En defensa del pensamiento plural

La decisión del Poder Ejecutivo Nacional de crear por decreto el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego ratifica la intención ya demostrada en numerosos actos y, muy especialmente, en la celebración del Bicentenario, de imponer una interpretación única y sesgada de la historia.

Desde este campo del conocimiento se han alzado las voces más autorizadas de nuestro país para controvertir la decisión. Quiero abordar el tema desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos y el compromiso internacional que nuestro país ha asumido de respetarlos mediante la ratificación de declaraciones y tratados internacionales.

El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra el derecho a la libertad de opinión y de expresión, que incluye el derecho de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y de difundirlas por cualquier medio. La Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su artículo 13 también consagra este derecho y aclara que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras y por cualquier procedimiento.

Ambas normas son acordes con lo dispuesto en los artículos 14, 19, 32 y 33 de la Constitución Nacional y tienen su misma jerarquía según lo decidido en la Asamblea Constituyente de 1994, que otorgó a las mencionadas normas internacionales y a otros pactos concordantes de derechos humanos rango constitucional (artículo 75, inc. 22).

La normativa citada incluye la libertad de investigación, interpretación y difusión de los estudios históricos, que no pueden estar sojuzgados a directivas impuestas por el Poder Ejecutivo mediante un decreto donde ya se expresan líneas de interpretación, y lo que es más grave aún, se califica y menosprecia cualquier corriente contraria a la que dogmática y escuetamente funda la decisión presidencial.

La creación de un organismo que pretende regir el pensamiento vulnera claramente las normas internacionales que cité precedentemente y ataca una base de la organización democrática de nuestro país, pues implica el reconocimiento de que habrá una sola y única interpretación de nuestra historia y una parcial narración de sus hechos.

El respeto por la pluralidad de investigaciones y corrientes de la historia es una de las formas de respetar la diversidad cultural, que, como afirma Alain Touraine, es el signo de las democracias contemporáneas: "La democracia no existe al margen del reconocimiento de la diversidad de las creencias, los orígenes, las opiniones y los proyectos".

El Instituto ataca el desarrollo de un pensamiento plural y complejo y el desarrollo de corrientes historiográficas que enriquezcan el debate y nutran la memoria. También genera para el Estado responsabilidad internacional por incumplimiento del sistema de protección de derechos humanos cuyo compromiso se asumió al realizar la ratificación de las normas internacionales.

Esta no es una cuestión menor. Por el contrario, la Argentina queda una vez más expuesta a ser denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por incumplimiento de derechos expresamente consagrados en la Convención, según la competencia que en la materia le asegura el artículo 44 de su articulado.

La denuncia puede ser efectuada por una persona, grupo de personas o entidades no gubernamentales constituidas legalmente que consideren necesaria la intervención de este organismo internacional para que cesen las restricciones a los derechos humanos involucrados.

Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional tomó conciencia de que la protección de los derechos humanos no puede quedar librada al orden interno de cada Estado, porque de ella dependen el respeto a la dignidad humana y la paz mundial. Para cumplir con ese fin, se crearon organismos supranacionales que controlan el cumplimiento del sistema.

El respeto de los derechos humanos no es un eslogan sino una cuidadosa gestión de gobierno que debe velar en todos los ámbitos su verdadero cumplimiento. Las mayorías electorales no autorizan a eludir estos compromisos con los habitantes del país y con la comunidad internacional.

© La Nacion

El autor es profesor de derecho constitucional y derechos culturales (UBA, UNC, UP y otras)