El sistema acusatorio, un instrumento urgente para la justicia federal
El gobierno nacional publicó hace algunas semanas el Decreto de Necesidad y Urgencia N°188/2024 donde instruye al Ministerio de Justicia de la Nación a implementar en todo el país el sistema acusatorio, que ya rige hace tiempo en las provincias de Salta y Jujuy y ha mostrado importantes resultados. Además, esta semana se reunió por primera vez el Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal para abordar la implementación del sistema en Rosario, una ciudad que está acechada por la violencia narcoterrorista.
El foco de esta medida está puesto en mejorar la eficiencia y eficacia de la Justicia para acelerar los procesos y lograr condenas en delitos graves y de crimen organizado como corrupción, narcotráfico, trata de personas, tráfico ilegal, lavado de dinero o grandes evasiones tributarias, entre otros.
Como sociedad, sabemos de las demoras en la resolución de este tipo de causas, muchas veces, hasta el punto de finalizar por simple prescripción quedando impunes los responsables, lo que genera conmoción social como lo vimos, por ejemplo, en el caso del triple crimen de General Rodríguez. En otros casos de gravedad institucional suelen pasar años sin avances en las investigaciones, como ocurrió en la causa de la Ruta del Dinero K, en la que luego de 10 años de instrucción y decenas de cuerpos de expediente, el fiscal decidió pedir el sobreseimiento de Cristina Fernandez de Kirchner porque entendió que no había logrado probar el vínculo entre la expresidente y el señor Lázaro Báez, ni que el dinero lavado perteneciera a aquélla. Aquí debemos agradecer a la sociedad civil que, atenta, logró evitar que este disparate quedará firme, revirtiendo la decisión en instancias superiores.
Si bien se fueron introduciendo reformas en el Código Procesal Penal y se avanzó con ciertas mejoras tecnológicas que contribuyeron a acelerar los procesos, lejos estamos de trabajar con la celeridad y eficiencia que se necesita en causas complejas y de trascendencia institucional como las que tramitan en el fuero federal. La pandemia forzó la implementación plena de los expedientes digitales que redujeron muchos tiempos muertos. Pero, aun así, el proceso penal sigue siendo lento e ineficaz.
El sistema acusatorio implica el fortalecimiento de las fiscalías, que asumen la responsabilidad de desarrollar capacidades para lograr investigaciones rápidas y efectivas. El proceso transcurre en audiencias públicas, sin necesidad de tanto papeleo y desformalizadas, en las que las partes producen sus pruebas y debaten en igualdad de condiciones en presencia de los jueces, que concentran las decisiones y las transmiten en lenguaje claro, lo que otorga transparencia, cercanía y agiliza la resolución de los casos.
Conforme a las estadísticas elaboradas por la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación para el año 2023, el 87% de los casos judicializados se resolvió en menos de un año y el 13% restante demoró entre uno y dos años. La etapa de impugnación sólo insumió menos de 3 meses en más del 70% de los casos, mientras que el resto se resolvió dentro de los 6 meses. Estos tiempos representan una mejora sustancial frente a los años que en promedio solían demorarse los casos judiciales, lo que permite comprobar la efectividad del nuevo sistema.
Para la implementación del sistema acusatorio es crucial el compromiso pleno de todas las instituciones involucradas en el proceso, como la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura Nacional, el Poder Judicial en su totalidad, los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa y las agrupaciones gremiales. También es fundamental que los abogados y la sociedad civil se involucren para garantizar el éxito de esta iniciativa que redundará en un mejor servicio de justicia.
Todos los que integramos la Justicia estamos convencidos que esta política pública que impulsa el Gobierno Nacional va a contribuir a recuperar la confianza de la ciudadanía, luchar eficazmente contra la corrupción y el crimen organizado y, en definitiva, colaborar con la construcción de seguridad ciudadana y jurídica para la paz y tranquilidad de los argentinos.
Consejera de la Magistratura Nacional por la Abogacía
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