El pacto de Fernández con el diablo

Existe una coincidencia casi unánime entre los analistas económicos en que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es necesario pero insuficiente. Es indispensable para dejar atrás el temor a un inminente default con ese organismo crediticio y, por añadidura, con el Club de París, pero insuficiente para resolver los problemas de la economía argentina. En otras palabras, servirá para ganar tiempo, pero no para revertir necesariamente la larga apatía de los inversores hacia el país. La suba del riesgo país, que en las últimas horas, se arrimó a los 2000 puntos parece confirmarlo.

El FMI no ha exigido, a diferencia de lo actuado en acuerdos de facilidades extendidas con otros países, reformas estructurales. Tal como se jacta permanentemente Alberto Fernández, no habrá reforma previsional, ni reforma laboral, ni una reforma administrativa del Estado. En cambio, el organismo financiero no ha resignado tres objetivos centrales: una baja del déficit fiscal, que se transforme en equilibrio fiscal en 2025; una reducción de la emisión monetaria y una disminución de los subsidios a la energía, lo cual se traducirá en aumentos en las tarifas de luz y gas.

¿Será factible que el Estado argentino reduzca su déficit primario al 2,5% del PBI este año, al 1,9% en 2023, al 0,9% en 2024 y a cero en 2025? Tales metas acordadas con el Fondo no parecen incumplibles. La duda de no pocos economistas es si la coalición oficialista y el gobierno de Fernández tendrán la suficiente voluntad para tomar las decisiones necesarias para cumplirlas.

“¿Si el acuerdo es cumplible? Sí, lo es. Pero a pesar de que las metas son laxas, es incierto si el Gobierno está dispuesto a cumplirlas y/o si tendrá la capacidad para hacerlo”, considera el economista Luis Palma Cané.

Hay quienes enfatizan que las metas fiscales, al menos este año, no serán de fácil cumplimiento como consecuencia del galopante aumento del precio internacional del gas y del petróleo.

Bajar los subsidios energéticos en un 0,6% del PBI, como se propone en el acuerdo con el FMI, según dijo el economista de la Universidad de Belgrano Víctor Beker a la agencia Bloomberg, “requiere ajustes totalmente imposibles de llevar a cabo”, ya que “no solo hay que reducir esos subsidios en esa proporción, sino que hay que hacerlo mientras el precio de la energía sube en todo el mundo”, especialmente a partir de la invasión de Rusia a Ucrania.

De acuerdo con la proyección de Beker, la meta de reducción de los subsidios es insostenible sin aumentos de tarifas que podrían llegar a cuadruplicarse. La pregunta es si el Gobierno estará dispuesto a cumplir lo que se comprometió a lograr a un costo político tan alto, ya que el objetivo no se logrará asestándole únicamente un golpe tarifario a los sectores sociales más altos.

De ahí que algunos economistas, como el propio Beker, consideren que la mayor herramienta a la que podría recurrir la administración de Fernández para poder cumplir con las metas fiscales del acuerdo con el Fondo no sea otra que licuar el gasto público a través de la inflación.

La conclusión de algunos analistas económicos, como Agustín Monteverde, es que el acuerdo con el FMI consta de promesas que no se podrán cumplir con las herramientas que se piensa emplear.

En su particular relato, Alberto Fernández y Martín Guzmán señalan que el programa suscripto con el FMI y que debe tratar el Congreso de la Nación se sustenta en la búsqueda del crecimiento económico. Sin embargo, entre no pocos economistas también imperan las dudas o el pesimismo cuando se los consulta acerca de la posibilidad de nuevas inversiones.

Es cierto que la aprobación del entendimiento con el Fondo reducirá la incertidumbre, al alejar al país de la espada de Damocles que representa el temor a ingresar en cesación de pagos. Pero nadie está pensando en un boom inversor a raíz de la firma del acuerdo. En opinión del economista de la Fundación Libertad y Progreso Aldo Abram, ni bien comience a percibirse que no habrá reformas estructurales, los inversores se volverán a retraer.

Encierra el relato oficial también otra contradicción con los propios compromisos que el gobierno argentino fijó ante el FMI. Si bien el primer mandatario ha dado a entender de distintas maneras que negoció durante dos años con el organismo internacional para no quedar sometido a sus dictados, el propio documento emanado del Poder Ejecutivo Nacional señala: “Consultaremos con el FMI sobre la adopción de estas medidas y en forma previa a cualquier revisión a las medidas contenidas en este Memorando, y evitaremos cualquier política que no sea consistente con los objetivos del programa y nuestros compromisos en el contexto de éste”.

Por otro lado, el acuerdo condiciona los desembolsos del FMI a las revisiones trimestrales que harán los técnicos del organismo sobre el cumplimiento parcial de las metas fiscales.

Si bien el incumplimiento de las metas podría provocar la caída del acuerdo, el Gobierno podría tomarse de un hecho excepcional para justificar el no cumplimiento de algún objetivo. Es sabido, por ejemplo, que con las actuales subas que está experimentando el precio internacional de la energía a partir de la guerra en Ucrania, a la Argentina podría complicársele pasar los exámenes previstos por el FMI. Sin embargo, el propio acuerdo contempla el riesgo de que esos precios se disparen por aquel conflicto bélico y el país podría incumplir la meta si es consecuencia del mayor costo derivado de la importación de energía.

Hoy las proyecciones indican que, para la Argentina, el balance entre la suba de la energía y el aumento de los commodities agrícolas sería negativo. Es decir que lo que el país pague de más por sus importaciones de gas o petróleo será mayor que lo que pueda percibir por el incremento de los precios de la soja o el trigo.

A ese factor que puede poner en duda el cumplimiento de las metas fiscales, se suman los interrogantes sobre la real voluntad del Gobierno de llevar a la práctica sus compromisos. Un interrogante que se pone aún más de manifiesto cuando, como hace 48 horas en un acto público con intendentes, se escucha a Alberto Fernández afirmar que desprecia al FMI “tanto como todos”. Aun cuando pueda tratarse de una declaración dedicada a Cristina Kirchner, es una implícita admisión presidencial, de que, en su opinión, no ha hecho más que un pacto con el diablo.

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