El riesgo de retroceder en cómo se financia la política

Los planteos de la ley ómnibus sobre el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales presentan un claro retroceso en acuerdos que llevaron décadas construir, los que limitan la potencial cooptación de la política por parte del poder económico (legal e ilegal).

Pero demos un paso hacia atrás y recordemos el recorrido previo. Desde Cippec hace más de 10 años que venimos impulsando cambios en el régimen de financiamiento de los partidos y las campañas. En 2009 se llevó adelante una reforma electoral para reducir las diferencias de recursos entre los partidos políticos y transparentar el origen del dinero. En 2015, el Decreto 776 dio un primer paso para facilitar y hacer trazables los aportes, al crear las condiciones para que las tarjetas puedan servir de medio de pago para donar a los partidos.

En 2019, con la campaña #2019transparente que llevamos adelante con otras organizaciones, impulsamos una nueva reforma que eliminó el uso del efectivo para hacer aportes al financiamiento de la política. Esto allanó el camino para conocer mejor quién financiaba a las distintas agrupaciones y habilitó garantizar la trazabilidad del dinero. También se aprobó la habilitación de los aportes de personas jurídicas con topes, nuevos controles y la obligatoriedad de los aportantes privados en declarar sus donaciones ante la Justicia Electoral. Esta es la ley que está vigente actualmente.

Hoy, cuatro años después, la ley ómnibus enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso plantea una reforma electoral muy amplia que incluye desde la incorporación de distritos uninominales a la eliminación de las PASO. Pues bien, luego de las discusiones en las tres comisiones de la Cámara de Diputados, solamente queda en pie uno de los temas propuestos, el financiamiento de los partidos y las campañas electorales, con modificaciones preocupantes al sistema vigente. ¿De qué se trata?

Empecemos por lo básico: ¿por qué es necesario regular el financiamiento de los partidos y las campañas políticas? Primero, para tender a una mayor equidad en la competencia a través de algún tipo de financiamiento público y la introducción de topes a los aportes privados. Es decir, establecer condiciones para que no sólo puedan participar quienes puedan financiar sus campañas. En segundo lugar, para asegurar la emisión de un voto informado con la introducción de mecanismos que transparenten el origen y destino de los fondos. En síntesis, para que se pueda saber quién financia a quién.

Consideramos que el dictamen de mayoría aprobado en la Cámara de Diputados representa un retroceso respecto de dónde estábamos parados porque elimina las garantías de la ley actualmente vigente para que se cumplan estas funciones. El dictamen de mayoría propone eliminar: los topes al aporte privado, los límites a los gastos de campaña, la distribución de aportes público, el financiamiento para la publicidad electoral, el registro de las cuentas oficiales en redes sociales y el registro de encuestadoras.

La eliminación de estos recaudos torna más opaco el flujo de influencias. Y, aún más preocupantemente, puede abrir las puertas al financiamiento con dinero de origen ilícito. En un contexto en donde estamos viendo el avance de la economía ilegal, en particular del narcotráfico, deberíamos estar reforzando controles y no eliminándolos.

La normativa actual es ciertamente mejorable. Pero si retrocedemos en transparentar el financiamiento de la política, ponemos en riesgo la legitimidad que pueda tener cualquier gobierno a futuro. Sólo si controlamos y transparentamos cómo se financia la política vamos a poder tener una democracia más robusta que contribuya efectivamente al desarrollo del país.

Directora ejecutiva de Cippec