Empleo, exportación y moneda, las tres reformas más urgentes

Es evidente que la Argentina está inmersa en un proceso de decadencia que se expresa en el aumento sostenido de la pobreza y en el deterioro del nivel de vida de la sociedad. Si se analizan la gran mayoría de las medidas y decisiones de Estado que se vienen adoptando por décadas, se podrá constatar que han estado enfocadas en dar satisfacción a algún sector de la sociedad –sea grande o pequeño–, lo cual, visto desde una perspectiva humanista, luce loable y justificable, sin reparar que por esa vía el país fue entrando en el callejón sin salida en que se encuentra, que contradice cualquier dimensión humanista que se pueda imaginar.

Es imperativo detener y revertir este nefasto proceso. Con ese fin, hay propuestas ambiciosas que requerirán un respaldo político difícil de conformar habida cuenta de la fragmentación de la sociedad y de sus canales de representación. Se habla de las mentadas reformas estructurales, fundamentales para crecer sólida y sostenidamente, pero ¿alguien piensa que se va a contar de un día para el otro con el poder suficiente para imponerlas?

Aceptando que el precio a pagar será inevitablemente alto y que la administración que conduzca el país tendrá probablemente un poder acotado, ante esa posible circunstancia, y dejando de lado posturas ideológicas para apuntar al corazón de los problemas, estimo que en una primera etapa se deberían privilegiar tres objetivos prioritarios: empleo, exportación y moneda, teniendo por finalidad impedir que se siga atentando contra ellos. Sé que para muchos tendrá sabor a poco, pero de poder aplicarse puede significar un auspicioso recomenzar.

¿Por qué estos tres objetivos? Empleo, porque es el único instrumento para revertir la pobreza. Quien vive de un subsidio público jamás va a salir de su condición de pobre. Solo el empleo genuino abre la posibilidad al ascenso social. Exportación, porque todas las crisis argentinas se producen en última instancia por falta de divisas. Sin dólares, el Estado se ve obligado a restringir la importación de bienes esenciales para el funcionamiento de la economía, ocasionando un cuello de botella al consumo y a la industria nacional que depende de insumos importados. La única manera de romper con estas cíclicas contracciones del comercio exterior es generando un flujo exportador sostenible y creciente que provea al país un “colchón” suficiente de divisas. A la Argentina le sobran condiciones para lograrlo. Finalmente, la moneda, porque es la savia que alimenta todas las economías, fundamental para la inversión y para el desenvolvimiento de las relaciones sociales. Sus funciones esenciales son operar como unidad de cuenta e instrumento de ahorro. Cuanto más estable ella sea, posibilita la inversión al permitir cuantificar sobre bases perdurables y provee al ciudadano común el medio esencial del ahorro, condiciones que no brinda el peso argentino (le cedió esos roles al dólar, papel en que se cotizan las propiedades y hacia donde se canaliza el ahorro, con todas las dificultades que conlleva su acceso, cepos mediante). En tanto el ahorro es un requisito esencial de cualquier persona o economía que aspire a crecer, es también un derecho de los ciudadanos para resguardar el fruto de sus esfuerzos, con lo cual es un proceso que debería ser propiciado por el Estado, en vez de ser obstaculizado. Otros instrumentos alternativos de ahorro, como los inmuebles, carecen de la liquidez que las circunstancias personales suelen requerir y cargan con los gastos operacionales e impositivos de la compra y la venta; y las colocaciones en pesos –amén del costo tributario– están expuestas a ser carcomidas por una inflación que se muestra reacia a ser doblegada –la misma que corroe los ingresos de asalariados y pensionados–.

En estas condiciones, el desafío para una primera etapa consistiría en tener una actitud de rechazo frente a cualquier iniciativa que afecte al empleo, la exportación o debilite aún más nuestra moneda. Eso refiere a cualquier propuesta que apunte a dar satisfacción a las demandas de algún sector (salvo que se trate de atender a las víctimas de una catástrofe o de situaciones excepcionales), si esa medida choca o afecta al empleo, la exportación o la moneda, y debería ser por lo tanto soslayada.

Solamente con lograr contener las constantes y sucesivas iniciativas distributivas que aumentan el gasto público y debilitan la moneda y pululan desde los diferentes niveles del Estado –en la Nación, las provincias y los municipios–, el país comenzará a experimentar señales de freno en su senda de decadencia y los primeros síntomas de recuperación. Eso operará automáticamente porque el instinto de la sociedad argentina es productivista en todos los niveles.

Como botón de muestra y para alentar el optimismo basta el testimonio del agro, que pese al clima hostil y a la asfixiante presión impositiva se apresta a sembrar tanto o más que en la última campaña. A partir de ese primer logro, que implicaría un cambio de orientación, cabría encarar medidas proactivas –incluso, reformas de fondo– en favor de esos tres objetivos: empleo, exportación y moneda.

Para mencionar un ejemplo contraproducente: si se quisiera aplicar un nuevo impuesto al alicaído sector productivo –algo que ha sido recurrente–, cuyas consecuencias podrían ser favorables a las cuentas fiscales ya que entrarían mayores ingresos al erario, y por ende, beneficioso para la estabilidad monetaria, tendría como contrapartida un efecto negativo en el empleo, por cuanto cualquier nueva suba de gravamen a la producción implica empresas que ven afectada su rentabilidad y cierran sus puertas –algo de lo que hay sobradas y contundentes pruebas– o bien se inhiben de contratar personal. Todo nuevo tributo conlleva un traspaso de empleo privado a subsidiados del sector público.

De seguir con el actual modelo, donde no aumenta la producción por falta de inversión, el salario real seguirá cayendo, ya que la parte del ingreso retributivo del trabajo que corresponde al asalariado debe ser compartida con una masa creciente de planes y subsidios. Ese proceso nos ha conducido a estos aberrantes niveles de pobreza. Es obvio que los operadores políticos ganan influencia al reemplazar a los empleadores del sector privado y asignar ellos los recursos captados con los nuevos impuestos. En cambio, hay que revertir la perversa ecuación de los que viven de la limosna pública –buena parte de ellos sin agregar valor a la comunidad– versus los trabajadores del sector privado, que para justificar su paga deben aportar utilidad al empleador y derivativamente al colectivo social.

El principio dominante de cualquier proyecto o iniciativa debería ser “no afectar” ninguno de los objetivos fundamentales señalados, aun cuando esas mismas iniciativas puedan resultar beneficiosas de alguna manera para esos objetivos. Concierne a todo, como a no desacoplar el tipo de cambio de la inflación (lo que afecta las exportaciones) para exacerbar el consumo en tiempos electorales. Ese cambio fundamental de actitud implicará un reverdecer al país y una esperanza para los millones de argentinos que aspiran a construir su destino con creatividad y esfuerzo, lo que redundará en beneficio de todos.ß

Empresario y licenciado en Ciencias Políticas

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