El virus que la vacuna no cura
Lo único nuevo del contrapunto de anteayer entre Martín Guzmán y Paolo Rocca durante el cierre de ProPyme, el seminario que Techint organiza todos los años para sus proveedores, fue que se dio en público. Durante media hora, los grandes desvelos del establishment quedaron expuestos ahí, delante de unas 700 personas que seguían la conversación por YouTube o streaming, y sin que tampoco mediaran esta vez terceros como Rodrigo Zarazaga, el jesuita que el ministro suele convocar para atemperar los planteos cuando se encuentra con la Asociación Empresaria Argentina, la entidad más crítica del Gobierno.
Rocca viene de acordar con Guzmán las condiciones para invertir con el Plan Gas en Vaca Muerta, y así lo reconoció en la charla. Pero las diferencias que surgieron ahí van más al fondo y arrancaron no bien la periodista Luciana Geuna, una de las moderadoras, leyó la primera pregunta
Rocca viene de acordar con Guzmán las condiciones para invertir con el Plan Gas en Vaca Muerta, y así lo reconoció en la charla. Pero las diferencias que surgieron ahí van más al fondo y arrancaron no bien la periodista Luciana Geuna, una de las moderadoras, leyó la primera pregunta. La enviaba Diego Villarroel, de la pyme Estructuras Metálicas DIN: "En un contexto de alta inflación, presión tributaria y falta de financiamiento, ¿cómo se genera un círculo virtuoso de inversión?". Es el punto débil de la Argentina. El ministro contestó que la inflación se debía combatir con una política fiscal, monetaria y cambiaria, pero además coordinando expectativas entre los agentes del mercado. Y había que pasar entonces a la siguiente pregunta, pero Rocca andaba con ganas de intervenir. "Yo creo que ahí hay un tema: dónde se establece el equilibrio de la cuenta fiscal. Cuál es el nivel de gasto público que puede soportar un país que quiere crecer y empresarios que necesitan invertir. Para que la inversión llegue al... Sueño con el 15, me gustaría el 20 por ciento del GDP...", observó.
Es la discusión que viene: qué sector hará el primer esfuerzo para salir de la crisis, si es que se sale, y qué incentivos existen para arriesgar en el país. Con las dos últimas cartas públicas de Cristina Kirchner, los empresarios terminaron de convencerse de que son temas que ella ha dejado librados en un 100% a la gestión del Presidente, y por eso decidieron acercarse a Guzmán. Advierten que la adrenalina y las prioridades de la jefa del Frente de Todos están en sus causas judiciales y que es natural que eso ocurra. Hace años, involucrado ya en el caso Ciccone pero todavía lejos del juicio oral, Amado Boudou sinceró en una comida, delante de confidentes, cuáles eran las verdaderas obsesiones de alguien enfrascado en un asunto penal. "Me levanto pensando en la causa y termino el día hablando con los abogados", dijo.
Es lo que Cristina Kirchner deja traslucir en cada texto. Y también la convicción de empresarios que se llevan bien con Alberto Fernández, pero que todavía dudan de la calidad de su administración. Queda claro por el capital que están dispuestos a hundir. Un trabajo de la consultora Invecq con datos del Indec proyecta que la Argentina terminará este año con una inversión del 11,5% del PBI medida en precios corrientes. Es más baja incluso que la de 2002 (12%), y que la de 1990 (14%), después de la híper: en cada crisis, el país toca un escalón más abajo. Para encontrar un nivel similar hay que remontarse a 1942. Este deterioro se advierte hasta en los rubros más competitivos. El país tiene, por ejemplo, más o menos la misma cantidad de exportadores de alimentos que en 2009; desde entonces Colombia, Perú o Chile han logrado aumentarlos hasta 30 por ciento.
¿Por qué esa reticencia a invertir o a emprender? Parte de la explicación está en la respuesta que Guzmán le dio anteayer a Rocca sobre la presión tributaria: dijo que no estaba en condiciones de bajar impuestos justamente porque necesita estabilidad fiscal. "Después puede haber diferencias sobre la visión del rol del Estado –agregó–. Se respetan esas diferencias, nosotros conducimos: consideramos que hay un rol que el Estado juega para el desarrollo". Todavía debían pasar a la pregunta siguiente, pero el líder de Techint volvió a explayarse: "Yo creo que el motor del crecimiento es el sector privado. El rol del Estado es el de la regulación. Lamento meterme ahí, me quedó ahí picando algo", se disculpó. Guzmán también quería seguir debatiendo: "Y a mí me quedó picando algo, me parece muy importante para este diálogo: en una economía que ya está estable el sector privado es el motor principal. Pero no es el caso. El sector público tiene un rol central en potenciar ese motor".
El tamaño del Estado, viejo problema argentino. Lo resumió el economista Esteban Domecq el miércoles en un tuit: "Entre 2008 y 2019 el sector público agregó 8,6 millones de transferencias (planes, jubilaciones, etcétera, pasaron de 12,7 a 21,3) y 1 millón de empleados públicos. En igual período se crearon apenas 360.000 empleos privados y sumamos 9 millones de pobres. ¿No se van a hacer cargo?". Ese peso descomunal conforma, con las condiciones laborales, lo que los empresarios llaman costo argentino. Esta semana, mientras se conocía que British Airways levantaría desde marzo la ruta Londres-Buenos Aires, publicaciones especializadas trazaban contrastes regionales a raíz de una noticia que se conoció hace dos meses: Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperin, lanzó en Brasil y en México Meli Air, una firma que, en asociación con líneas locales, ofrece aviones con el logo de la compañía para llegar a centros de distribución. Serán nuevas inversiones y puestos de trabajo en ambos países. ¿Y por qué no en la Argentina?, se preguntó el sitio de negocios iProUP, y lo explicó con dos factores: "Incidencia del factor gremial e incidencia del Estado". Sobre el primer elemento, describió: "Suma costos a las empresas; impone condiciones, horarios y tareas, y monopolio de Intercargo en Ezeiza". En cuanto al Estado, enumeró: "Las tasas aeroportuarias duplican al resto de la región; licencias no automáticas: problemas para importar tecnología, y habilitaciones y aristas políticas".
Es cierto que esta crisis consiguió al menos algo impensado: que algunos gremios hayan empezado a entenderse con la propia patronal. Por ejemplo, en esos Zoom entre la Asociación Empresaria Argentina y la CGT que en su momento molestaron a Máximo Kirchner. Dirigentes de ambos lados se contactaron en estos días con el Ministerio de Trabajo para intentar resolver un tironeo inminente: cómo hacer para programar el regreso de empleados, mayoritariamente del sector fabril, que están de licencia sanitaria por tener entre 60 y 65 años y que para algunas compañías representan entre el 20 y 25% de la plantilla. O, más concreto: si la vacuna no es obligatoria, ¿qué hacer con quienes se nieguen a vacunarse y, al mismo tiempo, a volver al lugar de trabajo?
Son dilemas para cuando el Covid esté más o menos controlado. Todos esperan que se empiecen a dirimir una vez que llegue la inmunidad que, por ahora, determinarán los descubrimientos de Gamaleya, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Dependerá también de lo que haga la Casa Rosada para conseguir esas dosis: nadie le discute ese rol al Estado.
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