Electoralismo permanente

Desde octubre de 1993 hasta el mismo mes de 1997 se realizaron seis elecciones que, necesariamente, requirieron de otras tantas campañas electorales.

Poco después de los comicios legislativos de hace cinco años, el presidente Carlos Menem y el titular de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, acordaron mediante el Pacto de Olivos la reforma constitucional que, entre otros temas, incluyó la reelección presidencial. A las pocas semanas, partidos y ciudadanía se vieron envueltos rápidamente en otro período electoral para elegir convencionales constituyentes.

Al término de las deliberaciones de la convención reformadora, ya en el segundo semestre de 1994, prácticamente sin solución de continuidad, comenzó una nueva e intensa campaña electoral que, en mayo del año siguiente, culminó con la reelección del Presidente. Muy poco después, diez provincias eligieron gobernadores y la ciudad de Buenos Aires al jefe de su gobierno autónomo, hechos que fueron precedidos, como era natural, por el lapso preelectoral correspondiente.

Dos años de un intenso proselitismo, que provocó, por su continuidad, lógicas perturbaciones en la vida pública del país, permitieron abrigar la esperanza de que los funcionarios elegidos retornarían plenamente a las tareas que les había confiado la ciudadanía y que el electoralismo se tomaría vacaciones. Sin embargo, no fue así, pues los mayores partidos se vieron muy pronto envueltos en sus respectivas internas. El oficialismo, por una rápida polarización entre el menemismo y el duhaldismo, con la mirada puesta en el liderazgo partidario. El radicalismo y el Frepaso, por el trabajoso proceso de la coalición, que requirió largo tiempo y negociaciones.

Sin intervalo alguno siguió el lapso preelectoral que culminó en octubre del pasado año. También en esa instancia, contrariamente a lo que indicaba el sentido común -y a lo que prometieron expresamente los principales dirigentes políticos de la Nación- el país cayó de inmediato en un inexplicable paroxismo electoralista, a pesar de que faltaban dos años para los próximos comicios.

Un lustro continuado de competencia política fuertemente cargada de electoralismo no ha pasado en vano sobre los problemas generales del país. En momentos en que la sociedad afronta las consecuencias de los conflictos socioeconómicos asociadas a los cambios estructurales, propios y externos, no puede dejar de advertirse el daño que esa tensión electoralista permanente ocasiona al sistema de relaciones políticas, lo que se refleja en las dificultades del Congreso para adecuar su ritmo de gestión a los desafíos de la realidad. Los procesos electorales afectan, inevitablemente, la marcha general de los asuntos públicos, pues las luchas partidarias absorben energías que, en situaciones normales, se destinarían al ejercicio de las funciones de gobierno.

Acotar las campañas proselitistas a lapsos razonables es uno de los mayores compromisos que las expresiones políticas tienen con el país. Si por desidia o incapacidad no lo consiguen, la cantidad y variedad de problemas que aquejan a la república no podrán ser atendidas adecuadamente. Las internas presidenciales con miras a 1999 se iniciaron con exagerada anticipación y están resultando fatigosamente largas. Cuando las internas terminen, los candidatos se zambullirán, obviamente, en las campañas presidenciales.

Las elecciones -y las campañas proselitistas a que dan lugar- son elementos fundamentales del sistema democrático. Pero el régimen constitucional prevé un desarrollo escalonado de consultas electorales, que establece tiempos, plazos y pausas que es imprescindible respetar. Hay tiempos electorales y tiempos no electorales. Los partidos no pueden ni deben vivir en campaña permanente. No es saludable para las instituciones y tampoco es saludable para ellos.

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