El pase sanitario, la medida del absurdo
A partir de la irrupción de la pandemia, en marzo de 2020, y el dictado del DNU 297/2020, que inauguró el ASPO y los sucesivos decretos que lo prorrogaron, el Gobierno adoptó una serie de medidas que vulneraron los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Con el argumento de proteger la salud, el Gobierno nos encerró con cuarentenas interminables; limitaron la libertad de circulación en distintas provincias argentinas y restringieron el derecho a la educación y al trabajo, entre otros. Los resultados de las medidas no lograron los objetivos propuestos. En términos sanitarios, los casos se dispararon, pero además la economía y la educación se derrumbaron.
Pasaron dos años y parece que no aprendieron nada de las malas experiencias. Nuevamente se repite la misma historia, esta vez con el pase sanitario como excusa, dispuesto desde el Estado nacional y algunas provincias. De nuevo, los argentinos nos encontramos con vulneración de derechos de circular, de propiedad y a la autonomía personal.
Desde el propio Gobierno se dispuso que la vacuna no es obligatoria, como surge de la resolución 2823/2020 del Ministerio de Salud y de la DA 1198/2021 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Y con esta decisión de exigir el pase se excluye a los no vacunados no solo de acceder a eventos sociales y masivos, sino también de realizar trámites necesarios para el día a día, al limitarse el acceso a bancos y otros entes públicos. Y no solo esto: al tramitarse el pase sanitario desde la app Mi Argentina, también se excluye a todos aquellos que tengan dificultades con la aplicación.
Más aún, se establece una distinción entre vacunados y no vacunados, cuando todavía no existe ninguna fuente que demuestre que la vacunación frene los contagios. Al contrario, en países europeos con una tasa de vacunación de más del 70%, los casos de Covid por la variante ómicron han aumentado exponencialmente, tal como sucede en la Argentina.
Todo esto lo afirmo desde mi lugar, como ciudadano que completó el esquema de vacunación y respeta y promulga esta política sanitaria.
Sin embargo, resulta evidente que estamos ante un claro retroceso en materia de igualdad para aquellos que, por razones personales, religiosas, de creencias o simplemente por no estar de acuerdo con la vacunación, a pesar de respetar las normas de cuidado y protocolos, son limitados arbitrariamente en sus derechos.
Como se plantea en el artículo 19 de la Constitución, los actos que no afecten a terceros y a la moral pública están reservados a Dios y exentos de las autoridades de los magistrados. En este caso, la elección personalísima por la no vacunación no afecta en sí misma a terceros, porque, como se dijo, no previene el contagio. Lo reprochable sería, en cambio, que una persona no cumpla con las medidas de cuidado generales.
El pase sanitario así implementado empuja a la marginalidad y excluye a quienes, por una decisión personal, deciden no vacunarse, sin un argumento sustantivo.
El camino no es el control social ni la restricción de derechos fundamentales. El Estado debe promover la vacunación –que no es obligatoria–, pero respetando los derechos personalísimos de cada ciudadano.
Senador nacional UCR
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