El país convertido en un cambalache

¿Cuál es el motivo por el que las comunidades designan o aceptan la existencia de gobernantes que limitan o restringen sus derechos y libertades, cuando es sabido que ello a nadie le produce placer? La respuesta, muy sencilla por cierto, constituye la primera lección de un curso básico de educación cívica, en el que lo primero que se explica es para qué existen los Estados y las autoridades.

Los Estados existen porque los pueblos saben que no pueden gobernarse a sí mismos y que la autoridad es indispensable para armonizar la convivencia social, evitando el caos y la anarquía. Precisamente por ese motivo suele decirse que los Estados son comunidades políticamente organizadas cuya finalidad es el bien común. Reconocemos, pues, en la autoridad y en el poder que ellas ejercen, el fundamento de toda organización política.

En ese contexto, la democracia es fundamental como sistema de gobierno, porque en ella cada uno de los habitantes somos cotitulares del poder ejercido por esas autoridades a las que se lo delegamos para que, en nuestra representación, organicen la convivencia social, sujetando su accionar a los postulados de una Ley Superior o Constitución que sirva para evitar excesos en el ejercicio de poder de mando.

He aquí el pilar sobre el cual se sustentan los Estados de Derecho, en los que el principio de autoridad, encuadrado en límites normativos, deviene fundamental para lograr que los hombres convivan ordenadamente. Pues ese principio, que se concibe en la relación gobernantes-gobernados, aplica y se extiende a cualquier organización inferior al Estado mismo.

Estas nociones tan básicas e indispensables parecen estar devaluadas en la Argentina, donde los malvivientes pretenden libertad a pesar de delinquir, los alumnos pretenden aprobar sin estudiar, los trabajadores quieren jubilarse sin tener suficientes años de aportes, los representantes gremiales desarrollan su actividad tomando fábricas; en la que pueblos indígenas invocan derechos atacando a las fuerzas de seguridad, y en la que los estudiantes consideran que una forma válida de reclamar es tomando escuelas y usurpando edificios públicos.

El deterioro es profundo, porque ha sido subvertido el principio de autoridad en el ámbito en el que más debería respetarse: el educativo y el familiar. Allí es donde se adquieren y afianzan valores; allí es donde se construyen los pilares sobre los cuales se apoya cualquier convivencia civilizada. Sin embargo, menores de edad empoderados por una cultura populista cuya esencia es la subversión del orden usurpan escuelas, imponen condiciones y jaquean a la autoridad, pretendiendo que todo eso sea considerado un modo válido y regular de reclamar por sus derechos.

Pero hay algo más grave aún: en ese descomunal desmadre de valores, esos “pibes” tienen el apoyo de sus padres, quienes en forma descarada avalan conductas institucional y socialmente condenables, apoyando esa rebeldía inadmisible y profundizando un deterioro educativo que demandará mucho tiempo recomponer.

La Argentina atraviesa una crisis cultural de magnitud inusitada, que ha invertido la concepción que en otra época había respecto del principio de autoridad en el ámbito educativo. Antes existía la presunción de que las decisiones de un maestro, profesor o directivo eran legítimas y razonables. Ahora es exactamente al revés: se cuestiona su accionar, se presume arbitrariedad y se exacerban los derechos de los educandos aun cuando se ejerzan abusiva e irrazonablemente.

Este escandaloso e inaceptable deterioro del principio de autoridad ha devuelto plena vigencia a Enrique Santos Discépolo, y ha convertido a nuestro país en un “cambalache”, en el que “es lo mismo ser ignorante, sabio o chorro”, ser “un burro que un gran profesor”, en el que “todo es igual”, y en el que “la falta de respeto y el atropello a la razón” se han convertido en una irresponsable bandera, enarbolada por algunos exponentes de una generación que parece no entender cuáles son los principios sociales e institucionales que rigen el funcionamiento de los países serios y ordenados en el mundo.

Abogado constitucionalista. Prof. Derecho Constitucional UBA