El rol del Estado como acreedor hostil
El Estado debe satisfacer el bien común y la defensa de los intereses de la Nación, su posición debe enmarcarse en un contexto general que contemple todos los actores de la sociedad y preste atención a los agentes de producción y generadores de empleo. En consecuencia –también en su rol de acreedor– se exige un ejercicio razonable en sus funciones, alejado de acciones abusivas o contrarias a los principios republicanos.
En la actualidad, el Estado actúa como acreedor hostil cuando presenta una conflictividad exacerbada durante el proceso concursal, presumiendo que votará en contra cualquier propuesta que se le formule mediante un abuso del derecho, yendo en contra del objetivo fundamental que persigue la Ley de Concursos y Quiebras que consiste en reestructurar la situación económica del deudor y dar continuidad al negocio, ya que es la mejor garantía para que pueda afrontar sus deudas y no generar un perjuicio a los acreedores preservando las fuentes de trabajo.
Dicha situación se ve reflejada en la postura intransigente del actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini, en relación al concurso preventivo y posterior quiebra del Correo Argentino donde califica de enemigo al expresidente Mauricio Macri, desdibujando los límites entre el interés superior del Estado y los intereses políticos. Tal es así, que la propuesta de acuerdo de la concursada fue aceptada por el 80 % de los acreedores (consistió en el pago total de la deuda verificada, más los intereses hasta su efectiva percepción); insólitamente la misma fue rechazada por parte del Estado, que rescindió el contrato de concesión, para luego provocar la quiebra de la sociedad y extenderla al grupo SOCMA incluyendo familiares del expresidente Mauricio Macri e incluso a sus hijos.
La legislación referente a los procesos de concursos y quiebras, mediante el régimen de cramdown refleja el espíritu del legislador, que busca todas las opciones, con el fin de dar continuidad al desempeño de la empresa concursada y resguardar el empleo. Es importante destacar que desde la privatización del correo se generó un importante cambio tecnológico, aumento significativo de la competencia desde sectores privados y una sustancial variación de las condiciones económicas imperantes en nuestro país generando un impacto negativo en la rentabilidad del negocio.
Desde el inicio del gobierno de Néstor Kirchner se plantea una situación sui generis, donde sin ley de estatización, pero con el Estado conduciendo la empresa y haciendo uso de todos sus activos –incluso la moderna planta de Monte Grande– y sin afrontar los pasivos, generó una deuda por el pago del canon provocando juicios cruzados y constituyéndose como acreedor hostil. Por el contrario hubiera sido razonable haber generado marcos de acuerdos para garantizar el normal desempeño de la empresa. Podemos citar como jurisprudencia el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, “Dulcypass SA s/incidente artículo 250″ (Expediente N° 26873/2017/14). Donde se define el carácter de acreedor hostil por parte del Estado.
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