El régimen penal juvenil

El gobierno nacional tiene listo un anteproyecto de régimen penal juvenil que propicia bajar la edad de imputabilidad desde los actuales 16 años a los 15 y aspira a que sea tratado por el Congreso durante sesiones extraordinarias, cuya realización aún no fue confirmada. Se trata de un proyecto que debe ser bienvenido, más allá de que el problema de la delincuencia juvenil requiere medidas de fondo solo posibles a partir de la adopción de una política de Estado de largo plazo.

La iniciativa del Poder Ejecutivo fue sufriendo modificaciones a lo largo de los últimos meses, con el fin de morigerar algunas posiciones iniciales para alcanzar un mayor respaldo en distintos sectores políticos. En un principio se había propuesto hacer responsables de delitos penales a los menores desde los 14 años, pero finalmente se fijó la edad mínima en 15.

Propicia un criterio de escalas por edad, de modo que a los 15 años los adolescentes sean imputables exclusivamente por delitos considerados graves, tales como homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos o robos con armas de fuego. Quienes tengan entre 16 y 18 años podrán ser imputados mientras no hayan cometido delitos cuya pena máxima de prisión sea igual o inferior a tres años. Podrán ir a la cárcel cuando cometieran hechos que contemplen penas iguales o superiores a los diez años.

De acuerdo con la iniciativa oficial, el plazo máximo de prisión que se le podría imponer a un adolescente sería de 15 años, al tiempo que quedaría prohibida la imposición de la reclusión o la prisión perpetua. Igualmente, habría atenuantes, como la inmadurez intelectual o afectiva para comprender la criminalidad de los actos.

Del mismo modo, se propone incorporar mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, aunque siempre con el aval de las víctimas.

Respecto de los menores de 15 años que cometan delitos reprimidos con penas de hasta diez años por el Código Penal, y que son inimputables, el proyecto contempla un programa de asistencia mediante la intervención de equipos interdisciplinarios, que podrían integrar médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales. La idea de este programa es que se acompañe a esos niños que han delinquido con el propósito principal de evitar que avancen en la carrera delictiva.

Durante mucho tiempo, se ha considerado que la baja en la edad de imputabilidad era un tema tabú en la sociedad argentina, a tal punto que durante años diferentes proyectos legislativos han sido cajoneados en el Congreso.

Es imprescindible que deje de ser una cuestión tabú y que los representantes de la ciudadanía en el Poder Legislativo asuman la necesidad y den de buena fe un debate con seriedad y madurez sin posiciones ideológicas. No solo por el elevado número de delitos en los que intervienen menores de 16 años que tienen plena conciencia de sus actos, sino también porque muchas organizaciones delictivas, en particular las dedicadas al narcotráfico, se vienen valiendo de adolescentes de 15 años de edad o incluso de niños, que no pueden ser sometidos a procesos penales. Actualmente, la edad mínima para ser juzgado y sancionado con penas de prisión efectiva es de 18 años, en tanto que solo se puede ser sometido a proceso penal a partir de los 16.

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, a la que nuestro país ha dado jerarquía constitucional, delega en cada nación miembro la responsabilidad de decidir la edad de inimputabilidad. En la actualidad, son muchos los países que establecen ese límite en los 14 años.

Claro que ninguna discusión puede estar centrada exclusivamente en la cuestión de esa edad. Es sabido que, por sí sola, su baja no soluciona el problema de los menores delincuentes. Podría, incluso, agravarlo si las bandas delictivas que utilizan a los menores empezaran a reclutar ya no adolescentes de 15 años, sino niños de 12 a 14.

De lo que se trata es de crear instituciones que posibiliten para los adolescentes que delinquen educación y formación moral, capacitación laboral y respeto por los derechos de los demás. Una tarea que distan de brindar adecuadamente los actuales institutos de menores que, al igual que las cárceles de adultos, suelen funcionar como escuelas para el perfeccionamiento de la delincuencia.

En tal sentido, la iniciativa del Poder Ejecutivo propicia que el encarcelamiento de adolescentes se lleve a cabo en dependencias bajo dirección de personal civil y no de fuerzas de seguridad, y donde no haya detenidos adultos. Contempla también que la prisión pueda ser domiciliaria, con tobillera; durante los fines de semana, para que no entorpezca la asistencia al colegio o al trabajo; en un centro abierto o en centros especializados de detención, y que la prisión pueda ser reemplazada por la incorporación a programas comunitarios.

En síntesis, cualquier debate sobre la edad de imputabilidad por delitos penales, más allá de ser bienvenido, no podrá descuidar otros aspectos tendientes a combatir la droga o el uso ilegal de armas tanto como a evitar la deserción escolar.

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