El riesgo de forzar las evidencias

La tragedia del submarino ARA San Juan reabrió el debate sobre la necesidad de una política de defensa. Día tras día se han podido leer y escuchar análisis sobre el tema en los medios de comunicación. Un hilo conductor mancomuna a quienes dentro y fuera del Ministerio de Defensa demandan una nueva misión para las Fuerzas Armadas: la lucha contra el terrorismo.

Siguiendo a Mark Shaw, quien analiza la militarización de cuestiones de seguridad, se requieren tres dinámicas para lograr ese propósito. Por un lado, el discurso de guerra que apunta a la identificación de un enemigo, lo cual, a su turno, focaliza la atención de la opinión pública. A pesar de que el país no ha vivido ningún atentado terrorista en 24 años y de que no se ha podido probar que haya "células dormidas" ni "lobos solitarios", el presidente Mauricio Macri y altos funcionarios insisten en que la Argentina debe sumarse al combate contra el terrorismo.

Shaw destaca también la sincronización estratégica, que consiste en la invocación de una situación de urgencia: hay que actuar con celeridad, brindar fondos a los militares y no limitar su capacidad de acción. La creación de un clima apocalíptico resulta esencial: en los últimos tiempos algunos, dentro y fuera del Gobierno, subrayan que hay grupos mapuches "en pie de guerra" contra el Estado y en sociedad con sus pares de Chile.

Mark Shaw alude a también a los intereses institucionales de las fuerzas armadas. En el campo doméstico, el impulso a favor de la guerra contra el terrorismo no es mayoritario entre los militares, pero el compromiso activo de pocos puede ser crucial para militarizar la nueva misión promovida por varios civiles. En el campo internacional, el incentivo de "tener una función", "aprender nuevas técnicas" y "recibir viáticos" genera un atractivo: de allí que se contemple el envío de tropas a República Centroafricana y Mali; casos en los que los actores armados recurren al terror como práctica habitual.

Quienes avanzan en la agenda antiterrorista la entrelazan con la "guerra contra las drogas". Sin embargo, el vínculo terrorismo-narcotráfico no es inexorable: los narcotraficantes carecen de una ideología (son básicamente pragmáticos), prefieren el statu quo (para poder hacer sus negocios) y su objetivo es ampliar las ganancias materiales, mientras que los terroristas poseen una ideología o una creencia determinada, procuran terminar con el estado de cosas existente y apuntan a la toma del poder. Como afirma Benoît Gomis, el término narcoterrorismo sugiere una relación simbiótica que la evidencia disponible raramente confirma; sobreestima el peso del dinero del narcotráfico en el financiamiento de grupos terroristas y del recurso al terror por parte de los empresarios de drogas, entre otros.

A su vez, los que abogan por aquella nueva misión para las fuerzas armadas no se disuaden con los datos comprobados sobre el terrorismo en América Latina. En el informe de 2016 elaborado por el International Centre for Counter-Terrorism de La Haya sobre la estrategia global de propaganda de EI, no se aludió a nuestra región. El Worldwide Threat Assessment de 2017, realizado por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, no identificó a América Latina como un área principal del terrorismo transnacional. En el estudio de Kim Cragin sobre la amenaza global de EI la única región que no se menciona es América Latina.

Los promilitares en el combate antiterrorista tampoco se persuaden con lo que se sabe hoy sobre el terrorismo y la Argentina. Según el más reciente informe del National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism de la Universidad de Maryland -financiada desde 2005 por el Departamento de Seguridad Nacional-, ningún grupo, asociación o persona del país ha sido sancionado por financiar el terrorismo. El informe de 2017 sobre la Argentina del Overseas Security Advisory Council del Bureau of Diplomatic Security del Departamento de Estado menciona el atentado de 1994 como el último en el país en la sección "amenaza terrorista".

En breve, dos reflexiones: primero, no hay base empírica para legitimar el involucramiento de los militares en tareas antiterroristas y, segundo, es persistente la propuesta política que propugna que las fuerzas armadas combatan el terrorismo. Corolario: esa combinación sí es letal tanto para la defensa nacional como para la seguridad pública.

Profesor plenario de la UTDT