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Es el Gobierno, no el dólar
Hasta las aseguradoras globales, una industria que vive de lo incierto, han empezado a dudar de involucrarse con la Argentina. La china Sinosure, la francesa Euler Hermes y la italiana Sace, por ejemplo, no parecen últimamente tan convencidas de dar cobertura a proveedores internacionales que le venden insumos o productos al país. Ya se lo hicieron saber a sus clientes. No hay dólares, y esos servicios corren el riesgo de no cobrarse nunca. Es también una sensación dentro de varias cámaras locales. Algo se quebró entre Sergio Massa y los empresarios, probablemente desde la devaluación de agosto: el diálogo es menos frecuente y la confianza, casi nula.
El dólar vuelve a ser un síntoma. El blue tocó ayer los 805 pesos, cerró a 800 y crece la brecha con el oficial. Hace alrededor de un mes que no solo están casi congelados los permisos para importar sino, peor, ni siquiera se liberan aquellos cuyo plazo ya venció y deberían pagarse. “Nos obligan a incumplir”, dijeron en la Unión Industrial Argentina. La deuda comercial de las compañías con proveedores extranjeros, históricamente de 20.000 millones de dólares, orilla ahora el doble. Un trabajo del economista Fernando Marull indica que, si se suma todo y se incluye también el juicio perdido por YPF en Nueva York, la Argentina contrajo durante la administración de Alberto Fernández 70.071 millones de dólares de deuda nueva.
Y eso que los precios internacionales le permitieron al Banco Central incorporar en estos cuatro años, por la cosecha, un volumen récord, alrededor de 120.000 millones. Se acabaron. Lo poco que entró este mes por soja, unos 520 millones hasta anteayer, se gastó con las intervenciones para contener al MEP y al blue. El Gobierno vuelve a necesitar de las cerealeras. Guillermo Michel, jefe de la Aduana y principal nexo del ministro con las empresas, les recordó esta semana la urgencia de nuevas liquidaciones. La incógnita vuelve a ser entonces a qué precio conviene, porque el horizonte sí está claro: los 20 días que quedan hasta las elecciones.
La devaluación no sirvió para nada. Al contrario: le agregó otro dígito a la inflación mensual, que se tragó en 47 días el único efecto positivo de toda depreciación, la competitividad. El tipo de cambio real multilateral es igual al previo a las primarias. ¿Para qué se devaluó?, volvían a preguntarse esta semana ejecutivos que recuerdan haberle oído decir en agosto a Gabriel Rubinstein que no se tomaría esa decisión porque iría rápidamente a precios. Es lo que pasó.
Massa atribuye todo a la sequía y a las exigencias del FMI. La relación también se tensó con ese organismo, que contestó anteayer a través de su vocera, Julie Kozack. Dijo que las últimas medidas del Gobierno complicarían todavía más la situación. Pero Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental, suele ser más duro en privado con el ministro, a quien le cuestiona que haga responsable al Fondo de una devaluación aplicada de la peor manera posible. Deberán seguir conversando al respecto: queda todavía una revisión antes del cambio de gobierno.
Pero Massa está en campaña y promete un futuro mejor. “Voy a ser el presidente que derrote la inflación”, había dicho en junio, y ayer agregó que, si ganaba las elecciones, convocaría a todos los sectores. No solo habla casi desde fuera del Gobierno, sino que está convencido de que encabezará el próximo. “Pone todo, es impresionante”, resumió a este diario uno de sus asesores de campaña, sorprendido de verlo todas las mañanas en sus oficinas de Mitre al 300 atendiendo recomendaciones. Hace tres semanas que lee y estudia para el debate. La consigna es además mostrarse activo en redes sociales –tarea para la que contrató a un equipo de publicistas brasileños–, con posteos a toda hora. Ignora a Patricia Bullrich porque, dice, el adversario ya es Milei.
A él apunta con el respaldo de Malena Galmarini y de Juan Andreotti, intendente de San Fernando, que se sumó a la aventura. Un focus group encargado en otro municipio divide a los votantes del libertario en tres grupos: jóvenes (principalmente varones), antiperonistas y enojados con el Gobierno. El desafío es ahora desandar con esos últimos el camino de la indignación.
“Ya estamos en el 31%”, se entusiasmó ayer un funcionario del Palacio de Hacienda. Massa da por descontado que estará en el ballottage y se muestra ante empresarios como quien tiene cuatro años más por delante. “No quiero comprometer 2024″, le contestó al líder de una cámara que le había pedido que al menos les aprobara permisos de importación por pagarse durante el próximo gobierno.
El efecto colateral de tanto optimismo es obvio: ciertos asuntos de la administración quedan descuidados. Alguna reunión de Michel con empresarios, por ejemplo, porque el jefe de la Aduana es también candidato a diputado en Entre Ríos y tiene que viajar. “Perdieron la capacidad de resolver problemas”, se quejaron en una alimenticia.
Massa viene incorporando además ideas que parecen salidas del Instituto Patria. La de inundar la calle de pesos o, más provocadora y específica, la de reducir la jornada laboral, incluida ya en siete proyectos legislativos. “Una conquista que hará más humana la vida”, la definió el diputado Hugo Yasky, autor de uno de ellos. Cuando fueron a protestarle por la iniciativa a Kelly Olmos, ministra de Trabajo, los industriales entendieron que no había mucho por hacer. “Es una propuesta del espacio”, les contestó ella. Difícil que de ahí salgan propuestas para generar riqueza. Aunque los hechos muestren lo contrario: una Argentina que no crea empresas ni empleo privado en términos netos desde hace más de diez años. La década estancada. En realidad, el sector privado retrocede. Basta comparar sus puestos de trabajo con los estatales o, más elocuente, repasar ingresos en determinados organismos. Un empleado de la AFIP sin título universitario de la categoría más baja, la T12, empezará en cualquier caso ganando 500.000 pesos netos, mientras que el promedio de un sueldo privado de cualquier edad y nivel de capacitación era en julio, último dato oficial disponible, de 350.000 pesos.
Las distancias se ahondan cuando del universo estatal se pasa al de la política. Hace décadas que las legislaturas provinciales son la caja de los partidos, como acaban de demostrar las extracciones de Julio “Chocolate” Rigau, y otro tanto ocurre con muchos municipios. “Esto puede ser peor que Ciccone o Skanska, por eso nadie habla”, se sinceró un intendente peronista.
El hartazgo que los asesores de Massa se proponen atenuar se explica en la caída generalizada de los ingresos, pero parte también de desatenciones más profundas. Hay toda una dirigencia que maneja el Estado como si quienes lo sostienen no existieran. Lo que pase en la elección dejará más clara la naturaleza del reclamo, y si se resuelve repartiendo recursos o con relevos drásticos. El problema no es el dólar, sino el peso: una corrida cambiaria muestra hasta qué punto la sociedad ha dejado de creerles a sus representantes. ß
