El peligroso juego de las palabras
Si Milei lograra cumplir con su promesa de dinamitar “desde adentro al Estado”, ¿quién mandaría tropas a Rosario? ¿Quiénes estarían en condiciones de juzgar a los narcotraficantes?
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LA NACIONJoaquín Morales Solá
Rosario fue una especie de análisis para comprobar la cantidad de anarco-capitalismo que Javier Milei tiene en sangre. El resultado es una contradicción. Si el Estado es una “asociación criminal”, como dice el Presidente, ¿a quién corresponden las fuerzas federales que se desplegaron en la ciudad santafesina? ¿A quién, en fin, las tropas de las Fuerzas Armadas que brindarán apoyo logístico al combate del Estado contra las criminales organizaciones de narcotraficantes? Tanto el despliegue de las fuerzas de seguridad como el de las Fuerzas Armadas fueron ordenadas por el jefe del Estado, luego de una propuesta de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Milei fue ayer más allá de lo que existe cuando anunció que modificará la ley de Seguridad Interior, que le prohíbe a las Fuerzas Armadas incursionar en cuestiones internas del país. Su confusión intelectual es tan grande que ignora la histórica posición de los jefes militares, renuentes a formar parte de la batalla contra el narcotráfico. Algunos se oponen porque sospechan que los militares podrían mancharse fácilmente con la corrupción del narcotráfico, que tiene una enorme capacidad económica para corromper. Al exjefe del Ejército Martín Balza se le atribuye una frase que expone ese temor: “No hay general que resista el cañonazo de un millón de dólares”, dicen que dijo. Un millón de dólares no es nada para el negocio de trasegar drogas. Otros se oponen porque consideran simplemente que los militares no saben hacer eso. Los militares están preparados para matar en una guerra, no para reprimir un delito. Esa es la síntesis de tal idea. Las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas serían, en tal caso, las herramientas de la represión del Estado a bandas criminales que tienen una organización mafiosa. Luego, otro poder del Estado, el Judicial, deberá poner en marcha el anuncio de Bullrich de que se acusará de terrorismo a los narcotraficantes porque están aterrorizando a la sociedad cuando anuncian que seguirán matando inocentes. Es una extorsión pura y dura al Estado y a la sociedad en el momento en que los gobiernos de la Nación y de la provincia coincidieron en enfrentar al narcotráfico. El Pacto del Diablo, como lo llaman en Rosario, es una alianza, no se sabe si transitoria, de distintos grupos de narcotraficantes, antes enfrentados entre ellos, para desafiar al Estado colocando a la sociedad como rehén. Ese pacto, como informó el periodista Germán de los Santos en LA NACION, es la novedad en Rosario. El anarquismo unido al capitalismo, fórmula que enamoró al Presidente, significa la ausencia del Estado, que deja al mercado y al capitalismo la resolución de todos los problemas de la sociedad. Es una idea utópica, que como toda utopía tiene un plan de imposible realización.
Si Milei lograra cumplir con su promesa de dinamitar “desde adentro al Estado”, ¿quién mandaría tropas a Rosario? ¿Quiénes estarían en condiciones de juzgar a los narcotraficantes en nombre del Estado? El desafío al Estado de bandas criminales cuando se hizo cargo del Estado un anarquista confeso que no cree en el Estado es una coincidencia inoportuna. La diferencia entre liberales y libertarios se explayó en estos días como nunca antes en el coliseo de la política. Mientras los liberales, respetuosos de todas las libertades y del trato considerado entre las personas, proponen un Estado con una dimensión estrictamente necesaria, los libertarios sienten, como dice el propio Milei, “desprecio por el Estado”. Si se leen bien los discursos del Presidente, él confunde al Estado con las personas que lo condujeron en los años recientes. De esa alianza entre los políticos que se hicieron cargo del Estado y el propio Estado no puede salir más que una complicidad que, en efecto, desarticuló el país, empobreció a su sociedad y comprometió el futuro nacional. El error intelectual consiste en enredar al Estado con los pícaros que lo tomaron por asalto y lo hicieron suyo. Milei es la consecuencia visible y tangible, el elemento disruptivo de la vieja estirpe política, agotada por su impotencia. No obstante, debe subrayarse que el Estado y quienes están al frente de él no son lo mismo. Ni siquiera ahora, que lo lidera Milei.
En la historia reciente se vieron casos en los que se mezclaron las ideas libertarias con el autoritarismo, aunque sean dos palabras contradictorias. Donald Trump es el mejor ejemplo de esa fusión contra la naturaleza de las cosas. Milei no llegó a tanto (sobre todo si pensamos en el violento asalto al Congreso de los Estados Unidos por parte de trumpistas), pero conduce su gobierno como un patrón de estancia. En la noche del domingo pasado, un funcionario subalterno llamó por teléfono al entonces secretario de Trabajo, Omar Yasin, para decirle que estaba despedido de la administración. El propio Milei aprovechó un reportaje de televisión en la mañana siguiente para confirmarle a Yasin que estaba fuera del Gobierno. Yasin tenía fama de buen funcionario cuando tuvo un alto cargo en el Ministerio de Trabajo en tiempos de Mauricio Macri. ¿Qué hizo entonces Yasin como para merecer el despido sin ni siquiera ser escuchado por el Presidente? Confeccionó un decreto, firmado luego por Milei, por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y por la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, por el que se le concedía un aumento de salario a todo el gabinete (Presidente incluido) del 48 por ciento. El porcentaje surgía de un acuerdo de la paritaria entre las autoridades del Estado y el gremio estatal y la correcta aplicación de un decreto de Cristina Kirchner de 2010, que es cuando la inflación empezó a escalar dramáticamente.
En la paritaria no estuvieron Yasin ni representantes suyos, sino un delegado del ministro de Economía, Luis Caputo. A la firma del Presidente no la cuida el secretario de Trabajo, sino el secretario Legal y Técnico de la Presidencia. Ningún presidente firma nunca nada si antes no pasó por ese funcionario clave de la Presidencia. Según decían Raúl Alfonsín y Carlos Menem, el secretario Legal y Técnico es el funcionario más importante de la Presidencia; es el que debe señalarle al Presidente qué puede firmar, qué debe analizar detenidamente y qué debe devolver sin su firma. Menem tuvo como secretario Legal y Técnico a Carlos Corach, antes de que éste se convirtiera en un célebre ministro del Interior. Milei nombró en ese cargo a Javier Herrera Bravo, un abogado especialista en Derecho Público que trabajó al lado de quien se hizo cargo de esas tareas durante el mandato de Macri, Pablo Clusellas. Néstor y Cristina Kirchner le entregaron esas funciones a Carlos Zannini (más de la confianza de ellos no se consigue, como diría Cristina) y Alberto Fernández la colocó en ese despacho a Vilma Ibarra, una persona eficiente que pertenece a los ancestrales afectos del expresidente. En síntesis, todos sabían que los presidentes no juegan con ese cargo.
Antes, Milei despidió al exdirector de la Anses, Osvaldo Giordano, porque la esposa de éste votó como diputada de una manera que no le gustó al Presidente. ¿Es Giordano dueño de la opinión de su esposa, que cumplía otras funciones dentro del Estado? Giordano tenía también fama de buen funcionario, que había desempeñado tareas idénticas en Córdoba bajo la gobernación de Juan Schiaretti, pero fue fundamentalmente el funcionario nacional que reveló la trama de presuntos negociados entre organismos del Estado y brokers de seguros durante la gestión de Alberto Fernández. Quien fue presidente de la Nación hasta hace tres meses ya está imputado en una investigación judicial por ese caso, que conduce el juez federal Julián Ercolini. Dicen que hay duras pendencias entre Alberto Fernández y Sergio Massa por quién es más padrino de los brokers de seguros. Tarde para lágrimas.
La arbitrariedad en boga para echar gente del gobierno, a las que se le niega el derecho a la defensa o a la mínima explicación, se corresponde con la información de que Milei conoce a muy pocas personas nombradas en su gabinete. Pero el resultado puede ser desastroso, porque además el Presidente ordenó que ningún aumento de sueldo al gabinete deberá hacerse en adelante sin su explícita autorización. Nunca autorizará ningún aumento, pendiente como está de las encuestas; los salarios de los ministros, y del propio Presidente, se licuarán con la inflación en un par de meses más. El temor, que es fácilmente perceptible en el gabinete nacional, podría desencadenar una marea de renuncias de los pocos funcionarios eficaces que hay, porque preferirán trabajar en la actividad privada, mucho más previsible. Los que se queden estarán, en cambio, paralizados por el terror de perder el trabajo.
Trozos de autoritarismo hubo también en la forma en que se integró el Salón de los Próceres Argentinos en la Casa de Gobierno. La historia, tal como fue, necesitaba la interpretación correcta del Estado (con perdón de Milei) después de las revisiones y las deformaciones que el kirchnerismo hizo del pasado. El increíble manoseo de la figura de Julio Argentino Roca, convertido por los intérpretes del kirchnerismo en un “genocida” cuando fue un actor decisivo de la expansión territorial de la Argentina y el político que más años estuvo en el poder durante las décadas de esplendor nacional, es el mejor ejemplo de las alteraciones de la historia por parte del kirchnerismo. Era hora, por lo tanto, de que volvieran a la Casa de Gobierno los verdaderos padres de la patria. Pero, ¿por qué incluirlo a Carlos Menem en ese salón? ¿Acaso, solo porque Milei siente admiración por él? ¿Es esa una razón suficiente? El péndulo se fugó otra vez hacia el otro extremo. Menem se fue del poder hace solo poco más de veinte años y su figura sigue siendo motivo de polémica en la política argentina. Si bien implementó políticas novedosas para un país acostumbrados a aferrarse a los paradigmas del pasado, también es cierto que fue investigado por varios presuntos hechos de corrupción. Murió poco después de que fuera sobreseído en la causa del contrabando de armas a Ecuador y Croacia porque los jueces llegaron a la conclusión de que había “pasado el tiempo razonable” de hacer justicia. Habían transcurrido 25 años desde la primera denuncia hecha por el abogado Ricardo Monner Sans, recientemente fallecido. Menem estuvo varias semanas en prisión domiciliaria por ese caso. Pero fue condenado a cuatro años de prisión por la Cámara de Casación por el pago de sobresueldos a los funcionarios de su gobierno. La condena no se cumplió porque Menem tenía fueros de senador. Embajadas extranjeras denunciaron extraoficialmente que durante su gobierno hubo pago de sobornos a funcionarios en el proceso de privatización de empresas públicas. Uno de los diplomáticos más convencidos de que esa trama corrupta existió fue el entonces embajador norteamericano, Terence Todman, porque resultaron perjudicadas varias empresas de su país en beneficio de compañías europeas. Solo el paso del tiempo dibuja los contornos de un prócer. Un siglo es un buen período como para que una figura sea consensualmente admirada por sus coterráneos. Menos tiempo es, en cambio, una conclusión arbitraria y solitaria del que manda.
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