Es innecesaria la ampliación de la Corte Suprema

¿Este proyecto cuya idea comenzó a circular en los distintos medios, es una necesidad del Poder Judicial o un pedido de la política para lograr la designación de distintos candidatos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Lamentablemente la respuesta es la segunda alternativa.

El presidente Milei ganó las elecciones de noviembre de 2023 con un claro mandato de la sociedad civil para que elimine la inflación, el déficit fiscal y equilibre sus cuentas. Mantiene una imagen positiva en las encuestas por haber dictado medidas en dicha línea. Congeló su sueldo, el de sus ministros, frenó el ingreso de nuevos empleados al Estado, redujo la cantidad de ministerios, despidió a quienes no formaban parte de la planta permanente, e incluso en estos días vetó la ley que dispuso el aumento a jubilados, sin que existan mayores manifestaciones de repudio, como seguramente se hubieran producido con otros gobiernos.

Sin embargo, en este último tiempo dictó medidas que van en sentido contrario a ese mandato de eliminar el déficit fiscal y así, por ejemplo, trató de aumentar significativamente los fondos para los servicios de inteligencia sin necesidad de rendir cuentas, o incrementó las partidas de la Secretaría de Presidencia.

Hoy en esa misma línea, al no contar con acuerdo del Senado y estar trabados los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, se suma el posible proyecto de ampliar la Corte Suprema de Justicia de la Nación a 7 o 9 miembros, para que cada partido político o bloque legislativo pueda designar a sus candidatos. No se hizo un estudio pormenorizado de la conveniencia de aumentar la cantidad de magistrados, sino que solo se funda en la necesidad de negociar los nombramientos de los distintos integrantes.

Si el principal objetivo del Gobierno es el equilibrio fiscal, no existe razón alguna para incrementar el número de miembros de la Corte, designar más secretarios letrados, empleados que respondan a nuevas vocalías, etc.

La ciudadanía tiene una imagen negativa del Poder Judicial. Las últimas encuestas realizadas por importantes consultoras, ubican a la Justicia en uno de los peores lugares entre las instituciones y organizaciones públicas. Los sondeos efectuados mostraron que su cuestionamiento alcanza a 3 de cada 4 encuestados, señalando que los principales problemas son la demora en la tramitación de los juicios y la corrupción existente entre muchos de sus miembros. Se indicó que los aspectos a mejorar son la celeridad en la resolución de los conflictos y la idoneidad de los jueces para interpretar y aplicar el derecho en tiempos razonables, fundamentales para la recuperación de su imagen.

El Poder Judicial debe ajustar su funcionamiento, remuneraciones, exenciones impositivas, licencias y ferias judiciales al régimen laboral ordinario similar al resto de la sociedad. Hoy no se conciben privilegios exorbitantes cuando el servicio de justicia está en crisis y sus miembros gozan de todo tipo de prerrogativas, que no tienen el resto de los argentinos.

El Poder Judicial debe generar confianza para que la sociedad recurra a sus tribunales y que una vez dictada una sentencia, se acepte pacíficamente esa decisión sin generar dudas en la población acerca de la forma en que se cumple el servicio judicial. Esto es aplicable para todos los magistrados, pero sobre todo para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su ampliación significaría una demora en la tramitación de los temas sometidos a su jurisdicción, sea por división de salas o por mayor circulación de los expedientes. No es lo mismo la circulación de un expediente por 5 vocalías que por 7 o 9.

Existe una oportunidad única para poder dotar de mayor legitimidad a nuestro Superior Tribunal, y, en consecuencia, a todo el Poder Judicial al existir 2 vacantes disponibles que deben ser cubiertas con profesionales de una ética y antecedentes intachables. Manuel Garcia Mansilla reúne esos requisitos y debería buscarse una mujer con experiencia judicial o en la profesión, que no genere resistencia entre la ciudadanía. También deben cubrirse en forma definitiva los cargos de Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo y más de 140 cargos de jueces federales.

Es cuestión de dialogar y consensuar buscando la excelencia para cubrir las distintas vacantes, sin necesidad de ampliar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.