El tránsito hacia una democracia moderna
El debate sobre el aborto en el Congreso y el hecho de que todos los sectores hayan aceptado debatir el tema es un signo de madurez democrática. Lo importante ahora es sancionar una ley que ratifique ese rumbo democrático.
Dado que la decisión de despenalizar el aborto pone en juego derechos fundamentales, no puede estar supeditada a las preferencias de la mayoría, sino que debe surgir de una lectura de los principios que animan la Constitución. La pregunta clave sería si esos principios incluyen o no un derecho a interrumpir un embarazo no deseado. Aunque nuestra tradición de interpretación constitucional ha tenido oscilaciones, en las últimas décadas se ha consolidado la lectura liberal según la cual la interferencia del Estado en las decisiones privadas debe reducirse al mínimo, a fin de preservar el valor de la autonomía individual, lectura que se desprende de las sentencias de la Corte Suprema en casos como Bazterrica y Arriola.
Más importante todavía, en su reciente fallo F.A.L. el máximo tribunal decidió despenalizar el aborto en casos de violación, invocando para ello el principio de dignidad humana. Según la Corte, este principio "impide exigirles a las personas que realicen, en beneficio de otras o de un bien colectivo, sacrificios de envergadura imposible de conmensurar". Es evidente que el alcance de esta cláusula excede el caso particular y que debería conducir a la despenalización completa del aborto al menos durante el primer trimestre, pues aun si un embrión de escaso desarrollo fuera ya una persona, obligar a la mujer a completar el período de gestación se parece bastante a la clase de instrumentalización que el principio de dignidad prohíbe, ya que supone forzarla a poner su cuerpo al servicio de un tercero.
En su famoso artículo "A defense of abortion", la filósofa Judith Jarvis Thomson ilustró el punto con el siguiente ejemplo: imagine que durante la noche usted fuera conectado a una persona que padece una grave enfermedad renal a fin de que filtre su sangre durante nueve meses. Mantenerse conectado tendrá un alto costo para usted, no solamente porque condicionará significativamente sus planes, sino también porque le impedirá disponer libremente de su cuerpo. Si a pesar de esto usted accediera a la propuesta para salvar una vida, su decisión sería moralmente encomiable; sin embargo, se trata de un acto virtuoso que otros no pueden obligarlo a realizar bajo pena de cárcel. Después de todo, ser una persona autónoma dotada de dignidad significa que nadie más que usted puede elegir qué sacrificios realiza en beneficio de otros.
Como explica el gran jurista Ronald Dworkin, la razón de ser del derecho es restringir la arbitrariedad en el uso del poder político, tanto por parte del gobierno como de las mayorías. En ese sentido, cuando las decisiones políticas contradicen las demandas de la Constitución, la sociedad que las impone se vuelve tiránica. Es bueno que los legisladores lo tengan presente si realmente quieren profundizar el tránsito hacia la democracia moderna. Y conviene también que los diputados y senadores de Cambiemos no olviden que la defensa incondicional de las libertades individuales es una de las fronteras que separan al liberalismo progresivo del populismo autoritario y de la derecha neoconservadora.
Doctor en Filosofía y Teoría Política. Premio Konex a las Humanidades 2017
Por Julio Montero
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