Los chicos que no cuentan

Primero eran 1.360.000, después 450.000, ahora dicen que son 198.000 los alumnos que perdieron contacto con la escuela durante la pandemia y nunca lo retomaron. Lo cierto es que estas cifras están basadas en suposiciones. El Ministerio de Educación de la Nación no sabe cuántos son los chicos que dejaron el colegio luego de la decisión de cerrar las escuelas.

La última cifra producida por el Ministerio, 198 mil alumnos, significan más de 6600 aulas vacías. Aulas que antes de la pandemia estaban llenas de chicos que recibían la posibilidad de un futuro y que ahora se vaciaron, haciendo desaparecer la oportunidad de progreso.

Actualmente estamos sufriendo solo algunas de las consecuencias del cierre de escuelas, muchas de ellas tardarán años en terminar de mostrarse. Pero hay un lujo que no podemos darnos y es el de esperar de brazos cruzados a que los efectos se muestren, solo porque no tenemos datos confiables que nos permitan elaborar las políticas públicas necesarias para dar vuelta de página a lo que fue la peor catástrofe educativa de nuestra historia. “Necesitamos datos para tomar decisiones informadas” es una frase que se repite tan a menudo que aburre. Sin embargo, no hay otra forma: necesitamos datos para tomar decisiones informadas.

Hay provincias que tienen bases de datos actualizadas para seguir las trayectorias educativas de cada uno de sus alumnos (CABA, Mendoza, Córdoba y Jujuy se destacan en este aspecto). Analicemos lo que fue posible hacer en estos lugares, tomemos el ejemplo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CABA sí tuvo el número exacto: 6500. ¿Qué se hizo? Un plan integral del Ministerio de Educación que incluyó redes de fortalecimiento y acreditación de aprendizajes, centros de acompañamiento de trayectorias escolares, escuelas abiertas los días sábado, escuela de verano y de invierno, inicio anticipado de las clases, jornada extendida obligatoria, aprovechamiento de las horas libres y también ir a buscar a cada chico que abandonó el colegio. A cada uno, caso por caso. ¿El resultado? Casi el 100% volvieron a las aulas.

Cuando vemos que tener información nos da herramientas para solucionar los problemas que enfrentamos es que nos preguntamos ¿Cuál es la razón por la que no todas las provincias tienen datos? En la actualidad, en la nación, existe el Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE). Fue creado en 2012 y aprobado y ratificado para todas las jurisdicciones del país por Resoluciones del Consejo Federal de Educación en 2014 y 2016. Tiene el objetivo de relevar las principales variables del sistema educativo, en todas las escuelas y en todo el país. Debería permitir seguir las trayectorias educativas y funcionar como una base de datos confiable para poder desarrollar políticas públicas de calidad. Pero tenemos que hablar en potencial, porque no logra nada de esto, ni siquiera lo pudieron hacer funcionar en una situación de emergencia como la que hoy tenemos.

En 2018, el Congreso sancionó la Ley de Cédula Escolar, para llevar un registro de todos los estudiantes de escuelas públicas y privadas desde nivel inicial hasta la secundaria, que contenga asistencias, calificaciones, pases, promociones y titulaciones. Una idea que hubiera sido de enorme utilidad pero que el gobierno kirchnerista decidió no implementar.

¿Qué hace el gobierno nacional frente a esta situación? Un relato. Aseguran que la educación es su bandera mientras la ajustan, anuncian con bombos y platillos el SINiDE -luego de 10 años de existencia-, pero en el presupuesto 2023 lo desfinancian: le recortan el 98.1% de su presupuesto.

Incluso, en el momento en el que más previsibilidad se necesita, apela a la improvisación y arbitrariedad. Luego de haber presentado un presupuesto que ajustaba la educación, al final del debate agregó un inciso que compromete un mínimo de 1,33% del PBI a la función “Educación”, sujeto a la voluntad y la discreción del jefe de Gabinete, sin aclarar de dónde van a salir los fondos ni a qué programas y planes se van a aplicar. Será necesario estar atentos para ver a dónde van estas partidas, que realmente se apliquen en cuestiones estratégicas que redunden en una mejora calidad educativa y no en distribuir planes platita educativos en medio de una campaña electoral.

Es imprescindible y necesario conocer datos del sistema educativo: quiénes y cuántos son los estudiantes, conocer su trayectoria; quiénes y cuántos son los docentes, cuál es su formación; cuáles y cuántas son las escuelas, cómo es su infraestructura. No se hace con grandes anuncios sino con políticas públicas, con trabajo, con seriedad y priorizando lo que hay que priorizar: a los chicos, su calidad educativa y, por lo tanto, su futuro. Los preocupantes resultados en aprendizaje también son consecuencia de esta desinformación y eso es algo que debemos revertir con urgencia para que las consecuencias de la catástrofe educativa que estamos viviendo no sean aún mayores.

El futuro de la educación tiene que ser con más evaluación de aprendizajes, no con menos, con los chicos en las aulas, los maestros enseñando y el Estado garantizando la información del sistema para que cada chico que se cae de la escuela sea recuperado. Cada uno de esos 198.000 -o cuantos en verdad sean- son 198.000 tragedias. No podemos aceptar estos incómodos números mirando a otro lado, hacer eso es condenar a las generaciones que vienen a tener muy pocas oportunidades y a vivir en un país peor.

Diputada nacional por Juntos por el Cambio

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