El país necesita una discusión sobre defensa
Quizá como nunca antes desde el fin de la Guerra Fría es imperioso que se delibere seriamente sobre la política de defensa. Las consecuencias de posponer o tergiversar debates públicos rigurosos como ha sido habitual desde los 90 en torno de la energía, por ejemplo, se manifiestan en una serie de normas, reformas y medidas erráticas, contradictorias y antojadizas. Un "tarifazo" irrazonable y la judicialización de su tratamiento es el último eslabón de una serie de ausencias, especialmente de una estrategia integral, consensuada y sostenible.
A diferencia de la cuestión energética, en el área de la defensa, la Argentina democrática supo construir una suerte de "acuerdo sobre lo fundamental". Los pilares legales de este compromiso específico y plural son la ley 23.554 de Defensa Nacional, la ley 24.059 de Seguridad Interior, la ley 25.520 de Inteligencia Nacional, la ley 24.948 de restructuración de las Fuerzas Armadas y la reglamentación de la ley 23.554.
No se trata de introducir reformas a ese sólido conjunto legal. Se trata de esclarecer qué política de defensa necesita el país: capacidades existentes, prioridades esenciales, retos principales, requerimientos básicos, estrategias. En breve; cómo lograr un pacto actualizado, firme y operativo. En ese sentido, sobresalen cuatro enfoques que remiten a visiones diversas; lo que revela que la reconfiguración del pacto planteado será compleja. Resulta bueno recordar que consenso no es sinónimo de unanimidad.
Llamo a los enfoques vigentes renovador, restaurador, revolucionario y replegado. Los renovadores resaltan que el marco internacional y sus tendencias previsibles demandan una reflexión urgente. Asimismo, el cuadro continental invita a un análisis prudente pues las mutaciones observables son significativas. Asumen una perspectiva crítica: el cambio, la incertidumbre y la pugnacidad no deben desconocerse; la clave es cómo aportar a la estabilidad internacional y a la paz regional. En lo interno destacan que es primordial evaluar la ecuación medios-recursos-fines: la disonancia en ese trípode conduce a errores de autopercepción, a cálculos distorsionados y a metas desmesuradas. No se descartan tensiones con los vecinos, pero las relaciones no se plantean en términos de hipótesis de conflicto, sino que se subraya el alcance de la diplomacia. A su vez colocan el acento, por ejemplo, en el valor vital del Atlántico Sur y la Antártida para la Argentina, pero subrayan que es indispensable contar con un sustento material y militar para garantizar su protección. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas tienen un rol importante en las actuales y futuras circunstancias.
Los restauradores tienen un diagnóstico distinto. En especial después de los atentados del 11-S en los Estados Unidos, han asimilado la noción de "nuevas amenazas" -esa presunta amalgama de males como el terrorismo, el crimen organizado, y las drogas ilícitas, entre otros- que obligaría a borrar la frontera entre seguridad interna y defensa externa. Eso remite a una doctrina de inseguridad nacional en sustitución de la vieja doctrina de seguridad nacional: los enemigos actuales son un entramado de actores interconectados que operan domésticamente como parte de una oscura acechanza global. Se definen como defensores a ultranza de Occidente: al parecer no han extraído lecciones del pésimo razonamiento respecto de las Malvinas.
Reconociendo que hoy es complicado obtener un aumento del presupuesto militar, se contentan con una gradual mayor autonomía relativa frente al poder civil. Parecen dispuestos a sumarse a operaciones contra las "nuevas amenazas" en el exterior pues ello implicaría "proyección de poder". Su aspiración máxima es redefinir el papel de los militares en el país.
Para los revolucionarios, la conflictividad internacional no sólo es creciente sino inminente en su desenlace. Las potencias, en particular las occidentales, actúan con una lógica constante: procuran activos cruciales como hidrocarburos, minerales críticos para la industria militar, agua dulce, zonas ricas en biodiversidad, etcétera. En ese sentido, habría que estar listos a proteger Vaca Muerta, el acuífero Guaraní, los yacimientos de litio, entre muchos otros. Más que acentuar el valor de buenas políticas públicas civiles para asegurar su protección y desarrollo, los revolucionarios subrayan que los militares debieran tener una nueva misión en la defensa de los recursos naturales estratégicos. Además, las Fuerzas Armadas tendrían que asociarse con los sectores populares para participar en un proyecto nacional que apunte a un cambio drástico y hondo pues el reformismo político, que ocasionalmente se ensaya, encuentra límites ante la desafección de la clase media. Como los restauradores, pero en otra clave ideológica, los revolucionarios proyectan una incidencia institucional y política decisiva de los militares en la vida nacional.
Los replegados se aferran a lo históricamente logrado y temen que un aggiornamento del acuerdo alcanzado genere una regresión en materia de la separación entre seguridad interior y defensa nacional, del gobierno civil de la política de defensa y de las hipótesis de conflicto. Observan que los reiterados anuncios de "terminar con el narcotráfico" y "luchar contra el terrorismo" parecen sugerir la voluntad de modificar las misiones internas y externas de las fuerzas armadas.
Ahora bien, debatir sobre defensa resulta ineludible. Los cuatro enfoques están presentes en círculos políticos e intelectuales, entre civiles y militares, y se expresan esporádicamente en medios escritos, publicaciones académicas y blogs. Pero la mayoría de las veces los planteamientos se desconocen y no se explicitan en la agenda pública ni son objeto del escrutinio ciudadano. Así, el peligro latente es que un día -producto de una sorpresiva situación de crisis o del interés de una sigilosa minoría activa- se debilite de manera inexorable el "acuerdo sobre lo fundamental" que supimos construir, y que debemos reforzar, en materia de defensa.
Profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Tella
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