El tema de la niñez debe estar en el centro de los acuerdos políticos
En los últimos 20 años de la historia argentina los niños pobres no contaron con los recursos que les hubieran permitido construir una vida mejor que la de sus padres
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PARA LA NACION
Los únicos privilegiados no han sido los niños pobres en los últimos 20 años de la historia argentina, pues no contaron con los recursos que les hubieran permitido construir una vida mejor que la de sus padres y romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza que condena su futuro.
Las cifras son abrumadoras. La reducción de la mortalidad infantil ha estado por debajo de lo logrado en otros países de la región y en varias provincias registra números que están entre los peores de todo el continente. Los resultados de la educación empeoran sistemáticamente, desde la terminalidad hasta la calidad de los conocimientos. Como muy bien lo mide el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, las condiciones básicas para su desarrollo, alimentación, salud, hábitat, subsistencia, crianza y socialización, información, educación y el trabajo infantil no cesan de empeorar, creando una suerte de prisión que los limita en sus recursos más elementales para lograr un desarrollo integral.
El Covid ha agravado todos los indicadores; pero a los datos referidos a carencias materiales, ha agregado una nueva dimensión más dramática, la cual es un freno adicional a las posibilidades de construcción de la vida producido tanto por la pérdida de acceso a la educación cuanto por múltiples impactos psicológicos generados en los niños y en sus familias por el aislamiento obligatorio. Los cierres escolares producidos por la pandemia causarán grandes pérdidas de aprendizaje que en el largo plazo superan el tiempo efectivo que se mantuvieron las escuelas cerradas.
Las masivas transferencias de recursos han aliviado parcialmente el impacto alimentario coyuntural en los niños más pobres, pero no han podido compensar el conjunto de carencias que mencionamos; lo que agrega varios puntos a la inequidad social presente y futura. Será muy difícil resolver el problema de la exclusión de los niños si no se frena la generación de pobreza por una economía desordenada. Pero, dicho esto, es esencial contar de manera sostenida con recursos y organización para las acciones audaces que ayudarán a revertir este drama.
No alcanza con proclamar más derechos. La Argentina tiene legislaciones de avanzada cuya implementación ha sido un fracaso por múltiples razones, que van desde la insensibilidad política en la asignación de fondos hasta la ineficiencia crónica del Estado en todos los niveles. Por ello es vital analizar profundamente cómo operan algunos privilegios sectoriales –denominados “derechos”– de los empleados públicos que deben servir al bienestar de los niños. De poco sirve tener legislaciones progresistas si al momento de ejecutar los derechos que ellas consagran, los privilegios corporativos son más importantes que las necesidades de los niños. Su transformación mostrará si efectivamente el compromiso con los niños es más importante que el clientelismo.
Otro componente de la necesaria reforma consiste en ordenar la caótica distribución de las transferencias que hoy se dan sin ninguna planificación ni control; aun en aspectos tan elementales como evitar las duplicaciones. Programas nacionales, provinciales y municipales se superponen sin prioridades ni controles de efectividad y menos aún con evaluaciones de impacto, que deben pasar a convertirse en obligatorias para todos los fondos. Por ello, una decisión audaz pero necesaria consiste en discutir con profundidad si la actual estructura institucional, incluidas las incumbencias del Ministerio de Desarrollo Social, sirve para lograr los objetivos buscados. Dado que la principal responsabilidad en nuestro sistema federal está en las provincias, cualquier acuerdo exige la adhesión activa de estas y aun de los municipios, con el consecuente control público de su cumplimiento.
Para ello es también esencial asegurar que funcionen los mecanismos de protección de los derechos de niños y adolescentes, cuyos responsables en estos últimos dos años han guardado un escandaloso silencio con respecto a las necesidades de los niños. Se impone una reforma en estos mecanismos, de modo que su actuación pueda ser expuesta y controlada por otros actores.
Para potenciar las acciones es muy importante que todas ellas se diseñen y ejecuten con una perspectiva sistémica que incluya coordinadamente las áreas que afectan las diversas dimensiones de derechos en cada rincón del país; así como capacitación en técnicas focalizadas de apoyo a quienes han sufrido más el impacto de la larga pobreza y el Covid.
Existe coincidencia entre los especialistas sobre la necesidad de repensar las tecnologías de intervención, en función del complejo nuevo escenario generado por la pandemia y sus efectos. Eso requerirá masivos programas de capacitación, cuya implementación sea también parte del nuevo escenario de mayor compromiso con los niños y adolescentes. Este es un campo en el que los ministerios nacionales tienen la posibilidad de cumplir una tarea crítica.
En síntesis, estamos en un punto absolutamente crítico, que exige colocar el tema de la niñez en el centro de los eventuales acuerdos políticos, implementando un esfuerzo épico que se mantenga por varios años, modificando todas las dimensiones que han producido esta tragedia, e incluyendo como propósito central la calidad y pertinencia de las prestaciones.
No alcanza con un acuerdo declarativo. Un panorama tan complejo requiere decisiones de audacia equivalente, basadas en responsabilidades compartidas por todos los actores políticos que no solamente aseguren recursos y procedimientos, sino que además garanticen el seguimiento cotidiano de su ejecución.
Tal vez el aspecto más desafiante sea la necesidad de un acuerdo federal, que cambie la lógica de un Estado que agrega recursos a las arcas de quienes no asumen compromisos. Lograr este capítulo es extremadamente difícil; pero sin él, no se puede asegurar los resultados que la situación demanda. De allí en adelante se incluirán compromisos de asignación de recursos cuali-cuantitativos a ser publicados y controlados regularmente por auditores independientes.
La búsqueda de acuerdos políticos ocupa hoy buena parte de las demandas ciudadanas. Algunos son muy difíciles de lograr, porque enfrentan concepciones éticas absolutamente divergentes. Pero la vida de millones de niños debería mostrar quién realmente tiene coherencia entre su discurso y esta necesidad apremiante, y tiene capacidad para construir las herramientas que ellos necesitan.
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