El país desalienta a emprendedores
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PARA LA NACIONArturo Prins
Los emprendedores impulsan acciones y empresas innovadoras. Ochenta y seis de ellos fundaron en 2014 la Asociación de Emprendedores de la Argentina (ASEA), para influir en la política y construir un país emprendedor. Hoy tiene más de 30.000 socios. Para esta organización de la sociedad civil, el emprendimiento es motor principal del crecimiento; sin él no hay desarrollo posible. Por ello impulsó la ley de economía del conocimiento, sancionada durante el gobierno anterior, aunque el actual la suspendió, la demoró y la modificó. Argencon, voz de la industria del conocimiento, criticó la reducción de incentivos a empresas con potencial exportador: a mayor exportación, menor estímulo. Con la pandemia y los peores indicadores no hubo un plan económico como promovía aquella ley. Mientras otros países impulsaban la innovación y las empresas tecnológicas incrementaban en 2020 sus ingresos, la Argentina, sin imaginación, enfrentaba la pandemia con emisión monetaria.
Un principio de la mencionada economía es la protección del conocimiento. La Argentina es la peor calificada en el G-20. En el Índice Mundial de Innovación 2020, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), figuramos 80º entre 131 naciones. La indicada desprotección refleja la ausencia de innovaciones. En la década 2009-18, la Argentina solicitó un promedio de 500 patentes/año; Brasil, casi 6500; EE.UU., 227.000. Eso coincide con la inversión en investigación y desarrollo (I+D), proceso por el cual empresas innovadoras reciben conocimientos de instituciones científicas para producir y exportar alto valor agregado. Brasil encabeza esa inversión en América Latina, por lo que su economía es primera en la región. EE.UU., la nación que más invierte en I+D, es la primera economía mundial. La baja protección del conocimiento en la Argentina expresa su muy baja inversión en I+D y, en consecuencia, su subdesarrollo económico.
Según Dámaso Pardo, anterior presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), ASEA fue una de las organizaciones más comprometidas para que el país adhiriera al Tratado de Cooperación en Patentes (PCT), que hoy utilizan 153 naciones. Elaborado por la OMPI, nuestro Senado lo aprobó en 1998 y permanece detenido en Diputados. Ahorra trámites y costos: si una empresa o universidad argentina desea proteger un invento, hoy debe presentar tantas solicitudes de patentes como cantidad de países donde quiera protegerlo en el plazo de un año. En 2019 se informaba al Parlamento: tramitar 50 solicitudes, en igual número de países, cuesta unos US$150.000; con el PCT se hace una solicitud para los mencionados 153 países, a un costo de unos US$5000. Para lograr tal ahorro, empresas e instituciones argentinas se asocian a entidades de un país adherido al PCT y tramitan con ellas la solicitud de patente. Lo hacen grandes empresas con filiales en el exterior; para pymes e instituciones universitarias, es más inviable. La economía del conocimiento no avanzará si hay trabas para protegerlo. ASEA no comprende que el país no se haya adherido al PCT, cuando nuestra economía busca incrementar las exportaciones.
Una investigación publicada en Journal of Technology Management & Innovation (2012) constató que 14 destacados científicos en biomedicina de la Universidad Nacional de Quilmes publicaron en papers conocimientos innovadores no protegidos por la universidad. Varios de ellos fueron patentados por nueve laboratorios farmacéuticos, 12 grandes universidades e instituciones científicas, y hasta inventores individuales, todos del exterior. La investigación se amplió y se publicó en la misma revista (2018): sobre 254 científicos calificados del país, se comprobó que conocimientos innovadores de 94 de ellos fueron apropiados con 341 patentes solicitadas por EE.UU., Gran Bretaña, China, Alemania, Francia, Canadá y otros países. Cuando el Estado invierte en conocimiento con impuestos ciudadanos, o una institución con donaciones, sin haberlo protegido, facilita que se lo apropien y lucren.
El Instituto Pasteur de París (1888), de los mayores en ciencia de Europa, tiene en su haber 5758 solicitudes de patentes, para proteger 1752 innovaciones. La UBA, creada mucho antes (1821), no llega a un centenar de solicitudes; en 40 años (1973-2013) solicitó 35 patentes en el país, y solo cuatro en plazas como EE.UU. o la Unión Europea; con más de mil trabajos anuales publicados, apenas protegió uno por año. Nuestros emprendedores tienen de qué preocuparse.
Por Arturo Prins
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