Entre los sótanos de la democracia y los pórticos de los autoritarismos

El jueves se conoció el DNU 214/20 que modifica la Ley de Inteligencia, donde se impide la actuación de los organismos de inteligencia en investigaciones criminales, hecho a simple vista plausible, pero que necesariamente requiere hacer unas reflexiones en el estado actual de la República.

Haciendo un repaso por la historia, la intervención en procesos judiciales por parte de los organismos de inteligencia que se dispone por vía de excepción, no fue prevista por la Ley N° 16.970, que regulaba el funcionamiento de la Central Nacional de Inteligencia. Esta posibilidad se establece por primera vez en una ley en 1973 que, al momento de regular las funciones de la por entonces Secretaria de Informaciones, permitía la colaboración de estos ante requerimiento de la autoridad judicial. Posteriormente, la Ley N° 25.520 de 2001, continuó permitiendo el uso de la inteligencia nacional "ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial". Dicha posibilidad se mantuvo casi inalterable en la ley que crea la Agencia Federal de Inteligencia en 2015.

En la modificación hecha llama la atención que el instrumento elegido sea un Decreto de Necesidad y Urgencia y que fuese dado a conocer por el Presidente el 1 de marzo, con motivo de la apertura de las sesiones ordinarias. Lo esperable era el anuncio del envío de una ley para ser debatido en el Congreso, ya que nada hace presumir que sea imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución, requisito imprescindible para que sea valido el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Actualmente, el Congreso de la Nación se encuentra en pleno funcionamiento y en el período ordinario de sesiones, por lo tanto, la modificación de la Ley de Inteligencia debería tener el tratamiento normal para la aprobación de las leyes.

La inevitable pregunta que surge -sobre todo teniendo en cuenta el rápido tratamiento y sanción a las leyes que desde diciembre viene enviando el Poder Ejecutivo al Congreso- es: ¿Por qué dictan un DNU? La respuesta es porque no quieren que el rol de los organismos de inteligencia en democracia sea debatido en el Congreso, sólo buscan abonar el relato del lawfare y el "armado" de causas entre jueces, espías y periodistas. Así, los organismos de inteligencia que deberían estar al servicio de la defensa nacional y la seguridad interior terminaron siendo funcionales a los políticos que se han servido de estos, y que los han utilizado como coartada también para justificar sus fechorías.

No es la primera vez que se echa mano a la modificación de la ley de Inteligencia con el argumento de sus espurios vínculos con la Justicia, ya en 2015, después de la muerte del fiscal Alberto Nisman, se sanciono la ley 27.126. En aquel entonces, la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, envió un proyecto al Congreso de la Nación y habilitó el tratamiento en extraordinarias sin recurrir al dictado de un DNU. La justificación de dicha reforma se hizo por cadena nacional para transparentar el sistema de inteligencia y terminar con "la calesita" entre el Poder Judicial, periodistas y "servicios de inteligencia". No obstante eso, llamativamente se mantuvo la posibilidad de intervención de organismos de inteligencia en investigaciones criminales.

Esta iniciativa no es aislada y se inscribe dentro del relato del lawfare que desde hace meses se viene argumentando, por el ahora oficialismo, para desembarazarse de las causas de corrupción que tienen como protagonistas a funcionarios de la anterior gestión kirchnerista. El pedido de intervención al Poder Judicial de Jujuy, la eliminación de la Agencia de Protección de Testigos y Arrepentidos, el amedrentamiento a arrepentidos, los proyectos para anular prisiones preventivas cuando se hacen publicaciones de esas investigaciones, el debate sobre políticos presos, la creación de un Tribunal de Ética internacional para juzgar a jueces y periodistas y la Reforma Judicial planteada no son mas que engranajes que abonan la idea de una justicia adicta, dependiente y quebrantable que los ha perseguido deliberadamente en una suerte de confabulación contra los populismos de Latinoamérica.

Al gobierno de Alberto Fernández no le interesa terminar con la "calesita" entre el poder Judicial, periodistas y "servicios de inteligencia" como dijo en aquel entonces su ahora vicepresidenta, sino que quiere controlar esa "calesita" para garantizar que gire en el sentido de la impunidad desoyendo a la Justicia. Al Presidente le gusta repetir la frase que quiere acabar con los sótanos de la democracia, hoy sus acciones parecen contradecirlo, todo indica que, como buen conocedor de la Justicia que es, pretende dominarlos, y el riesgo es alto, porque en los sótanos de la democracia se encuentran también los pórticos de los autoritarismos, que ya sabemos adonde nos han conducido.

El Plan de Impunidad 2020 está en marcha y avanza a pasos agigantados.

El autor es diputado nacional UCR, Juntos por el Cambio