El mercado del dólar blue en la mira del Departamento de Justicia de los Estados Unidos

En los últimos días, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) puso en el ojo público la operatoria del mercado del dólar blue en la Argentina. En una demanda por confiscación de fondos presentada ante una corte del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales estadounidenses explicaron cómo funciona el mercado del dólar blue en la Argentina y, sobre todo, porqué el movimiento de esos dólares en su entrada y paso por los Estados Unidos sería ilegal.

Veamos brevemente cómo funcionan este tipo de demandas en los Estados Unidos. Cuando producto de una investigación, un fiscal detecta que cierta propiedad está relacionada con supuestas actividades criminales, se puede presentar ante el juez de la jurisdicción donde esta esa propiedad y pedir su embargo (el término correcto en inglés es “seizure” que además de impedir el uso de ese bien, también puede impedir la posesión de mismo). Por lo general, los jueces en Estados Unidos otorgan rápidamente esas medidas si el gobierno cumple con los requisitos. Luego de ello, los fiscales tienen un plazo razonable para pedir la confiscación de ese bien (el término en inglés es “forfeiture”). Si no lo hacen, el dueño de esos bienes puede presentarse ante el juez y pedir la liberación de los mismos. Para lograr la confiscación, el fiscal debe explicar con detalle la razón por la cual el juez debiera concederle esa medida. Eso es precisamente lo que pasó en este caso y es en esa fundamentación en la que el DOJ explicó la operatoria del mercado del dólar blue en Argentina y porqué el resultado de esa operatoria, en su paso por Estados Unidos sería ilegal.

En el caso en cuestión, el DOJ se presentó en el año 2020 ante el juez respectivo en Nueva York y pidió el embargo de todos los fondos en una cuenta bancaria, que contaba con aproximadamente 100.000 dólares. En los hechos, esos fondos pasaron al control temporario del gobierno estadounidense. Aproximadamente dos años después, los fiscales se volvieron a presentar – presuntamente luego de desarrollar su investigación – para pedir la confiscación de esos fondos. Es en el desarrollo de ese escrito, presentado recientemente, en el que el gobierno fundamenta su pedido. Alega que los fondos en esa cuenta embargada eran el resultado de actividades ilegales que tenían que ver con el movimiento de dólares dentro de los Estados Unidos sin la licencia respectiva. Los “money service businesses” (o “MSB”) no pueden operar en el servicio de transmisión de dinero en los Estados Unidos sin sus licencias habilitantes respectivas. Si lo hacen, incurren en un delito.

El DOJ explicó que la sociedad titular de la cuenta, a la que nos referiremos como “PCI”, una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, se presentó como si fuera un fondo común de inversión ante un banco en Manhattan, al que llamaremos “MCB”, para abrir una cuenta bancaria. En los papeles que presentó para abrir esa cuenta, siempre de acuerdo a las alegaciones del DOJ, PCI explicó que se trataba de un fondo común de inversión y que necesitaba esa cuenta para recibir los dólares de los clientes que quisieran invertir en el fondo. Así se abrió la cuenta en el MCB, pero el DOJ alega – haciendo menciones puntuales a los resultados de su investigación - que eso era falso y que en realidad esa cuenta fue abierta con el propósito de operar con las transferencias del mercado de dólares blue de la Argentina hacia Estados Unidos y otros países. Esa falsedad ya expuso a PCI a una acusación penal por fraude bancario.

Los fiscales en los Estados Unidos persiguen a los MSB que operan sin licencia en el servicio de transmisión de dinero hace mucho tiempo; esto no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo, y que no habíamos visto hasta ahora, es el foco en el mercado blue de Argentina. Con gráficos, el DOJ explica en esta demanda de confiscación cómo opera el mercado blue. Desde la recepción de los pesos o dólares entregados por clientes en efectivo en Argentina por parte de los operadores locales, al uso de sociedades intermedias y de dólares de ese operador blue en cuentas en Estados Unidos para depositar esos dólares en las cuentas de sus clientes o de terceros, ya sea en Estados Unidos o en otros países. Y es aquí donde la operatoria dentro de los Estados Unidos se considera ilegal. Más allá de que el DOJ también aclara en su fundamentación: “el mercado del dólar blue es considerado un delito en Argentina”.

En el caso particular de PCI, el DOJ explica que en realidad la entidad se escondía detrás de un fondo común de inversión, pero para dedicarse a mover dólares del mercado blue argentino hacia Estados Unidos (u otros países), por ende, tratándose de un MSB operando sin licencia en la transmisión de dinero, de manera ilegal.

PCI podría presentarse en la demanda de confiscación ante el juez para defenderse y obtener el recupero de esos 100.000 dólares. La demanda del DOJ abre ese proceso. Pero además del dinero, hay que tener en cuenta las consecuencias penales en Estados Unidos. El DOJ bien podría seguir investigando a los involucrados y presentar denuncias penales contra otras entidades o individuos. Y eso es quizás lo más importante.

Este es un caso puntual y que puede parecer menor por el monto involucrado. La investigación sobre los MSB que operan en el mercado de transmisión de dinero sin licencia es una práctica usual e importante del DOJ. Los involucrados pueden ser sujetos, no solamente a la confiscación y pérdida del dinero, sino también a potenciales cargos penales por operar sin licencia y lavado de dinero, entre otros. Es la primera vez que vemos un foco en el mercado blue de Argentina. Probablemente no sea la última.

Los autores son abogados especialistas en delitos financieros y compliance

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