ciudadanas o, como señaló Tocqueville a mediados del siglo XIX, se conforman con un nuevo déspota benévolo y corrupto. Se trata del pesimismo de la razón. Sarmiento, que apelaba al optimismo del corazón, habría dicho que "las contradicciones se vencen a fuerza de contradecirlas". Hoy el futuro está razonablemente abierto a lo que cada uno de nosotros haga. Entre tanto por reconstruir, está nuestra democracia. Debemos recuperar la utopía, pero esta vez moderada por la razón y el saber.
El autor es historiador y miembro del Club Político Argentino