El sostenimiento del culto
Es de destacar la predisposición de representantes eclesiásticos para dialogar con el Gobierno sobre el futuro de los aportes estatales a los obispos
LA NACION
Las discusiones sobre el presupuesto estatal para la Iglesia Católica han suscitado opiniones contrapuestas, algunas muy bien asentadas en temas históricos, jurídicos o políticos, y otras -inevitablemente- menos convincentes. LA NACION ha dado cuenta de algunas de ellas, en el amplio espectro que va desde el historiador Loris Zanatta hasta el renunciante arzobispo de La Plata, Héctor Aguer. Curiosamente, el tema se presta a la irritación o la defensa a ultranza en momentos cuando lo que puede quitar el sueño de gran parte de la ciudadanía son otras cuestiones.
Algunos historiadores sostienen que la reforma eclesiástica llevada a cabo por Bernardino Rivadavia, el tan mentado "robo" que, entre otras cosas, suprimió el fuero eclesiástico e impuso al Estado el costo del culto, confiscando para ello bienes de la Iglesia, no fue tal, pero en no pocos ambientes parecería ser esta una verdad que no admite debates en la que se han formado numerosos prelados, sacerdotes y laicos.
¿Qué está en juego? Por una parte, los dineros que el Estado otorga a ciertas estructuras de la Iglesia, que en términos económicos no son significativos; y, por otro, al menos dos cuestiones: la de cómo actuar frente a la pluralidad de cultos, y si esa ayuda no supone una relación inconveniente en estos tiempos entre la Iglesia Católica y el Estado nacional. Problema que, para algunos, supone recurrir a la Constitución y, para otros, proponer modificaciones.
Roberto Di Stefano, autorizado historiador de estos temas, escribe que la obligación del sostenimiento del culto católico por parte del Estado como consecuencia de la confiscación de bienes eclesiásticos ocurrida en la época de Rivadavia no se sostiene porque la famosa "reforma" apenas si afectó a la Iglesia de Buenos Aires -y no a la del interior-, y no tanto como se cree. Afirma que el sostenimiento del culto fue en realidad la contrapartida del derecho de Patronato, que reivindicó el naciente Estado argentino, es decir, su capacidad de crear e institucionalizar diócesis con autorización papal, pero que "no es cierto, como dice Enrique Udaondo, que el gobierno porteño se haya comprometido a financiar a la Iglesia". La conclusión es que una vez extinguido el Patronato -como ocurrió en 1966- cabría revisar la razón y la conveniencia de que subsista ese vínculo financiero entre el Estado y la Iglesia.
Por su parte, el abogado y docente Juan Gregorio Navarro Floria, al tiempo que admite que la "confiscación de bienes" de Rivadavia tuvo un alcance muy limitado, y fue compensada con creces con la cesión de una enorme cantidad de bienes que el Estado le ha hecho a la Iglesia, fue de la mano con la autoatribución de los derechos del Patronato. El mismo acuerdo entre la Santa Sede y la Argentina que puso fin al Patronato recordó la existencia de la obligación del sostenimiento: en su Preámbulo, con alguna imprecisión. Por su parte, la Constitución no dice que el Gobierno debe sostener a "la Iglesia", sino al "culto católico". Y como afirma Pedro Frías, no sería razonable evocar la subsistencia de esa obligación de sostenimiento al mismo tiempo que se pone fin al Patronato, si este fuera la causa y fundamento de aquella.
Reiteradamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la obligación del "sostenimiento del culto" tiene un sólido fundamento histórico y sociológico, e interpreta que involucra recursos económicos. En 1994, siendo que no estaban habilitados los cambios en la parte dogmática de la Constitución por reformarse, el artículo 2 permaneció igual y la Iglesia propuso el documento "Aportes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para la reforma de la Constitución nacional", en el que sugería como modelo para futuras reformas la Constitución de Córdoba.
Conviene observar que el tan mentado "presupuesto de culto" -de poco más de 130 millones de pesos, según explicó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante un informe en el Congreso- representa un insignificante 0,005% del presupuesto. Y lo que la Iglesia recibe alcanza apenas para pagar alrededor del 6% de sus gastos. La forma que actualmente adopta ese presupuesto afecta la imagen de la Iglesia ante la opinión pública: asignaciones para los obispos, y para unos muy pocos sacerdotes, y subsidios para los seminarios, reglamentados por leyes de facto ratificadas por el Congreso en tiempos de democracia cuando se aprobó el digesto en 2014, invalidando las acusaciones de quienes se regocijan de vincular a la Iglesia con los períodos más oscuros de nuestra historia, además de alimentar un imaginario colectivo falso respecto de que la Iglesia en su conjunto es mantenida por el Estado.
Hemos de destacar que ni las parroquias, ni las comunidades menores, ni la gran mayoría de las congregaciones, ni los sacerdotes reciben un solo centavo del Estado. Por lo que el referido aporte resulta claramente insuficiente para financiar los gastos reales que afronta la enorme red que silenciosa e invisiblemente trabaja cotidianamente para brindar todo tipo de asistencia a los más necesitados.
La acción pastoral de la Iglesia argentina trasciende ampliamente los límites de lo religioso. Entre otras cuestiones, gerencia importantísimas obras que se cuentan por miles a lo largo y ancho de nuestro país, dirigidas a favorecer el desarrollo humano integral de comunidades enteras. Basta recorrer el territorio para valorar su labor encomiable en campos tan vastos como la desigual lucha contra las adicciones, la educación, la alimentación, la procura de un techo, el apoyo a microemprendimientos, el duro combate a la pobreza y la exclusión, entre tantas tareas asistenciales que incluyen de manera destacada el apoyo en catástrofes o emergencias.
Durante los últimos tiempos, legisladores de la izquierda y del radicalismo presentaron varios proyectos de ley que, básicamente, proponen desde la derogación de las leyes por las cuales se sostiene el culto católico hasta arribar a una "equidad de cultos", al tiempo que se reclama que la Iglesia Católica deje de ser considerada una persona jurídica pública para pasar a ser una persona jurídica privada, como lo son el resto de los cultos. La posición oficial del Gobierno propone que el tema se resuelva como fruto de las conversaciones que están teniendo con el equipo de la CEA.
De hecho, el Gobierno y la Iglesia trabajan por estas horas en un plan conjunto para que, a partir de 2020, el Estado deje de sostener el culto católico. Con ese objetivo, se conformó una comisión integrada por representantes de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Culto, con miembros de la Conferencia Espiscopal Argentina, para avanzar en un proyecto que implique alguna alternativa de financiamiento.
El debate ya había sido recogido por importantes referentes, como monseñor Oscar Ojea, obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal, quien ha expresado: "Hemos hablado en nuestras conversaciones del tema económico, de las asignaciones de los obispos; pensamos algunas alternativas para seguir conversando y para proponerlas y, también, con todo lo que tiene que ver con la financiación nuestra y de otros cultos".
Si, como se dijo, la suma recibida por la Iglesia alcanza a cubrir apenas el 6% de lo que gasta por año para funcionar, la pregunta es de dónde se obtiene el resto. Como explicó a LA NACION el obispo de San Francisco, Córdoba, Sergio Buenanueva, el 94% restante procede del aporte de los propios católicos, de las colectas de misa, donaciones, diversas actividades y rentas. Es así como un inmenso entramado de voluntades y voluntarios suple en muchísimas áreas la ausencia del Estado. Sin requerir de este un peso como contraprestación, contribuye a devolver la dignidad a muchos compatriotas, con generosa dedicación, propia de una fecunda riqueza espiritual.
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