El orgullo de ser periodista en América Latina

Uno de los principales crímenes contra la prensa en América Latina fue la bomba que funcionarios sandinistas hicieron poner en una conferencia de prensa del jefe guerrillero Edén Pastora, uno de los líderes que los enfrentaba cuando Nicaragua se destripaba en la guerra fría. Fue en La Penca, en la frontera con Costa Rica, el 30 de mayo del 1984. Murieron siete personas y hubo doce heridos. La bomba la puso Roberto Vital Gaguine, un colaborador argentino del sandinismo, integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo. Este murió luego en La Tablada, ese alocado y brutal asalto del 23 de enero de 1989.

En La Penca, Vital Gaguine se hizo pasar por un fotoperiodista danés y acompañó a un periodista sueco, Peter Torbiörnsson, quien contó la historia desde su angustia: “Sabía que era un espía sandinista pero no que iba a poner una bomba”. En Costa Rica, la democracia más antigua de América Latina, la fecha del atentado se fijó como el Día del Periodista.

Ahora, en esa zona la situación es otra vez dramática para los periodistas. Ya sabemos que en la región hay tres dictaduras cada vez más trillizas: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Cooperan entre las tres, presentan un discurso legitimador homogéneo, y se imitan en las prácticas represivas contra el periodismo. Los periodistas de esas latitudes saben que si desde los medios oficialistas arranca un ataque contra ellos, es que se están alistando las acciones incrementales para detenerlos. La propaganda es la primera fase de la represión.

Cuando se forjaron estas dictaduras, las primeras alertas surgieron desde el periodismo, como ocurrió con el Diario de la Marina cuando se hizo la revolución cubana en 1959, hasta La Prensa de Managua o El Nacional de Caracas. Esa demolición se prepara con la deslegitimación de la prensa, intentando persuadir de que reducir la libertad al periodismo es ampliar y no cerrar el espacio cívico.

En Cuba la violencia contra la prensa está más institucionalizada: los periodistas sufren la tortura de la cárcel, de la detención continua en las calles, del encierro en sus domicilios. Cada uno tiene un policía que “lo atiende”. Todavía permanecen periodistas en las cárceles por haber cubierto las pasadas protestas de mitad de año. En cambio, en Venezuela o Nicaragua la violencia es más desnuda.

En la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, organizada en los primeros días de diciembre en Canelones, por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), varios de los periodistas que expusieron estaban en el exilio. Pero ni siquiera eso evitaba la continuación de los abusos contra ellos. Al venezolano Roberto Deniz, que está exiliado en Colombia tras haber destapado el caso Alex Saab desde el sitio armando.info, le allanaron la casa de los padres en Caracas; en Nicaragua le hacen algo similar a Wilfredo Miranda, quien con veintinueve años ya vive su segundo exilio pero dice: “No quiero estar preso ni tampoco quiero callar”, y ahora cuando publica desde Costa Rica van patrulleros a la casa de sus padres en la localidad donde viven al sur de Managua.

Por desgracia, hay también señales preautoritarias en Guatemala, Honduras o El Salvador, donde ya hay periodistas que están en el exilio, o a punto de salir. Una democracia con exiliados es un salto cualitativo en un autoritarismo, pues allí hay un reconocimiento del periodista de que la arbitrariedad del poder cruzó una línea decisiva, y que la defensa es inútil. El guatemalteco Marvin del Cid también se exilió, ante el avance de la presión legal: un juez le había restringido el acceso al Congreso aplicándole la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, porque sus investigaciones mortificaban a una funcionaria parlamentaria y, también lo acusaron, con esa misma ley, junto a otro colega con el que realizan sus investigaciones, por coacción y violencia psicológica contra la hermana y la madre de uno de sus investigados.

A los periodistas de El Faro, medio digital de El Salvador, que hace uno de los mejores periodismos de la región, los amenazan con restringir las donaciones internacionales, lo que afectaría el financiamiento que le permite hacer periodismo independiente.

Y en los países donde la situación no está tan degradada, el estigma hacia los periodistas es a veces el terreno que prepara una violencia mayor, como dijo Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19. Ese estigma es lanzado sobre todo contra los periodistas de investigación, quienes despliegan su fuerza profesional para incidir en los derechos de la ciudadanía.

Esos fueron los trabajos premiados en aquella conferencia. Los dos primeros premios fueron para grandes marcas del periodismo televisivo, la brasileña Globo y la colombiana Caracol. El periodista James Alberti, del programa Fantástico de Globo, reveló que el 83 % de los injustamente detenidos por haber sido “reconocidos” en un catálogo de fotos de presuntos sospechosos son negros. A uno de esos jóvenes negros y pobres lo “reconocieron” nueve veces por delitos que no cometió, según la investigación de Globo. En Colombia, el gran periodista Ricardo Calderón, en Noticias Caracol, reveló las falsedades de la versión oficial sobre la represión de un trágico motín en una cárcel. Y en México, la periodista Marcela Turati expuso desde el medio Quinto Elemento que la mala praxis de los peritos forenses degradaba las pruebas para investigar los crímenes. Turati, como tantos periodistas de investigación de la región, fue ella misma investigada por el poder judicial a partir de falsas acusaciones.

También en esa conferencia internacional la periodista tucumana Irene Benito presentó su investigación sobre las mujeres que sufrieron femicidios a pesar de haber alertado con sucesivas denuncias. Como ocurre con Turati, Benito sufre un particular acoso legal por parte de poderosos sectores de la justicia local cercanos al gobierno provincial. En nuestro país, el acoso a los principales periodistas de investigación es muy relevante como demuestran, entre otros, los ataques sistemáticos contra Daniel Enz, Hugo Alconada Mon y Daniel Santoro.

El Congreso Internacional del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), realizado el 9 y el 10 de diciembre pasados, llevó como título “El orgullo de ser periodista”. En los dos días hubo muchos cuestionamientos al periodismo, pero se revalorizó su importancia, algo que fue refrendado a nivel global por la entrega a dos periodistas del Premio Nobel de la Paz. La nueva presidenta de Fopea, la periodista de Esquel, Paula Moreno, resaltó también la importancia clave del periodismo hiperlocal del país, el que representa la enorme mayoría del periodismo argentino.

La prensa muchas veces tiene una relación vergonzante con su propio poder. A muchos los han convencido de que es un poder sectario, ilegítimo, porque no es votado. Pero no hay que pedir disculpas por el poder que el periodismo profesional tiene. Al contrario, hay que usarlo. Es un poder democrático que brota de nuestras constituciones.

Casi cuarenta años después, el periodista sueco que fue engañado en La Penca confrontó a los líderes sandinistas y logró finalmente que uno le reconociera ante la cámara la culpabilidad del gobierno de Daniel Ortega. Ya años antes un periodista del Miami Herald había contado la historia, y ahora Peter la hizo visible a través de su documental.

El poder de la verdad sigue necesitando ayuda para expandirse, por lo que las nubes negras que le dan sombra a la actividad periodística no tiene que ocultar lo fundamental: la esencialidad de esta profesión no nació con la pandemia, sino con la democracia.

Investigador de Periodismo y Democracia de la Universidad Austral

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