El Poder Judicial gobierna sin votos
Las expresiones del presidente Alberto Fernández y varios funcionarios públicos sobre el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia son aún más preocupantes que la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 241/21. Éstas revelan un desconocimiento de las directivas más respetadas de nuestra Constitución Nacional. Asimismo, constituyen un profundo desprecio por la República en su equilibrada distribución y división de poderes. Esta fuerza gobernante confunde la democracia con poderes absolutos e ilimitados y pretende justificar los abusos con el respaldo del voto popular. Así lo expresó sin pudor alguno la diputada Fernanda Vallejos, al decir: “estamos hablando de poderes que gobiernan sin votos” en obvia referencia al Poder Judicial.
Resulta idéntico el concepto de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la mayoría de los funcionarios del oficialismo en su pretensión de democratizar la Justicia. En realidad, quieren politizarla y, de ese modo, tener su control. Lejos están de comprender que el voto en democracia le concede al presidente una circunstancial y temporaria administración y por mandato de su pueblo debe gobernar para toda la Nación ajustándose al sistema republicano y federal que rige en nuestro país. Sus funciones y atribuciones se encuentran expresa y precisamente reguladas por la Constitución Nacional del mismo modo que lo hace respecto del Poder Legislativo y Judicial.
Aunque le cueste comprenderlo, el Poder Judicial no deja de ser tal, porque carezca del voto popular y, de ninguna manera, tiene la función de gobernar de la manera que ironiza la diputada Vallejos. Descarto que sea por desconocimiento que se ignoraron las atribuciones que le corresponde a este órgano de poder del Estado, en cuanto garantiza la legitimidad y juridicidad de la actuación estatal, controla la constitucionalidad asegurando su supremacía, más allá de la interpretación y aplicación de la ley al caso particular.
Resulta agraviante que un presidente desconozca y denigre las facultades de otro poder del estado, más aún en su condición de abogado y supuesto conocedor del derecho.
Ajustarse al sistema republicano y federal de gobierno es un imperativo para todos los argentinos y el presidente no es la excepción, sino que debería ser un ejemplo. Sus decisiones no están por encima de la ley ni sus actos exentos del control de los otros poderes del estado.
Por otra parte, la Justicia no es buena o mala según las conveniencias o ideologías. Su neutralidad y equilibrio son la esencia de su valor.
La Corte Suprema de Justicia ha dictado un fallo ejemplar que sienta precedente y excede el decisorio sobre el decreto en cuestión. Ha establecido con precisión y claridad los límites ya previstos por nuestra ley fundamental. Su frase más elocuente no amerita cuestionamiento alguno: “la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente” De otro modo, lógicamente bastaría con argumentar cualquier situación extraordinaria y definir como emergencia cualquier situación para violar los límites de la ley sin razonabilidad alguna, relativizando el respeto y cumplimiento de todo marco normativo.
La sentencia ha sido cuestionada desde la ideología como políticamente incorrecta. Sin embargo, el fallo, en concordancia con el estado de derecho que se dice respetar, impone límites al ejercicio del poder; garantiza el respeto por los derechos otorgados por la ley; demarca las competencias originarias y concurrentes con la más clara definición de equilibrio republicano.
No todo es político, señor Presidente. Sólo los dictadores pretenden la suma del poder público, y lo controlan y ejercen con soberbia y abuso. Gracias a Dios, la Argentina todavía es una República y usted solo el Presidente.
Abogada especialista en Magistratura
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