El país de las reglas flojas

Cómo controlar la inflación, bajar la pobreza, aumentar las exportaciones, hacer crecer las reservas en forma genuina, racionalizar el gasto público, lograr inversiones, generar empleo privado, revertir el deterioro de la educación pública, reorganizar el sistema de salud, replantear el sistema previsional, conseguir eficacia en la lucha contra el narcotráfico, solucionar la inseguridad.

Podría ser esta una lista resumida de los temas que hoy se están discutiendo en el país. Con vehemencia y sobre todo con urgencia. Pero no. Nada que ver. Lo que acapara la atención de la política es otra cosa. Algo circular, inacabable, que aunque debería estar resuelto hace rato vuelve y vuelve: las reglas de juego. Reglas que involucran la preservación del poder. O su conquista.

La agenda pública de la última semana se saturó con la posibilidad de los gobernadores de ser reelectos más allá de lo estipulado en sus constituciones, el papel de la Corte Suprema en el funcionamiento de la democracia y la supuesta existencia de un “partido judicial”, el uso de la cadena para despotricar desde el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial, el asunto estelar de las PASO: si corresponde o no la aplicación de las primarias “obligatorias” (sic) para dirimir candidaturas cuando hay varios aspirantes a un mismo cargo. Eso sin contar que a tres meses de las PASO el gobernador bonaerense se sigue preguntando si no le convendrá probar a desdoblar las elecciones en la provincia, algo que nunca se hizo.

Ninguna discusión importante es sobre soluciones posibles a los graves problemas nacionales. Las peleas sobre las reglas consumen toda la energía.

Paradoja de esta Argentina de reglas móviles, el gobierno había intentado alterar el cronograma preestablecido de difusión del índice inflacionario de abril bajo la creencia de que pasarlo para el lunes habría mejorado el humor protoperonista de los votantes en las elecciones provinciales de mañana. Al final el índice salió en hora. Lo que de manera inesperada se suspendió -en dos provincias- fueron las elecciones. Nunca se sabe.

Sergio Massa decidió hacer público justo ahora su credo metodológico, a falta de otros credos: para que él sea candidato primero le tienen que limpiar la pista de competidores. ¿La razón? La gente necesita certidumbres, dijo. Y ya que el ministro de Economía no puede dar certidumbre respecto de asuntos ornamentales, como si habrá devaluación, si tendremos o no hiperinflación y si él conseguirá los diez mil millones de dólares que le está implorando al FMI, por lo menos ofrece certidumbre con la propuesta consecuente de que el candidato presidencial del peronismo sea elegido a dedo, como siempre, y no con ese dispositivo que creó Cristina Kirchner en 2009 para “democratizar la representación política” (así se llama la ley de las PASO) y que ella nunca quiso usar. Esto también habla de la patriótica entrega kirchnerista: las reglas se hacen para que las disfruten los demás. La Patria es el otro.

Hasta que resplandeció el índice inflacionario -única noticia previsible capaz de producir impacto neutrónico- la semana estuvo dominada por la sorpresa que dio la Corte. Fue Macri, dicen en el gobierno. Según una fuente cercana a la Casa Rosada, tres jueces de la Corte, que serían Lorenzetti, Rosatti y Maqueda, les habían garantizado por vías privadas a Uñac y a Manzur que no iba a haber objeción efectiva a sus candidaturas flojas de papeles, que los planteos sólo serían respondidos después de las elecciones y declarados abstractos. Sobre esa certeza, incluso, Lorenzetti viajó tranquilo a Europa. Pero fue Macri quien a través de intermediarios presionó a Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz para que intervinieran. De acuerdo con esta versión, las actuaciones de la Comisión de Juicio Político, aunque el juicio no prospere, duran tres años, de modo que funcionarán como un elemento de presión sobre los cuatro miembros de la Corte para el próximo gobierno en caso de que gane la oposición y ya mismo servirían para ejercer un dominio. Explicación que si no es certera por lo menos permite introducirlo a Macri.

En realidad todos piensan que existe subordinación judicial a la política, pero mientras el gobierno dice que Macri maneja la Corte, la oposición sostiene que los gobernadores peronistas controlan los tribunales superiores provinciales, por eso se saltean las reglas que les impiden perpetuarse. ¿Alguien se atrevería a irrumpir en tan incandescente enfrentamiento? Nadie, salvo… el Sumo Pontífice. No se sabe por qué lo hizo, pero justo ahora Francisco apareció contándole al mundo (en realidad él se los dijo a los jesuitas húngaros, pero es el Papa) que en una causa judicial sobre la represión ilegal, en 2010, el kirchnerismo usó a los jueces con la intención de condenarlo (“querían cortarme la cabeza”) por hechos acaecidos durante la dictadura. El relato pontificio incluyó un Mesías inesperado, el abogado del Partido Comunista. Hizo la pregunta que lo salvó, según Francisco.

En síntesis: más allá de la cercanía que durante años (“altri tempi”, diría Cristina Kirchner) el Papa mostró con el peronismo-kirchnerismo, esta semana se conoció su relato sobre cómo el actual oficialismo usó a la justicia persiguiendo objetivos políticos. Quizás su toma de posición (¿accidental?) más fuerte de estos diez años. Hasta ahora nadie intentó refutarlo. ß

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