El resquebrajamiento del consenso ético-democrático
En un artículo del profesor Diego García sobre la democracia argentina publicado en LA NACION, el autor identifica dos etapas que caracterizaron los últimos 38 años de la democracia argentina: la democracia moral y la democracia crítica.
La democracia moral corresponde al período que se inició con la victoria de Raúl Alfonsín en 1983 y finalizó con la crisis económica y social de 2001. Esta etapa se caracterizó por el consenso político de no volver al pasado que se tradujo en un programa de democratización que priorizó la cuestión moral. Con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura, es la frase que mejor sintetiza el clima de la época.
El primer revés vino con la elección de Carlos Menem en 1989. Ni bien éste asumió, sepultó los fundamentos morales de la democracia para ejecutar un programa de emergencia con el fin de sacar al país de la hiperinflación. Es cierto que rindió sus frutos con la estabilización del valor de la moneda y la recuperación temporal de la economía. Pero al precio de una monumental corrupción. Pizza con champagne es, en este caso, la frase que mejor expresa el clima de esa época.
En ese contexto de los 90, la cuestión moral de la democracia pasó a ser una bandera de una oposición integrada por radicales y un grupo de peronistas antimenemistas que habían fundado un frente con otras agrupaciones (Frente Grande/Frepaso). En 1997, radicales y frepasistas formaron una alianza que les permitió derrotar al peronismo en 1999 haciendo una campaña de denuncia contra la corrupción menemista.
Como se sabe, la alianza entre radicales y frepasistas se desintegró con la crisis de 2001. Surgió así la etapa de la democracia crítica, en la cual, según el profesor García, evitar la crisis se volvió el valor máximo de la época. Y, de este modo, todo quedó permitido con tal que esa crisis no se volviera a producir.
Esto último que afirma, más que un giro a la democracia crítica, significó una claudicación ética de la democracia. Subrayo la palabra ética, y no la moral, ya que esta última se la apropió el bando vencedor surgido de la elección presidencial de 2003, para justificar un discurso de polarización.
La ética remite a los fundamentos legales de la democracia, y por lo tanto, a la observancia de las normas por parte de la ciudadanía. Como señaló Carlos Nino, en la Argentina las normas no se cumplen, configurando una sociedad que vive al margen de la ley. Se trata de un problema histórico de anomia no asumido por la dirigencia política, la cual sigue apostando al crecimiento económico para neutralizar sus efectos en la sociedad. El problema es que la economía no crece hace años.
Más allá de la crisis económica, vale la pena recordar que en la década del 90 radicales, el Frente Grande y parte del peronismo lograron alcanzar un consenso ético-democrático que se materializó en la introducción del artículo 36 en la reforma constitucional de 1994, que equipara a los delitos de corrupción con aquellos que atentan contra el orden democrático. De este modo, la dirigencia quedó obligada constitucionalmente a sancionar una ley de ética pública, que fue aprobada en septiembre de 1999 con una amplísima mayoría de legisladores, los cuales, muchos de ellos militan hoy en las filas del kirchnerismo.
En esa norma se creó una Comisión Nacional de Ética Pública como autoridad de aplicación. Se trató de una novedosa agencia integrada por representantes propuestos por los poderes Ejecutivo, Judicial y la Procuración General de la Nación. A los cuales, además, se agregaron ocho ciudadanos elegidos por el Congreso Nacional, con reconocidos antecedentes y prestigio en la lucha contra la corrupción.
Lamentablemente, esta comisión nunca se puso en funcionamiento y fue derogada en 2013 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Desde entonces, nunca más la dirigencia se dignó a debatir el diseño de un organismo especializado en la lucha contra la corrupción que refleje el consenso ético-democrático que el país se merece.
Politólogo, profesor de la UBA/Conicet