El relato kirchnerista y la reivindicación del delincuente
La muerte de la oficial Maribel Zalazar desató un debate que puso de manifiesto los prejuicios ideológicos que impiden avanzar hacia una política de Estado en materia de seguridad
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LA NACIONFernando Laborda
En la concepción kirchnerista de la inseguridad, un fenómeno del que sus representantes prefieren no hablar por resultarles tan estigmatizante como la pobreza, los delincuentes son con frecuencia simples víctimas de las injusticias del sistema socioeconómico y el policía que busca actuar para garantizar el orden público es tan solo un “represor”.
Tras el crimen de la oficial Maribel Zalazar, parte de la dirigencia política argentina quedó enfrascada en un debate que atrasa varias décadas y que le impide avanzar hacia la tan necesaria política de Estado que, alejada de las mezquindades partidarias y de los prejuicios ideológicos, permita enfrentar uno de los mayores flagelos que sufre la sociedad.
El problema de la inseguridad no se resolverá, sin duda, con la mera incorporación de las pistolas Taser, dispositivos de electrochoque usados por muchas policías del mundo que, al disparar un dardo electrificado, permiten inmovilizar temporalmente a un delincuente, sin matarlo. Pero que, a estas alturas, se discuta su utilidad da cuenta de lo difícil que resultaría articular una verdadera política de Estado de seguridad entre las principales fuerzas políticas.
En los últimos días, el debate sobre las Taser fue reflotado, inmediatamente después del episodio de la mujer policía baleada por un delincuente que le arrebató su arma de fuego reglamentaria cuando la uniformada intentaba ayudarlo a reponerse de un supuesto malestar en una estación de subte porteña.
El ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, fogoneó el debate cuando aseveró que “el enfrentamiento podía haber sido controlado con una pistola Taser” y recordó que las autoridades porteñas habían comprado dos años atrás 60 unidades de ese dispositivo, pero “el gobierno kirchnerista las bloqueó con un festival de excusas truchas que usan para defender delincuentes”.
En igual sentido se pronunció la precandidata presidencial Patricia Bullrich, quien añadió que el actual gobierno nacional derogó un decreto del expresidente Mauricio Macri que prohibía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales, algo que asoció con la posibilidad de que Oscar Gustavo Valdez, atacante de Maribel Zalazar, tuviera graves antecedentes delictivos en Paraguay.
En el kirchnerismo han prevalecido las opiniones críticas sobre el posible empleo de las Taser. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, ha afirmado reiteradas veces que la Argentina “no está preparada para eso, ni por casualidad”, aunque su par bonaerense, Sergio Berni, considera que ese tipo de pistolas de descarga eléctrica “son necesarias e imprescindibles”.
La actual diputada nacional y exgobernadora bonaerense por el Pro María Eugenia Vidal sostuvo, por su lado, que se trata de “un debate zanjado en el mundo” y que no se pueden seguir discutiendo cuestiones que no se discuten ni siquiera en países gobernados por fuerzas de izquierda, como Chile o Brasil.
Lo cierto es que, en un año electoral, la cuestión de la inseguridad vuelve a estar presente en el escenario político. Se trata de un área en la cual el kirchnerismo exhibe no pocos flancos débiles, en la medida en que, más de una vez, sus dirigentes y funcionarios han quedado pegados a posiciones más abolicionistas que garantistas, que procuran la defensa de quienes delinquen antes que buscar resolver la angustia de gran parte de la sociedad frente a la delincuencia y el narcotráfico.
Es difícil separar esa imagen de las declaraciones de algunas figuras políticas o mediáticas vinculadas al oficialismo. Por caso, el dirigente social Juan Grabois, tiempo atrás en un programa televisivo, señaló: “Si me hubiese tocado la situación de tener que juntar cartones, yo estaría choreando, no laburando. Yo voy de caño”. No menos edificantes fueron algunos juicios del actor Dady Brieva, quien llegó a catalogar la tarea del ladrón como un “oficio” al que se le debe tener respeto.
Finalmente, el propio presidente Alberto Fernández, al justificar, en tiempos de cuarentena por el Covid, el beneficio de la prisión domiciliaria para peligrosos delincuentes hasta entonces alojados en unidades penales, dijo: “Abrazamos la política porque la humanidad es lo que importa”. La abultada victoria electoral del Frente de Todos en las últimas elecciones nacionales llevadas a cabo en las unidades penitenciarias se explica por sí sola.
No extraña que señalen que el orden público es de derecha dirigentes que llegaron a justificar, cuando no a celebrar, los ataques a campos y la rotura de silobolsas, en el contexto de las controversias entre el Gobierno y el sector rural por las retenciones a las exportaciones agrícolas.
Tampoco puede extrañar que ahora se pretenda premiar con tierras dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi a grupos presuntamente mapuches acusados por usurpaciones de propiedades públicas y privadas, al igual que por violentas acciones que incluyeron el incendio de bienes de dominio público y cabañas en la zona patagónica de Villa Mascardi.
Es claro que la impunidad seguirá ganando la batalla de la mano de estos ejemplos de populismo desembozado, en tanto los delincuentes perciban que sus actos no tienen consecuencias serias. La sucesión de 41 homicidios en tan solo un mes y medio desde el inicio del año, en Rosario, es apenas uno de los tantos indicadores.
Por Fernando Laborda
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