El Uruguay vota

El Uruguay vota mañana. Definirá la totalidad de ambas cámaras del Poder Legislativo y eventualmente elegirá al presidente de la república si alguno de los candidatos supera el 50% del total de votos. En caso contrario, que es lo más probable, habrá una segunda vuelta el último domingo de noviembre, como ha sido la fecha tradicional desde 1830, aun en tiempos en que la elección presidencial era indirecta y se definía en el Parlamento.

El clima ha sido de cierta frialdad según coinciden periodistas y la generalidad de los dirigentes. Recién en las dos últimas semanas se ha visto movilización callejera, pero ni de cerca la tradicional. La digitalización ha llegado de la mano de ese ciudadano de media intensidad que venimos analizando con Natalio Botana desde hace ya años bajo el rótulo de “crisis de la representación”. Mira la política desde más lejos, en una perspectiva muy personal, o escribe en Facebook, lanza espontáneos tuits y se imagina participando ilusoriamente de un debate que no existe. En su charla cotidiana, el tan usual “todo el mundo dice” es el reflejo del par de grupos de WhatsApp en que se comunica con sus iguales, retroalimentándose como algoritmos.

No obstante este fenómeno universal, en Uruguay aún predominan los partidos políticos que canalizan las grandes corrientes de opinión. El tradicional bipartidismo de colorados y blancos se ha ido modificando y hoy puede decirse que se reconfigura en dos coaliciones, una “republicana” y otra “socialista”. La primera la integran los dos partidos tradicionales y dos partidos nuevos, uno más a la derecha y otro más a la izquierda. La coalición de izquierda, el ya tradicional Frente Amplio, abarca un vasto mosaico que comprende a un comunismo leninista, un socialismo marxista y luego un variopinto conglomerado en modalidades izquierdistas más emocionales que ideológicas.

En la última elección, los partidos de la Coalición Republicana sumaron 54,39%, pero, al ir divididos, no decidieron el presidente pese a superar el 39% del Frente Amplio. En la segunda vuelta, el doctor Lacalle Pou superó solo en un 1,56% al candidato del Frente Amplio. Un resultado parecido se repitió, un año después, en el referéndum en que la oposición pretendió derogar una ley de urgente consideración que resumía las prioridades del gobierno. A la oposición le faltó un 1,3% para alcanzar la mayoría… Como se ve, todo muy estrecho.

Según las encuestas, esta paridad se mantendría hoy. Con todo, más bien le atribuyen una ligera ventaja a la oposición. No es fácil de entender, habida cuenta de que el gobierno mantiene una popularidad cercana al 50%, la imagen del presidente de la república también es ampliamente favorable, es ostensible la relevancia de la obra pública, el porcentaje de empleo ha mejorado y el salario real se ha recuperado, superando al nivel prepandemia. La seguridad ciudadana parece ser el mayor debe del gobierno, porque no obstante el descenso del total de los delitos, no así ha ocurrido en los homicidios, que si cuantitativamente no han aumentado, revelan la crueldad del narcotráfico en algunos barrios montevideanos.

En todo caso, el electorado no muestra grandes alteraciones. No hay un clima de cambio que sea francamente favorable a la oposición. Más bien lo contrario, porque ese bajo entusiasmo que se reconoce valida más la idea de la conformidad que la del enojo. De ahí que, desde nuestra óptica, aguardamos resultados favorables a la coalición de gobierno con moderado optimismo.

El Frente Amplio, por otra parte, carece de un liderazgo cabal. No están ni el Dr. Vázquez ni el Cr. Astori y mi colega Mujica más bien predica que conduce. A tal punto llega la indefinición que formalmente han declarado “libertad de acción” en un plebiscito constitucional que se vota también mañana y que es realmente determinante. Propuesto por la organización sindical, se parece a lo que el kirchnerismo hizo en 2008 cuando eliminó las AFJP y apañó sus fondos. Aquí se propone lo mismo, añadiendo que los 60 años son inflexibles para la jubilación, cuestionando la ley vigente, que establece una morosa progresión para llegar a los 65. Todos los dirigentes frentistas, salvo los comunistas, están en contra de que se incorporen a la Constitución estas normas, pero guardan silencio, amparándose en esa “libertad”, débiles ante la estructura sindical. Hasta un centenar de economistas de izquierda, entre los que se encuentran los más connotados, públicamente han expresado que esa medida quebraría la credibilidad del país, resquebrajaría su clásica seguridad jurídica y generaría un formidable agujero fiscal. Creemos que la opinión pública no optará por ese suicidio económico, pero sí que pone una enfática nota de duda sobre la capacidad de un gobierno del Frente Amplio. No tanto por su candidato como por la dificultad de gobernar, subordinado como quedaría a esa fuerza sindical de una izquierda inverosímil, creyente de la lucha de clases, admiradora de Cuba y Venezuela y, como está de moda, complaciente con el terrorismo de Hamas.

Esos sindicatos rechazan todo cambio en la educación, hoy pieza clave en el abordaje de una civilización digital que amenaza la mitad de los empleos actuales. En la seguridad social, como decimos, se juegan a desfinanciar nuevamente el sistema, resquebrajando la imagen del país. Ese Uruguay que, junto a mis colegas Mujica y Lacalle Herrera, hemos presentado como garantía de seguridad ante los auditorios de empresarios internacionales, desaparece en el mismo momento en que el Estado confisque los veinticuatro mil millones de dólares propiedad de los trabajadores y administrados por nuestras AFAP. Nunca más podremos ponerle cara a esa gente para hablar de previsibilidad. Lo que, en el caso de Uruguay, está en la raíz de su estabilidad.

En suma, una elección relevante y un plebiscito esencial.

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