El pacto con Irán dejará libres a los culpables

La historia oficial, el relato aceptado por casi todos, comienza con la visita de un terrorista iraní a Carlos Alberto Telleldín, uno de los principales vendedores de autos "usados" de la provincia de Buenos Aires, con conexiones con miembros de la Policía Federal y provincial.

Quienes conocen a Telleldín saben que de tonto no tiene un pelo. El iraní le dice que necesita un vehículo, específicamente una Trafic, para convertirla en un autobomba y hacerla estallar en el centro comunitario judío.

Telleldín le responde que tiene exactamente el vehículo que necesita; es más, se lo garantiza, diciéndole que está legalmente registrado a su nombre. El iraní acepta el trato, paga el importe y deja vivo a Telleldín, que demostró ser, entre otras cosas, tan inconsciente como para entregar su propia Trafic para semejante propósito.

Irán está gobernado por un régimen que niega el Holocausto, que financia el terrorismo en Medio Oriente y que busca abiertamente la destrucción del Estado de Israel. Dicho esto, veamos qué lo liga al caso AMIA.

En enero de 2008, el periodista especializado en Medio Oriente Gareth Porter entrevistó para The Nation al ex embajador de EE.UU. en la Argentina James Cheek. "Para mi conocimiento -dijo el diplomático- nunca existió real evidencia de la responsabilidad iraní, nunca aportaron nada importante. La más relevante pista del caso surge de un desertor iraní llamado Moatamer Manucher, quien era un ex funcionario disidente de bajo rango y sin el acceso a las decisiones gubernamentales que él decía conocer. Finalmente decidimos que no era creíble."

Esto mismo fue confirmado por otro alto oficial de la embajada, Ron Goddard.

Porter también da cuenta de una entrevista con el encargado en el FBI de la oficina de Hezbollah, James Bernazzani, quien en octubre de 1997 visitó nuestro país y concluyó que no existía real evidencia de que el Hezbollah iraní estuviera involucrado en el atentado.

Bernazzani menciona las escuchas que comprometen a Moshen Rabbani -agregado cultural de la embajada de Irán en la Argentina, en un intento de comprar una Trafic 15 meses antes de la explosión-, pero considera que esto no puede ser considerado prueba inculpatoria.

En 2003, fue detenido en Inglaterra el ex diplomático iraní en la Argentina Hadi Solemainpour, ya que nuestro país había pedido su extradición. Luego de ver los elementos que constan en el expediente, el juez británico evaluó que no había pruebas suficientes y no concedió el pedido. El diplomático iraní fue liberado.

Esos mismos elementos son los que obran en la causa e involucran al resto de los iraníes que tienen pedidos de captura. Desde ese año no se agregó ni una sola nueva evidencia que involucre a los iraníes. Podrá mejorarse su redacción y la forma de presentar las cosas, pero que nada nuevo se haya aportado nos permite presumir que, en circunstancias similares, un juez de cualquier país neutral no llegará a una conclusión distinta.

Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner formó parte de la comisión bicameral de seguimiento de la causa AMIA. La entonces congresista era una especie de sapo de otro pozo, ya que no estaba de acuerdo prácticamente con ningún otro de los integrantes de la comisión. Ella creía en la pista siria. Sin embargo, su marido, una vez presidente, alentado por el entonces cónsul en Nueva York Héctor Timerman, aceptó sus sugerencias de conseguir el apoyo del "lobby judío", de considerable influencia en la economía de los Estados Unidos. A partir de ese momento y a cambio de ese apoyo, tanto en las Naciones Unidas como en otros foros, el Gobierno comenzó a pedir a Irán que entregue a los sospechosos y culpó a los iraníes del atentado.

Hoy parece que aquel lobby ya no es más de utilidad e Irán presiona para que se levanten las medidas sobre sus diplomáticos, algunos de ellos, ministros y altos funcionarios del gobierno iraní. El comercio con Irán es cada vez más importante.

El reciente acuerdo con ese país para que un grupo de juristas internacionales analice el caso AMIA es parte de este cambio de dirección en la política exterior y, seguramente, Irán saldrá fortalecido cuando la comisión se expida.

Las fuertes críticas iniciales de la comunidad judía organizada fueron atemperadas tras la visita del canciller a la AMIA . No es un dato menor el fuerte apoyo económico que la DAIA recibe del Gobierno y de empresas muy cercanas a él, como el Grupo Szpolsky, YPF y Petersen.

Va una perlita que revela otro aspecto que pocos se animan a reconocer de esta batalla política judicial seguida con preocupación por las ligas mayores de la política internacional: en una entrevista reciente en Radio Mitre, se le preguntó al presidente de la AMIA si, hipotéticamente, él permitiría que un hijo suyo, si estuviese en el extranjero, fuera traído a la Argentina para ser juzgado por jueces como Oyarbide o Canicoba Corral. Guillermo Borger respondió tajantemente que no.

Así las cosas, este nuevo pacto con Irán terminará definitivamente con la causa AMIA, y los cómplices del encubrimiento y la conexión local seguirán transitando libremente por nuestras calles y en condiciones de planear algún otro atentado.

© LA NACION

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