El país entregó la energía
La crisis energética argentina es profunda y vino para quedarse. Se incubó en forma larvada durante un tiempo; luego vinieron los síntomas tempranos perceptibles sólo por los expertos y los ligados a la actividad; finalmente, en el presente, se manifiestan los efectos negativos en forma que son percibidos por la población, ya que afectan la calidad de vida de los ciudadanos y el funcionamiento de toda la macroeconomía. La Argentina es un país débil y vulnerable, y esto se acentuará en los próximos años.
Los problemas energéticos son mayúsculos: 1) la Argentina ha perdido la autosuficiencia energética y es un país volcado en forma precipitada y desordenada -o sea no planificada- a la importación de energía. Las compras externas superaron los 9000 millones de dólares en 2011 y crecen con altas tasas; 2) en los años recientes, el país se ha descapitalizado en más de 100.000 millones de dólares consumiendo el stock de reservas comprobadas sin reponerlas; 3) los subsidios energéticos son insostenibles para la hacienda pública; 4) la producción petrolera y gasífera doméstica está en declinación crónica desde hace 14 años en petróleo y desde hace ocho años en gas natural; 5) hay un déficit de inversión en la ampliación de la oferta de energía que no acompaña al crecimiento de la demanda doméstica; 6) existe una situación muy cercana a la cesación de pagos en varios segmentos de la actividad energética.
Si bien estos síntomas ya son admitidos casi en forma unánime desde que el Gobierno, después de ocho años de negarlos, los blanqueó, no existe tal unanimidad respecto a las causas y menos aún a las soluciones que podrían implementarse para resolver esta estratégica cuestión. Es tiempo entonces de focalizarse en las múltiples causas y luego, ponderadas éstas, pasar a la propuesta de soluciones.
El problema energético es un pentaproblema: 1) existe un problema técnico que se expresa en que el sistema no puede abastecer en forma fluida la demanda interna; crece la demanda y disminuye la oferta; 2) existe un conjunto de problemas económicos (las importaciones y los subsidios son insostenibles a largo plazo; las empresas de servicios públicos energéticos se acercan a la cesación de pagos; etc.); 3) existe un problema legal que combina vacíos legales e incumplimiento de contratos y de la legislación vigente; 4) existen problemas institucionales que se manifiestan en una organización sectorial ineficiente para cumplir con los roles indelegables de todo Estado (nadie planifica; nadie fiscaliza; nadie fija políticas; los entes reguladores están intervenidos y no cumplen sus funciones legales; etcétera); 5) finalmente, están los problemas políticos.
Me focalizaré en el factor político como causal preponderante de la actual situación; errores de naturaleza estratégica de larga data no corregidos; decisiones estratégicas desafortunadas en los últimos ocho años e inexplicables errores tácticos más modernos confluyen para explicar este desastroso presente. Si estos errores no son removidos, no podremos superar esta situación.
A principios de los años 90, la Argentina reorganizó su sector energético y tomó un rumbo equivocado, y estamos pagando ahora los errores de aquel tiempo. La privatización de YPF, Gas del Estado, Agua y Energía e Hidronor se realizó al amparo de una ideología ultraliberal que no sólo privatizó activos, sino que enervó, hasta hacerlas desaparecer, las funciones indelegables que todo Estado debe ejercer.
La Argentina le entregó virginalmente al mercado las decisiones del qué y del cuándo hacer. Consumado este primer error, el Estado dejó de fijar la política energética, de planificar, de fiscalizar, de promover inversiones en áreas prioritarias; de recaudar fondos específicos, etcétera (segundo error). Este proceso desembocó en la desnacionalización del sector y en la ausencia, a contramano del mundo y de la región, de todo pensamiento estratégico nacional para el sector energético.
Luego, a mediados de los años 90, la Argentina cambió su Constitución Nacional e introdujo en el artículo 124 el tema de la propiedad de los recursos naturales transfiriéndolos al dominio provincial. Ello tuvo particular importancia en los hidrocarburos, ya que estos recursos pertenecían al patrimonio imprescriptible e inalienable del Estado nacional, según la legislación en vigor. La propiedad nacional de los hidrocarburos, en conjunción con la existencia de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales, fueron los pilares sobre los que Argentina ejecutó una exitosa política de Estado a lo largo del siglo XX, que nos llevaría desde el descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia en 1907 hasta el autoabastecimiento alcanzado en 1989.
La transferencia del dominio a las provincias sin la sanción de una ley que reglamentara el cómo se haría abrió camino a un muy negativo juego de pinzas sobre un Estado nacional ausente ejecutado por las empresas petroleras (el lobby petrolero) y las burocracias energéticas provinciales nucleadas en la Ofephi. Así se sancionó, en 2006, la conocida como "ley corta", que transformó a cada provincia petrolera en una especie de débil emirato, con un resultado lamentable: prórrogas de contratos, nula o poca fiscalización de la actividad, anarquía legal, falta de políticas coordinadas. Las empresas petroleras lograban lo que siempre habían ambicionado y pocas veces habían dicho en público: permanecer en los yacimientos hasta el final de la vida útil de éstos. Las renegociaciones tempranas hechas por las provincias lo posibilitaron.
Si aquéllos son los errores políticos de antigua data -que no involucran al gobierno actual, aunque sí a muchos de sus funcionarios, entonces entusiastas defensores de aquella política-, aparecen luego un conjunto de gruesos errores estratégicos del gobierno actual que, insólitamente, mantiene su elenco energético intacto desde 2003, hasta tal punto que se trata del equipo energético de mayor continuidad de la historia sectorial.
En este rubro computamos lo siguiente: 1) error de percepción estratégica al no identificar la declinación productiva de la producción de petróleo ni de gas natural como un problema estructural relacionado con la caída de las reservas comprobadas; 2) la incapacidad de generar una estrategia exploratoria para revertir la situación; 3) falta de percepción estratégica al no anticipar y, por lo tanto, no planificar, la importación de energía con estrategias de mínimo costo; 4) congelamiento tarifario de las empresas de servicios públicos que lleva a éstas a la cesación de pagos, y montaje de un sistema de subsidios indiscriminados a la energía que es insostenible.
Finalmente, y no menos importante, es el conjunto de lo que denominaría errores políticos tácticos (2003-2012) que a mi criterio juegan un rol fundamental para explicar el actual estado de desorden que reina en el sector. Una lista no taxativa es la siguiente:
1) El Gobierno negó hasta el hartazgo la crisis energética con argumentos pueriles y hasta irracionales hasta último momento. Esto dejó la idea de un gobierno ignorante o lisa y llanamente mentiroso.
2) El Gobierno destrató a los empresarios y denostó a los opositores ante cualquier opinión contraria a las erróneas ideas oficiales. Esto dejó la idea de un gobierno autoritario.
3) El Gobierno evitó debatir públicamente la cuestión energética que nos atañe a todos; dio la impresión de ser un gobierno cerrado al diálogo e incapaz de articular una política de Estado consensuada.
4) El Gobierno incumple con la legislación y con la letra de los contratos. Dio con ello la impresión de ser un gobierno no confiable para atraer inversiones de largo plazo.
5) El Gobierno hoy focaliza toda su artillería en culpar exclusivamente a YPF de los fracasos, cuando antes elogiaba su performance. YPF es sólo una parte -menor- de todo un sistema que no funciona y que también incluye al Estado. Se trasmite la idea de que a cualquier actor, en cualquier momento, le puede tocar lo peor.
En apretada síntesis, la Argentina está ante una situación muy comprometida de la cual es necesario salir. Ante esto, el factor político es preponderante frente a los otros factores. La solución es política y la nueva política debería ser consensuada. Se puede salir. Llevará tiempo y esfuerzo, pero para eso es necesario hacer un giro copernicano en materia de política energética: nueva legislación, nueva organización, nuevo discurso, nuevos objetivos estratégicos sectoriales.
Un primer paso ineludible: hay que cambiar de equipo. Ocho años de errores garrafales es mucho tiempo para otra oportunidad.
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