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En defensa de la independencia de la Justicia
Los presidentes del artificialmente subdividido bloque oficialista en el Senado presentaron un proyecto de ley para ampliar nuestra Corte Suprema a 25 integrantes. Olvidados quedaron los motivos republicanos por los que Cristina Fernández impulsó, durante la presidencia de Néstor Kirchner, que la Corte vuelva a tener 5 miembros luego de que Menem la ampliara a 9 para lograr una mayoría automática.
El kirchnerismo tiene un largo historial de intentos de politizar y someter al Poder Judicial, que van desde la mal llamada ley de “democratización de la justicia, declarada inconstitucional en 2013, hasta los proyectos de reforma de la justicia y del Ministerio Público Fiscal por los que el actual gobierno pretendió, sin éxito, debilitar a jueces y fiscales.
El exintendente kirchnerista “Paco” Durañona expuso las intenciones al expresar en un discurso público: “los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros”.
Montados sobre las ideas del mismísimo Zaffaroni, que propuso una Corte dividida en salas especializadas con miembros propuestos por los gobernadores, el Consejo Federal de Inversiones solicitó una integración federal. Sin embargo, el proyecto presentado por el oficialismo no garantiza la participación de juristas provenientes de las provincias ni la igualdad de género, como tampoco prevé una especialización por materia, dejando todo librado a una ley posterior cuya existencia y contenido son una incógnita.
El proyecto, que no aporta ninguna solución concreta para el servicio de justicia, se presenta cuando el Ejecutivo lleva más de 6 meses de demora para proponer a una reemplazante de la doctora Elena Highton de Nolasco.
Los fundamentos del proyecto comparan la integración de nuestra Corte con las de otros países, más numerosas, sin tener en consideración que, debido a su organización federal, nuestro sistema de justicia cuenta con dos cámaras de casación y con un tribunal supremo por cada provincia, órganos colegiados integrados por un gran número de juristas que tienen la función de controlar la arbitrariedad de las sentencias y unificar los criterios jurídicos, así como un control de constitucionalidad difuso que es ejercido por todos los jueces.
Resulta particularmente llamativo que el proyecto critique la delegación de funciones de los magistrados cuando el oficialismo no ha avanzado con la implementación del sistema acusatorio y la oralidad, que evitaría este tipo de prácticas tan extendidas en ámbitos judiciales y reduciría enormemente los tiempos de resolución de los casos.
Si bien el aumento de la litigiosidad ha generado gravísimas demoras, la creación de nuevos y costosos cargos públicos del más alto rango no parece una solución. Por el contrario, la multiplicación de las instancias de revisión de las decisiones judiciales es uno de los principales motivos por los que los casos nunca alcanzan una solución definitiva, de lo que se deriva la prescripción de las causas y la impunidad de los delitos.
La Corte ha retomado su rol como cabeza de uno de los poderes de la Nación y último garante de la vigencia de la Constitución, por lo que debe rescatarse el carácter extraordinario de su intervención, limitada a casos de trascendencia institucional.
No pueden negarse los problemas de nuestra administración de justicia. Las soluciones deben partir de un adecuado diagnóstico, despojado de intereses personales o políticos, para repensar el sistema desde la perspectiva de los ciudadanos que buscan soluciones para sus conflictos cotidianos.
Como representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura debemos trabajar incansablemente para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio de justicia en el país. Lucharemos con todas nuestras armas para garantizar su independencia, condición necesaria para el desarrollo de nuestra nación y su gente, que sufre gravísimos problemas socioeconómicos de los que la política parece estar desconectada.
Consejera de la Magistratura de la Nación
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