Escándalo, censura y persecución en el Parlasur
El autor denuncia la actitud del kirchnerismo hacia el exasesor macrista Rodríguez Simón en el órgano regional que funciona en Montevideo
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Para LA NACIONJosé María Torello
El pasado lunes 4 de abril, en Montevideo, acompañé a mi amigo y compañero de partido político Fabián Rodríguez Simón (Pepín), quien es parlamentario del Mercosur, a la primera sesión plenaria presencial del Parlasur desde diciembre de 2019.
Aunque como visitante evité hacer declaraciones por respeto a las instituciones regionales y uruguayas, con mi presencia quise manifestar públicamente mi solidaridad y la de mi espacio político con Pepín, quien debido a la injustificada e intensa persecución que padece en la Argentina por sus opiniones y actividades políticas lícitas, para preservar su libertad, seguridad e integridad personal solicitó protección internacional como refugiado en territorio oriental.
Luego de acreditarme, ingresé al recinto donde fui saludado por el Presidente del Parlasur y me instalé en el sector de invitados. Desde allí fui testigo directo de los escandalosos disturbios con que los representantes del Frente de Todos impidieron al parlamentario Rodríguez Simón hacer uso de la palabra, violando su libertad de expresión y su derecho a la defensa en plena sesión, haciendo evidente la persecución política en su contra.
En el recinto se encontraban poco más de cincuenta parlamentarios regionales, entre ellos una quincena de kirchneristas liderados por Oscar Laborde, intendente de Avellaneda durante el gobierno de la Alianza.
Por intríngulis jurídicos propios de las tratados y leyes que rigen el Mercosur, todos los parlamentarios argentinos electos en 2015, tienen sus mandatos prorrogados. Rodríguez Simón, quien renunció a sus fueros como parlamentario antes de asumir y también a cobrar dieta por dicho cargo, es el único representante del PRO en este órgano regional y autónomo.
Desde que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner asumieran, los parlamentarios kirchneristas, bloque mayoritario de la delegación argentina, comenzaron a hostigarlo por las redes sociales y a tratar de proscribirlo.
En tal dirección pidieron su remoción por “falta de decoro en el ejercicio de sus funciones” como parlamentario, cuando fue citado a prestar declaración indagatoria en la denuncia judicial que Fabián de Sousa y Cristóbal López le hicieran por gestionar, como asesor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el pago de la deuda que por Ingresos Brutos mantenían desde 2003 con el fisco porteño los operadores de juegos de apuestas.
A poco de comenzar la sesión, una parlamentaria kirchnerista manifestó su indignación porque Rodríguez Simón, a quien denunció como prófugo buscado por Interpol y al que imputó una disparatada cantidad de delitos, se encontraba en el recinto. Y fue ovacionada de pie por sus disciplinados compañeros del Frente de Todos.
Al ser aludido con inexactitudes y mentiras, Rodríguez Simón pidió la palabra para explicar que no se encuentra prófugo ni buscado por Interpol sino que, protegido por derechos establecidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, otras normas internacionales complementarias y la ley uruguaya 18.076, se encuentra a derecho y con libertad ambulatoria por todo el Uruguay.
El presidente del Parlasur, como correspondía por reglamento, le concedió la palabra y cuando Pepín comenzó, respetuosa y serenamente, a explicar su situación, los parlamentarios kirchneristas, incitados por Laborde, se levantaron y comenzaron a abuchearlo y a golpear sus sillas para impedirle hablar.
Ante la insólita situación el presidente Tomás Bittar (Paraguay) suspendió la sesión y dispuso un cuarto intermedio, adelantando que de continuar los disturbios la daría por terminada. Los parlamentarios no argentinos contemplaban, entre incrédulos y molestos, el lamentable espectáculo de prepotencia barrabrava que daba el grupo de kirchneristas.
Reiniciada la sesión, Rodríguez Simón intentó usar la palabra, pero fue interrumpido por el parlamentario Laborde, quien sin fundamento ni disimulo alguno, pidió a la Mesa Directiva que se le prohibiera el uso de la palabra hasta que se resolviese sobre el pedido de remoción efectuado por la bancada del Frente de Todos.
Cabe destacar que este pedido de proscripción política tramita ante una Comisión interna que todavía no dictaminó al respecto, aunque al existir numerosos dictámenes de juristas uruguayos entre los que se encuentran dos ex cancilleres (uno colorado y otro frenteamplista) así como el actual Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de la República que coinciden en que Pepín no cometió ninguna falta de decoro, sino que ejerció un derecho que tiene cualquier persona y que corresponde que se le reconozca la condición de refugiado, es muy improbable que prospere.
Tras la petición expresa de censura previa de Laborde, el grupo de parlamentarios kirchneristas reinició con renovado entusiasmo los abucheos y cánticos insultantes para tapar las palabras de Rodríguez Simón. Dado que los temas a tratar en la sesión según el Orden del Día no requerían su presencia, desistiendo de hablar para los kirchneristas que no querían escucharlo ya que al resto de los parlamentarios la situación además de incómoda les parecía incomprensible, Pepín se retiró en mi compañía del recinto.
La escandalosa prepotencia con que la bancada kirchnerista del Parlasur, alteró el funcionamiento regular del organismo y le impidió ejercer su más elementales derechos en ese ámbito, sumada a la continua campaña de odio, difamación y desprestigio desde la cadena de medios de sus perseguidores, confirman que el kirchnerismo busca proscribir políticamente a Rodríguez Simón por su exitosa y legítima gestión como asesor del gobierno porteño.
Más allá del caso particular y del papelón protagonizado por los parlamentarios del Frente de Todos, resulta preocupante comprobar que cuanto más evidente se hace la mala gestión, ineptitud e impotencia del gobierno kirchnerista, sus dirigentes exhiben con mayor impudicia su desprecio por el pluralismo, el diálogo político, la libertad de expresión, las instituciones y el Estado de Derecho.
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El autor es senador nacional por la provincia de Buenos Aires y apoderado nacional del PRO
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