El Presidente y los privilegios que socavan la vida en democracia

“Firmo cada palabra que usted dijo”, le dijo el presidente Alberto Fernández al cardenal Mario Poli, luego de escuchar una tibia homilía que no se centró en la responsabilidad oficial en el aumento de la inflación, el índice de pobreza o la marginalidad. Aunque eso hubiese sido esperable, la preocupación estaba puesta en si durante el Tedeum del 25 de Mayo el cardenal hacía referencia a su vergonzoso acuerdo monetario con la justicia para salir airoso del Olivosgate. No sucedió y Fernández se sintió victorioso, no es para menos, acaba de violar uno de los principios vitales de una república democrática como es la igualdad ante la ley y en su primera exposición pública de “riesgo” sale airoso.

Es que luego de que el juez federal de San Isidro aceptara las ofertas del Presidente y de la primera dama, Fabiola Yañez, para cerrar la causa contra ambos por violación de la cuarentena a cambio de un total de tres millones de pesos para que el expediente quede cerrado, quedó flotando entre nosotros la sensación de que, con su decisión, el juez Mirabelli dejó un pésimo mensaje a la sociedad: con dinero y poder, se puede eludir a la justicia.

En el entorno del Presidente especulan, como es de prever, que con el correr de los días se deje de hablar de este tema. Y tienen razón, así será porque la noticia comenzará a agotarse y porque la política, la economía y la misma realidad cotidiana hacen que tengamos con qué entretenernos y preocuparnos cotidianamente. Pero lo que no se olvidará tan rápido es esa sensación de impunidad de la que gozó Alberto Fernández, que esta vez no fue tan enérgico con el manejo de la autoridad para demostrar con hidalguía la aceptación de un delito como lo fue para advertirnos sobre su incumplimiento de modo amenazante a cada uno de nosotros.

Seguramente la sociedad, por sus mismas necesidades, esté más atenta a la inflación, la economía, ese fin de mes que cada vez queda más lejos, y dejará de reparar en la causa de la fiesta de Olivos. Sin embargo, no será fácil dejar atrás esa sensación de injusticia que provocó saberse viviendo en un país con privilegiados, de sentirse en desigualdad ante la ley, cuando un juez definió que se puede “entender” que el Presidente puede saldar como un ciudadano común su falta porque no ejercía en el momento de violar la norma que el mismo había creado, como si el primer mandatario gozara de un horario de trabajo determinado. Todo esto hace que la democracia, con todas sus virtudes, pierda calidad y retroceda unos cuantos casilleros hasta ubicarse en un lugar donde el sistema republicano nos demuestra que a veces solo lo es en apariencia y formas. Ese es el mayor daño que nos hizo todo este escenario: alimentar el descreimiento social sobre la decencia natural que debería significar vivir en democracia.

Por eso ya no importan los tres millones de pesos, la interpretación judicial y el costo o rédito político que podría sufrir o beneficiar al Presidente, lo que importa es que durante su gobierno, que tuvo que administrar una de las peores etapas de la historia de la humanidad moderna como fue la pandemia, se cometieron delitos y se abusaron de privilegios vergonzantes como con el vacunatorio Vip, quizás el hecho de corrupción más grave desde lo moral de toda la historia por cómo y cuándo sucedió, porque además se privilegió un acuerdo político con la Rusia del amigo Putin, para comprar sus vacunas postergando otras, acuerdo que no se cumplió y provocó un retraso en la campaña de vacunación durante el primer semestre del año pasado que generó más contagios y muertes, y porque se violaron derechos civiles y humanos centenares de veces. Todo esto mientras Fernández hacía comparaciones absurdas y mentirosas con otros países y modelos sanitarios y nos daba lecciones de vida sobre cómo cumplir normas que, además de ser un fracaso en lo sanitario, generaron infinidad de penurias emocionales y económicas a gran parte de la sociedad, y ahora, como frutilla del postre, nos deja un ejemplo de impunidad y privilegio que nos hace sentir ciudadanos de segunda en una democracia cada vez más devaluada por este tipo acciones.

Se podrán realizar distintos análisis y lecturas políticas sobre la actuación minada de desatinos de Alberto Fernández como presidente, pero deberíamos comenzar a realizar también una reflexión sobre el alto costo que significará en el futuro inmediato reconstruir la confianza pública en las instituciones de la democracia. Ese es el mayor problema y la peor herencia de esta gestión, porque Alberto Fernández va a pasar y la historia, que suele ser implacable hasta con sus próceres, también lo será con él.

Entonces, ya no vale la pena perder tiempo en pretender saber si el Presidente tomó nota o no del daño a la democracia que generó su decisión de escapar de un problema con la justicia con dinero cuando la hora y la situación le reclamaban una demostración de dignidad e integridad. En definitiva, eso lo sabrá el mismo Fernández, porque como decía José de San Martín: “La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien”.

¿Alcanzará también al actual presidente el fallo de ese juez implacable?