El sistema acusatorio en la Justicia Federal: una reforma irreversible

Por orden del señor Presidente, Javier Milei, asumimos en diciembre del año pasado la difícil misión de transformar el sistema de justicia, para acercarlo al modelo que nuestros Padres Fundadores diseñaron en la Constitución Nacional de 1853. Nuestro trabajo comenzó con un diagnóstico profundo, que permitió identificar los principales problemas que experimentaba el servicio a nivel federal. La conclusión fue contundente: la administración de justicia sufre una crisis de legitimidad alarmante, que horada la confianza de los ciudadanos y afecta el cumplimiento de las sentencias.

Ese estado de situación se explicaba por varias deficiencias que logramos verificar en las primeras semanas. Por un lado, observamos un deterioro evidente en la infraestructura edilicia y tecnológica, que repercute en la dinámica de trabajo. El funcionamiento de la justicia federal es anticuado y opaco. Esto perjudica a los magistrados y funcionarios más competentes, cuya tarea carece del reconocimiento que le corresponde. Por otro lado, la duración excesiva del proceso penal se ha convertido en un problema endémico que hace mella en la credibilidad de todo el sistema, y que afecta incluso la percepción de la sociedad respecto del funcionamiento de los otros fueros. Por último, comprobamos la falta de una política de persecución penal estratégica, que permita optimizar los recursos disponibles para impactar en la criminalidad organizada y en el resto de las conductas delictivas que ocupan a la justicia federal.

Respecto de esto último, los datos son irrefutables. En los próximos días, presentaré un informe sobre sentencias condenatorias correspondientes a los años 2022 y 2023. Según el estudio que hemos concluido, menos del 2% de las condenas dictadas en ese período por la justicia federal refieren a fenómenos criminales como el lavado de activos, la corrupción, la trata de personas o los delitos tributarios graves (considerados en conjunto). El 75% de esas condenas son por delitos de drogas, pero solo el 1% de ellas se relacionan con fenómenos complejos de organización y financiación de la narcocriminalidad.

Ante ello, entendimos que era imperioso reanudar sin demora la reforma procesal sancionada en 2014, que se encontraba completamente estancada desde 2019. Se trata de la instauración del llamado sistema acusatorio, un modelo de enjuiciamiento oral y dinámico, que garantiza una división clara de roles entre el juez, la acusación y la defensa; y una estructura expeditiva que propicia la resolución rápida de los casos. Tras casi cinco años de parálisis absoluta, el Código Procesal Penal Federal solo regía en las provincias de Salta y Jujuy. El resto del fuero federal continuaba con una legislación procesal obsoleta y repudiada por todos los expertos en la materia.

De acuerdo con nuestro plan de trabajo, la implementación rápida del sistema acusatorio constituye una política indispensable para revertir los problemas advertidos en el diagnóstico. En gran medida, las ventajas del Código surgen de sus principios rectores, enumerados en el artículo 2°: igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización.

Por eso, el Ministerio de Justicia se hizo cargo de la coordinación de la reforma, y fijó un cronograma exigente pero realizable. Nos propusimos añadir cuatro distritos a lo largo del año. Y cumplimos. Comenzamos en la provincia de Santa Fe, como una respuesta del sistema de justicia al incremento inusitado de la violencia provocada por las organizaciones criminales que asolaban la ciudad de Rosario. Continuamos luego en Cuyo (Mendoza, San Luis y San Juan), un distrito sumamente desafiante por su nivel de conflictividad y su ubicación geográfica. Proseguimos en la Patagonia Norte (Neuquén y Río Negro), una zona de importancia estratégica para el futuro económico del país. Y concluimos en la Patagonia Sur, para abarcar las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Tal como lo habíamos prometido, la reforma es hoy una realidad en once provincias completas, y en la región norte de la provincia de Buenos Aires.

El trabajo ha sido frenético, pero a la vez gratificante. Nos desplegamos territorialmente en cada ciudad alcanzada por el cronograma. Nos entrevistamos en varias ocasiones con cada juez, fiscal y defensor público: escuchamos sus inquietudes e hicimos lo posible por resolver los problemas que nos plantearon. A nivel institucional, conformamos una mesa de coordinación con los distintos órganos abarcados por el proyecto. Acordamos circuitos administrativos ágiles, que nos permitieron asistir financieramente al Consejo de la Magistratura, al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa. De esa manera, se equiparon 23 salas de audiencia en las distintas sedes de la justicia federal: además de las refacciones edilicias, el aporte del Ministerio de Justicia consistió en la compra del equipamiento tecnológico necesario para asegurar el funcionamiento del proceso desde el día fijado para el inicio. En cuanto a las fiscalías, se hicieron inversiones destinadas a ampliar los recursos tecnológicos necesarios para realizar investigaciones complejas. Para ello, se adquirieron cuatro licencias UFED, esto es, sistemas forenses de extracción de datos encriptados o resguardados en teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos, así como computadoras potenciadas necesarias para la operación de estos equipos.

En materia de capacitación, el Ministerio de Justicia organizó tres tipos de actividades: inmersiones, es decir, visitas de los magistrados y funcionarios a distritos que ya aplican el sistema acusatorio; simulacros, que consisten en ensayos de las principales audiencias a partir de casos ficticios; y ateneos, que son reuniones entre magistrados y expertos nacionales e internacionales, convocadas para intercambiar experiencias respecto de inquietudes profesionales relacionadas con la reforma.

La implementación se desenvolvió de acuerdo a nuestras estimaciones. Las semanas previas representaron un gran desafío para los magistrados, que hicieron un esfuerzo encomiable para adaptarse a la reconfiguración de su labor cotidiana. Por nuestra parte, los acompañamos antes y después del lanzamiento. La realidad desmintió los temores y las precauciones de quienes resistían el proyecto, o de quienes apostaban por una implementación más espaciada en el tiempo: los recursos humanos y materiales resultaron suficientes para atender los nuevos procedimientos; el sistema se acomodó perfectamente al cambio sin poner en riesgo la continuidad del servicio. Se lograron condenas por narcotráfico en pocos días, en casos que antes demandaban años.

Sobre la base de todo lo hecho este año, nos disponemos ahora a continuar el trabajo hasta completar el proceso de reforma. En este sentido, la implementación plena del sistema acusatorio es un objetivo institucional que contribuye a otras agendas del Gobierno Nacional, dirigidas a mejorar la reputación del país en el plano internacional, y a facilitar la llegada de inversiones extranjeras de mediano y largo plazo. Me refiero a la pretensión de la República Argentina de incorporarse a la OCDE, y a las adecuaciones pendientes luego de la última evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), concluida exitosamente hace algunas semanas.

Por eso, el compromiso asumido es activar el sistema acusatorio en el resto del territorio nacional en los próximos dos años. El logro principal de este año, en mi opinión, es haber cambiado las expectativas sobre el desarrollo de la implementación. Hoy todos saben que esta reforma llegó para quedarse. Esto alcanza tanto a los entusiastas como a los detractores. La certidumbre que crece en materia económica tiene así un correlato en el plano institucional.

Pero la transformación del sistema de justicia se complementa con otras reformas largamente postergadas, que ocuparán un lugar central en nuestro plan de gestión del año próximo. En primer lugar, la sanción de un nuevo Código Penal, en el que hemos trabajado durante varios meses. Este proyecto busca ordenar y actualizar la regulación en la materia, para adaptarla a la realidad social imperante y a los fenómenos criminales que más perjudican a los argentinos. Segundo: la definitiva incorporación del juicio por jurados en los procesos que tramitan ante la justicia federal. La intervención de la ciudadanía en la administración de justicia penal resultará un pilar fundamental para renovar la credibilidad y la legitimidad del sistema penal. Por último, la modificación de las normas sobre decomiso con y sin condena, de forma tal de facilitar la recuperación de activos provenientes del crimen organizado.

Todas estas iniciativas, así como otras que exceden el objeto de la columna, representan el aporte del Ministerio de Justicia a la consolidación de una Argentina más libre y justa, en la que nuestros hijos elijan crecer y prosperar.

(*) El autor es Ministro de Justicia de la Nación

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