Enseñar y procurar la igualdad

En un contexto en el que nos hemos acostumbrado a recibir noticias que dan cuenta de formas cada vez más cruentas de muertes de mujeres, hemos olvidado las múltiples modalidades en las que la violencia se manifiesta a diario, en una sociedad en la cual se crean cada vez más organismos y se formulan nuevos planes sin lograr resultados efectivos. Las cifras son claras: los femicidios no disminuyen, la violencia no cesa y ante eso el Estado nacional parece insistir en políticas públicas que no logran los resultados buscados.

Con el lema “más Estado, menos violencias”, se ha impulsado el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2022-2023 que ha sido descripto como el compromiso político del gobierno nacional y hoja de ruta que guía el trabajo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación para enfrentar la problemática. A la vez, luego de años de presupuestos subejecutados, el presupuesto 2023 destina partidas por más de cuatro billones de pesos para políticas con perspectiva de género en distintas áreas del Gobierno, lo cual equivale al 14,65% del monto total de los gastos e inversiones previstos para este año.

Sin embargo, la violencia se mantiene incólume, lo cual pone de manifiesto la ineficacia de un enfoque basado en la enunciación de derechos que luego no se logra garantizar, el énfasis en una inclusión lingüística que no trae consigo igualdad real y la obstinación en poner el foco en campañas efectistas que no miran los lugares obvios que evidencian el origen de una violencia que no es más que la exacerbación de un sistema en el que se descuida sistemáticamente la educación como primera medida para la igualdad y la pacificación.

El Estado insiste en fórmulas que no funcionan, sigue llegando tarde y no toma nota de la imperante necesidad de educar en la formación de vínculos basados en la responsabilidad, el cuidado y el respeto mutuo para revertir el modo violento desde el que aprendimos a vincularnos. Sin un aprendizaje que permita reemplazar las premisas aprendidas por otras acordes a la sociedad en la que deseamos vivir, no habrá cambio posible. ¿O puede, acaso, alguien pensar que con la capacitación que propone la ley Micaela para los efectores del Estado se puede lograr algún tipo de modificación significativa?

Por definición, la desigualdad de géneros es la base estructural sobre la cual se asienta la violencia, ¿podemos seriamente pensar que personas educadas en un paradigma de poder absolutamente desigual pueden vincularse en un cabal ejercicio de igualdad? Pareciera que, desde el Estado nacional, se tiene una percepción diferente o se cree, acaso, que con la ESI está todo solucionado, sin distinguir siquiera que, también en este punto, es necesario hacer una reflexión que nos lleve a cuestionar si eso resulta suficiente frente a datos alarmantes en materia de educación y ante una realidad en la que informar sobre prevención de embarazos resulta insuficiente para educar a chicos y chicas formados en un sistema de valores que les permitan educarse en nociones éticas básicas para convivir en una sociedad que pretendemos que sea mejor que la actual.

La igualdad no florece en la vida adulta, se enseña en la niñez. Sin perjuicio de ello, se impone procurarla a través de políticas públicas transversales que enseñen el contenido de un nuevo paradigma y que permitan, entre otras cosas, equiparar sueldos, tareas de cuidado y acceso a puestos jerárquicos. Finalmente, dentro de una problemática en la cual las denuncias siguen siendo atendidas deficitariamente, un alto porcentaje de muertes ocurren luego de haberse denunciado al agresor y otro tanto suceden cuando ya han pasado por una condena. Cabe preguntarse qué sucede con el Poder Judicial, más allá de la aplicación de la ley Micaela a la hora de capacitar a los tres poderes del Estado.

Sumamos un nuevo ministerio, diversos organismos afectados a tareas de género. Sumamos planes que se reiteran, leyes con nombre de mujeres muertas, derechos que se declaran, nuevas palabras que engruesan el vocabulario, pero las muertes siguen en idénticas proporciones. La Justicia continúa siendo un ámbito de poder masculino, el lenguaje no logra incluir a los estudiantes que abandonan la escuela, las tareas no remuneradas permanecen en manos de mujeres, la igualdad salarial no llega y los derechos que se declaran solo agrandan el compendio de enunciaciones que conforman un relato armado sobre la base de neologismos pretendidamente inclusivos que simplemente representan una absoluta falta de respeto para con un tema que debe ser abordado por el Estado nacional con la responsabilidad que fue asumida al suscribir tratados que hoy tienen jerarquía constitucional. Estar a la altura de la citada responsabilidad implica hacerse cargo de la búsqueda, implementación y seguimiento de políticas públicas que traigan soluciones reales, lo cual significa encarar un trabajo minucioso y transversal en todos los sectores de la población en materia de educación, entendiendo que, aun siendo iguales, la igualdad se enseña.

Diputada nacional