El ministro anticasta pisa cables pelados dentro del Gobierno

Hay un área administrativa del Gobierno que intenta seguir casi al pie de la letra el discurso de campaña de Milei. La conduce Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y, desde algunas semanas, uno de los funcionarios que han ido acaparando mayor poder interno. “Escucharlo me sirvió para decodificar qué es lo que quiere el Presidente”, dijo a LA NACION uno de los ejecutivos que recibieron el miércoles a Sturzenegger en la sede del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y que incluso soportaron alguna crítica, más que nada hacia la institución. “¿Para qué quieren los abogados un colegio profesional?”, preguntó en un momento el ministro. El ministro es en realidad crítico del otro colegio de abogados, el público, cuyos aportes de los afiliados son obligatorios. Según el prospecto original libertario, esos mecanismos son como los fideicomisos o los entes cooperadores: reflejos de la casta que es necesario eliminar.

Sturzenegger es en ese aspecto muy parecido a Milei, incorrecto hasta como invitado. “Ahí oigo alguien que se está riendo: debe estar preparando algún amparo para frenar alguna medida”, agregó medio en broma, y después exhortó a los anfitriones a “ser parte de la gesta” transformadora. No convertirse en, dijo, “agentes bloqueadores”.

El cargo de Sturzenegger es casi tan decisivo para la administración de Milei como el de Luis Caputo. Pero solo podrá prosperar en la medida en que a este le vaya bien. Por eso el 3,5% de IPC de septiembre es en algún punto un espaldarazo para ambos. El rol de Sturzenegger debería complementar de algún modo el de su par del Palacio de Hacienda: además de crecer, la Argentina necesita tener un Estado moderno.

Todo un desafío para un gobierno que llegó por sorpresa y con escasos recursos humanos técnicos. La famosa “gestión” que reclama Macri. El tema volvió a salir en el último encuentro que el líder de Pro tuvo con Santiago Caputo. “No fue una mala conversación: Mauricio es áspero, pero si te la bancás, dialoga”, dijo un exministro de Juntos por el Cambio. Hacia afuera la crítica de Macri es genérica, pero se mete en detalles en el cara a cara. Y ahí entra todo, desde lo más obvio hasta observaciones que trae de reuniones con empresarios, muy frecuentes cuando pisa la Argentina. Y Caputo, que es desconfiado, está entonces obligado a diferenciar el consejo genuino del corporativo. Un buen ejemplo de este diálogo con obstáculos es la Hidrovía, un servicio cuya licitación Macri recomienda apurar: dice que el actual estado de la cota representa un costo grande para el flete.

Hasta ahora, esta necesidad de trato con Pro no le trajo a Sturzenegger inconvenientes con sus excompañeros de espacio. Al contrario, en el macrismo consideran que es quien le da al Presidente “agenda de trabajo”. La dificultad del economista reside más bien hacia adentro de La Libertad Avanza, principalmente con quienes necesitan mantener vínculos con fuerzas opositoras más intensas e igualmente decisivas para la gobernabilidad. Ahí hay siempre conflictos latentes, algunos de los cuales han empezado a emerger, que requieren de la evaluación del ministro anticasta: ¿hasta dónde ceder?, ¿qué es lo realmente relevante?

Un dilema no exento de sapos. El último fue la reglamentación de la reforma laboral, que excluyó la prohibición del aporte obligatorio de los trabajadores a los sindicatos, como pedía la CGT. Un logro de Gerardo Martínez y Héctor Daer, los que más hablan con la Casa Rosada.

Llevarse bien con el frente sindical contribuye a bajar la conflictividad. Milei no tiene cortes de calles ni grandes medidas de fuerza generales desde hace cinco meses. Sin embargo, por cómo está conformada y los objetivos que se plantea, la agenda de Sturzenegger pondrá siempre en juego esa interacción. El miércoles, momentos antes de la referida visita al Colegio de Abogados porteños, el ministro estuvo en la sede de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que lo había convocado al solo efecto de evitar una idea del Gobierno: la eliminación del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap), un aporte mensual que las empresas hacen por empleado a las cámaras. La cuota, resistida desde hace años por los accionistas de las compañías, alimenta los programas laborales de la Cámara Argentina de Comercio y CAME e incluye un porcentaje para los gremios. Adimra, que nuclea a las metalúrgicas, tiene un esquemas similar. Son cajas millonarias: la casta se esconde también en el sector privado. ¿Qué dirán los gremios? Probablemente nada en contra. “Está claro que no es el momento de discutirlo”, admitieron cerca del Ministerio de Trabajo.

El tema se planteó primero en un aparte que el presidente de la CAME, Alfredo González, chaqueño de buena relación con Capitanich, y el secretario general, el rosarino Ricardo Diab, tuvieron con Sturzenegger. El ministro sabe que hay mucho en juego. “Podemos negociar que sea voluntario”, ofreció. ¿Otra broma? El carácter obligatorio es el corazón del Inacap. Después, delante de los 120 ejecutivos del Consejo Directivo, Diab contó la propuesta. Cuando Sturzenegger expuso, Víctor Palpacelli, presidente de la Cámara Argentina de Supermercados de Córdoba, aprovechó para pedir entonces que se eliminara también el seguro de la compañía La Estrella, otra virtual obligación en la que influyen desde los Werthein y Rodolfo Donofrio hasta Armando Cavalieri, líder del Sindicato de Comercio, y que no todas las empresas pagan. Será una discusión larga.

Hay veces en las que, con todo, los intereses de Sturzenegger y la CGT coinciden. Por ejemplo, con el capítulo del decreto 70 que permite a las prepagas contratar afiliados directamente, sin la intermediación de las obras sociales. Esos convenios les venían restando pacientes y recursos a las obras sociales grandes en detrimento de las más chicas. Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, fue el primero en anunciar públicamente que aprovechará la nueva normativa, que obliga a las prepagas a que, tal como lo hacían las obras sociales, deriven un 15% del aporte del afiliado al Fondo Solidario de Redistribución, que manejan los sindicatos. La CGT no habló. Obvio: para las obras sociales grandes son todas buenas noticias. “¿Quién va a reclamar por los capitanes de ultramar?”, dijo alguien que asesora a los gremios.

La fortaleza del Gobierno en este tipo de negociaciones depende una vez más de su éxito con la macroeconomía. Por eso internamente se celebró el 3,5% de IPC. El miércoles, tanto en el Colegio de Abogados como en la CAME, Sturzenegger citó entre los obstáculos para su prospecto de transformación la actitud de algunas empresas. Le objetó, por ejemplo, a Techint su postura en la prohibición de exportar chatarra y volvió a ser duro con los laboratorios. Cuestionó el precio de productos de Bagó, que comparó con los de competidores, e insistió en que el sector había conseguido mantener la posibilidad de incluir en las recetas las marcas, no solo el nombre de la droga.

En algunas áreas de La Libertad Avanza se agarran la cabeza. Los laboratorios no solo son una industria poderosa, sino de inmejorable relación con el ministro de Salud, Mario Lugones. Lugones es el padre de Rodrigo, probablemente la persona que más influye sobre Santiago Caputo, su exsocio en la consultora de comunicación. Y las farmacéuticas esperan que la desregulación de Sturzenegger no altere sus condiciones de proveedores del PAMI, donde hasta ahora mueren todos los reproches del Gobierno de Milei a la conducción de la UBA: Esteban Leguízamo, director ejecutivo del organismo, y Carlos Blas Zamparolo, subdirector, responden al peronista Carlos Rojo, exdecano de la Facultad de Medicina, presidente de la Asociación de Médicos Municipales y también cercano a Emiliano Yacobitti. Lugones padre sigue además teniendo vínculos con Enrique Nosiglia en la Fundación Sanatorio Güemes, entre cuyos proveedores hay lazos con Luis Barrionuevo.

Desregular puede ser a veces más arduo que intentar bajar la inflación. Ni siquiera la macroeconomía tiene tantos cables pelados.

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