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El mito de la guerra judicial
En la última carta pública dada a conocer días atrás, la vicepresidenta de la nación señaló al Poder Judicial, y de manera particular a la Corte Suprema de la Nación como cabeza de dicho poder, como parte de un plan de guerra desatado en nuestro país contra líderes políticos definidos como de extracción popular, incluyendo su propia figura en dicha persecución.
Más allá de la llamativa forma de comunicación de la vicepresidenta, dado que se trata de la segunda carta pública (el colectivo Carta Abierta parece estar ausente en estos días y ya tiene reemplazo) en poco más de 45 días, en ella se reiteran conceptos relativos al Poder Judicial y su rol más allá incluso de los límites de nuestro país
Más allá de la llamativa forma de comunicación de la vicepresidenta, dado que se trata de la segunda carta pública (el colectivo Carta Abierta parece estar ausente en estos días y ya tiene reemplazo) en poco más de 45 días, en ella se reiteran conceptos relativos al Poder Judicial y su rol más allá incluso de los límites de nuestro país; cabe recordar que en oportunidades anteriores se ha hecho referencia a los ejemplos de "Lula" Da Silva, Evo Morales o Rafael Correa como parte de una guerra judicial con alcance regional contra los "líderes populares" en alianza con expresiones del poder mediático y económico más concentrado.
El uso (y por momentos abuso) del término "Lawfare" da cuenta de esta situación de utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos como arma de guerra contra algún enemigo previamente estigmatizado por los medios de comunicación. Getulio Vargas, ex presidente de Brasil y célebre autor de la frase "a mis amigos todo, a mis enemigos la ley", estaría reclamando derechos de propiedad intelectual.
Los gobiernos de una parte significativa de América del Sur emergentes en la primera década y media del siglo XXI han sido manifestaciones emblemáticas del denominado "giro a la izquierda" en la última década, pudiendo ser destacados Chávez y Maduro en Venezuela, Lula y Dilma en Brasil, Néstor y Cristina Kirchner en la Argentina, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Lugo en Paraguay, Tabaré Vázquez y Mujica en Uruguay y Lagos y Bachelet en Chile, entre otros.
¿Podemos afirmar que nos encontramos frente a una cacería judicial? solo Cristina, Lula, Correa y Morales han padecido diferentes situaciones de comparecencia judicial, mientras que Dilma Rousseff y Fernando Lugo han sido destituidos por procesos de juicio político sin afectar dicho proceso el derecho a ejercer cargos públicos en ambos casos, en el marco de procesos de impeachment que han merecido fuertes críticas y reservas en torno a su legalidad y legitimidad.
Parecería en principio tratarse de una "guerra muy selectiva" más que de un esfuerzo coordinado y aceitado del Poder Judicial en conjunción con otros "poderes concentrados" en la región. Mientras tanto en las últimas dos décadas en Perú, y con una dinámica política e ideológica más bien ajena al giro (sub)regional, seis de los últimos siete ex mandatarios (la mayoría de ellos de centro o centro derecha a excepción de Ollanta Humala) han sido sometidos a procesos de juicio político y transitado diferentes instancias judiciales; solo el presidente interino Valentín Paniagua ha sido eximido de ambas instancias, la política y la judicial y el ex presidente Alan García decidió terminar con su vida antes de afrontar una sentencia de prisión.
¿Serían los procesos a Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Kuczynski y Martín Vizcarra auténticos procesos de justicia y por lo tanto no se encuentran comprendidos en la "cacería judicial"? En aras de evitar algún problema de estiramiento conceptual quizás y no por motivos de indignación selectiva, la "guerra judicial" parece comprender solo a mandatarios o ex mandatarios "progresistas".
Entre las diferentes definiciones del término mito se destaca aquella que lo caracteriza como una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad. El mito de la guerra judicial resiste y "resiste con aguante".
Por Santiago Leiras
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