Escarnio a los jueces y mayor aislamiento del mundo
¿Se animará algún ministro de Cristina Kirchner a pedir que siga adelante la investigación del imperio Lázaro Baéz o que Boudou de un paso al costado?
LA NACIONMartín Dinatale
Cristina Kirchner no será la primera ni la única presidenta investigada por presuntos casos de corrupción en el mundo. Muchos gobiernos, sin distinción de banderas ni ideologías, fueron indagados por jueces. Pero lo que hoy diferencia a la Presidenta de otros jefes de Estado es la intempestiva reacción y los duros ataques que tanto ella como sus funcionarios lanzaron contra el Poder Judicial.
Hubo casos paradigmáticos que se vieron en las últimas décadas de presidentes investigados por la justicia alrededor del planeta por hechos de corrupción. Desde el ex canciller alemán Helmut Kohl, pasando por el francés Nicolas Sarkozy , el italiano Berlusconi , el sudafricano Jacob Zuma, el ex primer ministro portugués, José Socrates o, más cercanos, el ejemplo de Collor de Melo en Brasil y del mexicano Carlos Salinas de Gortari. Incluso Carlos Menem sigue siendo sometido al banquillo de acusados por sus oscuros pasos por la Casa Rosada.
El kirchnerismo no está exento de que la Presidenta sea investigada por la justicia por el caso de Hotesur y sus conexiones con presuntos hechos de lavado de dinero del empresario Lázaro Báez . Sólo los avances en la investigación del juez Bonadio determinarán el nivel de compromiso que Cristina Kirchner tiene en ese caso.
Pero los duros ataques del kirchnerismo y de la propia Presidenta al juez Bonadio no se condicen con un gobierno que se jacta de respetar la independencia de poderes y propone en nombre de esa causa a referentes argentinos como Susana Ruiz Cerutti o Raúl Zaffaroni para ocupar elevados cargos en las cortes internacionales de La Haya o de la OEA.
Sólo los avances en la investigación del juez Bonadio determinarán el nivel de compromiso que Cristina Kirchner tiene en ese caso
El deseo de Luis D’Elía de tener la cabeza de Bonadio en una pica de la Plaza de Mayo o el gesto de Jorge Capitanich, de plantear que el Poder Judicial "es una corporación que actúa de consuno con la oposición política y con los grupos económicos concentrados", contrastan con ejemplos que se dieron en el mundo cuando los presidentes o ex jefes de Estado fueron llamados a declarar a los tribunales.
En 1999 Kohl admitió haber recibido 100.000 marcos (más de 50.000 euros) en dinero negro para su partido. Angela Merkel era entonces su protegida y acababa de ser nombrada secretaria general de la Democracia Cristiana con proyecciones políticas que no imaginaba en ese entonces. Pero lejos de atacar a los jueces y defender al canciller alemán, Merkel pidió en una carta enviada al diario Frankfurter Allgemeine Zeitung que Khol diera un paso al costado. "Queda claro que ya nada volverá a ser como antes. La época de Kohl ha terminado de forma irreparable", sentenció Merkel sin una mínima crítica a la oposición de su país y mucho menos a los jueces que investigaban a Kohl.
Cuando estalló el escándalo del caso Barcenas en España, el presidente Mariano Rajoy no corrió a respaldar al tesorero de su Partido Popular (PP) acusado de lavado de dinero y atado a sospechosas cuentas en Suiza. Por el contrario, dijo: "No me temblará la mano si se descubren las irregularidades en el PP. Lo que deseamos es que actúe la justicia. Y la justicia cuenta con el apoyo de este gobierno".
En 2005 un fuerte escándalo judicial obligó al entonces presidente sudafricano, Thabo Mbeki, a destituir a Jacob Zuma de la vicepresidencia. El entonces secretario general del Congreso Nacional Africano (CNA) fue acusado de corrupción, fraude, blanqueo de dinero y chantaje, en relación con unos multimillonarios contratos armamentistas entre Sudáfrica y compañías francesas. Las investigaciones por corrupción siguen persiguiendo a Zuma que ahora está en el poder aunque el CNA no está dispuesto a trabar el curso de la investigación judicial.
Dilma Rousseff acaba de darle un fuerte respaldo a la justicia de su país que investiga el escándalo de corrupción que sacude a la petrolera estatal Petrobras y que castigó a la imagen de su gobierno. "El caso Petrobras cambiará a Brasil para siempre y supondrá el fin de la impunidad", dijo recientemente sin cuestionar ni un milímetro la actuación de jueces y fiscales.
¿Aparecerá algún tuit de la Presidenta instando a la independencia de poderes y la transparencia pública?
¿Se animará algún ministro de Cristina Kirchner a pedir que siga adelante la investigación del imperio Lázaro Baéz o que Boudou de un paso al costado? ¿Aparecerá algún tuit de la Presidenta instando a la independencia de poderes y la transparencia pública? Nada de ello: la pica en la Plaza de Mayo o el paredón mediático contra jueces es mejor atajo para el kirchnerismo de paladar negro. En caso contrario, quizás el kirchnerismo prefiera emular al presidente venezolano Nicolás Maduro que ayer creo por decreto el Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, que estará dirigido por un comisario Y cuyo objetivo será "perseguir el flagelo capitalista de la corrupción".
"La tensión entre gobiernos y jueces es algo normal en muchos países. Pero lo que llama la atención en la Argentina es el alto nivel de condicionamiento y hostigamiento que reciben los jueces que investigan al poder", dijo a LA NACION Sebastian Pilo, coordinador del área de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas y Lucha contra la Corrupción de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). El kirchnerismo no podrá acusar a esta asociación de ser corporativista u opositora: en varias oportunidades la ACIJ cuestionó el manejo judicial de algunas causas que tuvo Bonadio.
La percepción de los argentinos sobre la corrupción no varió en los últimos años. El reciente informe del Barómetro de las Américas elaborado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina de la Vanderbilt University sostiene que un 80% de los encuestados considera que la corrupción es "común o muy común" en sus gobiernos. La Argentina ocupa el puesto 100 entre 183 países en percepción de corrupción. Los países que tienen los niveles más bajos reportados de percepción de corrupción son Surinam, Canadá, Uruguay y Nicaragua, con un promedio de 55,3 puntos. Los países con promedios más altos incluyen a Colombia, Trinidad & Tobago, Argentina y Guyana, con un nivel promedio de 80,4 puntos.
Pero nada de esto será tomado en cuenta por ahora: el kirchnerismo sigue empecinado en aislarse del mundo y desoír los ejemplos que bien valen la pena para fortalecer una democracia.
Por Martín Dinatale
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