El mapa de la inseguridad

Las estadísticas oficiales dicen que hoy, en el conurbano bonaerense, serán asesinadas entre tres y cuatro personas; que tal vez una sea secuestrada, pues las probabilidades son muy altas; que se robarán 143 autos. La lista puede extenderse: asaltos a mano armada, violaciones, abusos sexuales, amenazas, hurtos, homicidios culposos, lesiones. El Código Penal completo.

A saber: según los papeles del Ministerio de Seguridad provincial, en el último año se cometieron 1397 homicidios, 52.370 sustracciones de vehículos y 291 raptos (uno cada 30 horas, aproximadamente). Todos estos delitos fueron perpetrados en ese territorio donde viven casi nueve millones de personas, el 53,5% bajo la línea de pobreza y el 22,8% en la indigencia, según el Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo bonaerense.

Muchos de esos indigentes habitan en unas 500 villas miseria. Se calcula que son más de 700.000. Los asentamientos más violentos, donde se mueven los delincuentes más duros, están en San Martín, San Isidro, Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Quilmes y Almirante Brown.

En esos lugares conviven los que rigen y los que temen: asaltantes, trabajadores de sueldos exiguos, narcotraficantes, subocupados, reducidores de autos, desempleados, rateros, cartoneros, adolescentes intoxicados, prostitutas, proxenetas, analfabetos, ladrones de cables y chicos desnutridos. Y bandas de secuestradores con sus eventuales víctimas.

En dos años, los secuestros aumentaron casi el 600%. En 2001 hubo 46 casos en la provincia; en 2003, 306. En enero, febrero y marzo, el índice delictivo suele bajar. Sin embargo, si se comparan los primeros trimestres de 2001, 2002, 2003 y 2004, podrá notarse un incremento en este tipo de delitos: en el primer año, hubo en esos meses 10 secuestros; en el mismo período del siguiente, 12; en el de 2003, 54, y en el primer trimestre del actual, el número trepó a 65.

La mayoría, como se dijo, ocurre en el Gran Buenos Aires, Eso es lo que indicen las cifras oficiales. Unos números que, por cierto, no son precisos, ya que hay secuestros que no se denuncian, sobre todo los llamados express, de modo que existe un subregistro y la cuenta es mayor.

De los 306 secuestros denunciados (diez de los cuales resultaron ser autosecuestros), 291 ocurrieron en el conurbano. Las zonas más calientes fueron las de las Jefaturas Departamentales de Lomas de Zamora, con 88 casos; San Isidro, con 77, y San Martín y Quilmes, con 52 cada una. Le siguen las jurisdicciones de La Matanza, con 16, y Morón, con 12. En los distritos que integran la jefatura de Lomas de Zamora (Avellaneda, Lanús, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza y el ya mencionado) las bandas se dedican, sobre todo, a los secuestros express. Son golpes cortos, en los que los delincuentes mantienen en cautiverio a sus víctimas por unas pocas horas y las liberan a cambio de un monto de dinero que no supera las tres o cuatro cifras.

Contrastes sociales

En cambio, en la zona de la Jefatura de San Isidro (que abarca ese distrito, además de Vicente López, San Fernando, Tigre y Pilar), suelen operar organizaciones más complejas, con capacidades logísticas para prolongar los secuestros durante varios días, incluso semanas. El contraste entre la riqueza y la pobreza es, en estos partidos, muy notoria, cosa que ocurre en mucho menor medida en la zona sur del Gran Buenos Aires.

Algunos raptos emblemáticos de la zona norte fueron los de Cristian Riquelme, Rubén Astrada, Pablo Belluscio, Ernesto Rodríguez y Axel Blumberg, cuyo desenlace provocó una crisis institucional en la provincia y en la Nación.

En los últimos años, muchas bandas de secuestradores eligieron el partido de Moreno para mantener en cautiverio a víctimas que habían privado de la libertad en la zona norte. Por eso se conjeturó que Moreno era una "zona liberada" adrede por la policía. Pero se trata de una posición rústica, la simplificación absoluta de un fenómeno muy complejo determinado por factores diversos. Por ejemplo: la ubicación y las características del terreno: Moreno está a 37 kilómetros de la Capital Federal, por la autopista del oeste (Gaona); además se puede acceder a ese distrito por el Camino del Buen Ayre, la vía de unión más rápida entre el oeste y el norte del Gran Buenos Aires. Esta es una de las rutas más usadas por los secuestradores. Fuentes judiciales precisaron que en los últimos dos años se detectaron más de 30 casos en los que los captores llevaron a las víctimas por ese camino, del norte al oeste.

"Moreno tiene además muchas zonas de quintas de difícil acceso, donde los delincuentes tienen pleno dominio de lo que sucede afuera. Pero hay otra cosa: muchos hombres que ahora están sospechados de participar en secuestros conocen muy bien la zona. Los que antes trabajaban con superbandas de asaltantes de bancos, como las de Luis Valor y Daniel Angel Sánchez", dijo un investigador a LA NACION.

Y aportó algunos nombres de tales sospechosos: Cristian Carro Córdoba, un sujeto pesado que viviría en Gualeguaychú y tendría un "aguantadero" en la villa Hidalgo, en el Partido de San Martín. Este hombre está prófugo por varios secuestros. Se sospecha que en Paysandú. Se han detectado contactos entre Carro Córdoba y una fuerza de seguridad; algunos investigadores presumen que dicha fuerza podría haber favorecido el escape.

Otros dos hombres experimentados del hampa que aparecen mencionados en raptos y que están libres son el Pulpo Alanís y el Polaco Escobar. En el pasado, los dos estuvieron vinculados con la organización de Sánchez (éste murió en un tiroteo), a la que se le imputaron 27 asaltos a bancos. Alanís y el Polaco estuvieron presos, y en la cárcel siempre estuvieron en contacto, dijeron fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Alanís tiene tres hermanos policías.

Connivencia

Varios informantes de la policía y de la Justicia consultados por LA NACION explicaron cómo funcionaría la complicidad entre miembros de la fuerza y delincuentes en el norte y en el oeste. "El problema central está en el norte, especialmente en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro y en la subdelegación de Vicente López. Hay varios policías identificados, sospechados de mantener vínculos con secuestradores", dijo un investigador de la policía. Un funcionario de la Justicia Federal ratificó estas sospechas, pero aclaró: "El problema es que, hasta ahora, los indicios que tenemos no alcanzan para procesarlos".

En Moreno, las dudosas prácticas de algunos policías no estarían directamente relacionadas con los casos de secuestros. "Es distinto, acá puede haber algún arreglo para no molestar a ciertas bandas dedicadas a los robos de autos o con piratas del asfalto. No hay presencia policial en algunos lugares, pero no se sabe lo que hacen los delincuentes", dijo un comisario que conoce muy bien la zona.

Pocos hombres

El intendente de Moreno, Andrés Arregui, sostuvo que si existen zonas liberadas en su partido es porque no hay suficientes policías: la relación es de 1,3 uniformados cada 1000 habitantes. Y atribuyó el fenómeno de los secuestros a las rápidas vías de acceso con controles insuficientes por ausencia de recursos.

El jefe comunal de Vicente López, Enrique García, también se refirió a la falta de recursos logísticos y humanos. "Tenemos 400 policías para 300.000 habitantes. No alcanzan", dijo. Este fenómeno se repite en todo el Gran Buenos Aires. En Ituzaingó, precisó el intendente Alberto Descalzo, hay un policía cada 1000 habitantes, y en Florencio Varela, la tasa es de 1,2 cada 1000, según el jefe de gobierno local, Julio Pereyra.

Mientras tanto, los delincuentes siguen dominando los barrios y moviéndose por las rutas. Porque la falta de control en las autopistas no sólo es un problema exclusivo del norte y el oeste del conurbano, sino de todo el territorio. Hay, en total, unas 300 bajadas y subidas a las autopistas y se necesitarían 1200 uniformados para establecer puestos de controles en cada una, las 24 horas, según el Ministerio de Seguridad. El titular de la cartera, Leon Arslanian, aseguró que los puestos se van a instalar. con el apoyo de Gendarmería Nacional.

Homicidios

Se dijo: el año último fueron asesinadas 1801 personas en la provincia. De ese total, 1397 crímenes ocurrieron en el conurbano. Esto es: fueron ejecutadas entre tres y cuatro personas por día. El índice se mantuvo durante el primer trimestre del actual. El mayor número de crímenes ocurrió en la jurisdicción de la Jefatura Departamental de Lomas de Zamora: 496 casos. La siguen las departamentales de San Martín, con 276; La Matanza, con 188; Quilmes, con 173; San Isidro, con 141, y Morón, con 123.

El 38% de los homicidios registrados fue en ocasión de robo; el resto estuvo conformado por crímenes pasionales, en riñas, en ajustes de cuentas y por violencia familiar.

Este es un claro indicador de cómo la incidencia del abandono del Estado y la consecuente degradación social es determinante en esta crisis. El problema no es nuevo. Empezó hace dos décadas, y se intensificó durante los años 90. Según un informe de la Dirección de Política Habitacional del Instituto Provincial de la Vivienda, desde 1980 hasta 2000, el crecimiento de las villas fue de casi el 180%.

"Sólo la presencia del Estado con leyes, con seguridad, con recursos humanos, con educación, con planes de viviendas y sanitarios va a distender el clima beligerante en esos lugares. Hay planes conjuntos con los municipios para iluminar las calles y crear espacios públicos. Y lanzamos el programa Hábitat en el que intervienen todas las áreas", dijo Juan Pablo Cafiero, que fue ministro de Seguridad y ahora conduce la cartera de Desarrollo Humano y Trabajo.

Hasta ahora, se han puesto en marcha paliativos, como la embestida contra los desarmaderos, que dio resultado. En 2002 hubo 78.326 robos de autos; en 2003, 59.754. Como en el caso de los homicidios, la zona más crítica es la que abarca la departamental de Lomas de Zamora: allí hubo 13.378 sustracciones de automotores en 2003. También le sigue la jurisdicción de San Martín, con 12.020 hechos. Luego, las jefaturas de San Isidro, con 8090; Morón, con 7185; La Matanza, con 6510, y Quilmes, con 5187.

El descenso de los robos de autos, si bien es significativo, no alcanza para revertir la sensación de inseguridad. El número es aún alto. Y los secuestros continúan creciendo y los homicidios se mantienen.

Una caldera a presión

Por eso, en algún momento tenía que ocurrir: la impotencia de los ciudadanos estaba contenida como en una caldera a presión. Las muertes, los secuestros, las violaciones, los robos, la corrupción, la impericia, la impunidad, la miseria y el abandono, todos estos signos del fracaso que el Estado chorrea en el conurbano bonaerense, fueron aflojando los remaches de esa caldera hasta hacerla estallar. Fue el 1º de este mes, cuando más de 150.000 personas se apiñaron frente al Congreso de la Nación para pedir justicia y seguridad.

La madrugada del 23 de marzo último, Axel Blumberg había sido ejecutado de un balazo en la cabeza en un descampado del partido de Moreno. Su padre, Juan Carlos, había querido pagar el rescate, pero el fiscal federal Jorge Sica ordenó a la policía que interceptara a los captores; hubo tiros, el intercambio se frustró y Axel terminó muerto.

La presunta desidia de la policía bonaerense, las sospechas sobre la federal, el cuestionado trabajo de Sica, la saña de los secuestradores han convertido al caso Blumberg en un ejemplo paradigmático de la crisis de seguridad que se vive en la región metropolitana, sobre todo en el Gran Buenos Aires. El golpe fue tan violento que un ministro de seguridad bonaerense, Raúl Rivara, debió renunciar a su cargo y la vicegobernadora Graciela Giannettasio tuvo que hacerse cargo de la cartera interinamente, hasta que asumió Arslanian.

Para el gobernador Felipe Solá y los miembros de su gabinete, la inseguridad no se resolverá en el corto plazo. Porque, como se expuso, este problema está ligado a la marginalidad estructural. Esta crisis --sostiene el mandatario y sus funcionarios-- no sólo requiere el aumento de efectivos y patrulleros en las calles, una nueva policía para el conurbano, la depuración policial, la descentralización, la participación de la comunidad, una central de inteligencia en conjunto con la Nación o la sanción de leyes nacionales para endurecer penas y provinciales para obtener condenas rápidas. Arslanian dijo que no existen soluciones mágicas y que "sin duda habrá otros episodios de violencia"; incluso como el caso Blumberg.

En efecto, no es la primera vez que matan a un secuestrado. El 12 de julio de 2002 fue asesinado Juan Manuel Canillas, en Vicente López, y exactamente un mes después, fue hallado el cádaver de Diego Peralta en una tosquera en Ezpeleta.

Pero el ministro de Seguridad se mostró confiado. Dijo que podía resistir un hecho de esas características. "Lo que no resiste un caso Blumberg, o nada más, es la ausencia de una acción estatal en un tema tan crítico".

El debate por penas más duras

En la provincia, la discusión jurídica se centró especialmente en el letargo del fuero penal y la limitación de las excarcelaciones. En la Nación, el eje del debate fue el endurecimiento de las penas. El intercambio de opiniones continúa, aunque el Congreso nacional ya sancionó condenas más largas para la tenencia y portación ilegal de armas de fuego y la Legislatura bonaerense aprobó la reforma del Código Procesal Penal.

Todos los protagonistas del debate coinciden en una cosa: es necesaria una reforma judicial, adaptar este poder del Estado a la crisis de violencia que llevó al gobernador Felipe Solá a decretar la emergencia de seguridad en el conurbano bonaerense.

El Ministro de Justicia de la provincia, Eduardo Di Rocco, sostuvo que "la Justicia no podía quedar afuera de la emergencia". Así pues, se modificó el artículo 171 del Código Procesal sobre la denegatoria de excarcelación. Ahora, si un sujeto con antecedentes por delitos dolosos porta armas de fuego sin autorización no podrá ser excarcelado durante la instrucción. Además, se formalizó el principio de oportunidad para los fiscales (podrán establecer prioridades las investigaciones de los delitos graves) y se ampliaron los derechos del particular damnificado: pueden cuestionar resoluciones judiciales. También se incluyó un mecanismo sumarísimo para los casos de flagrancia: la investigación penal preparatoria (IPP) no puede durar más de 15 días. Y los jueces de Garantías en turno ahora están obligados a recibir presentaciones las 24 horas. Se amplió, asimismo, la competencia de los correccionales; antes se ocupaban de los delitos con penas de hasta tres años y ahora, de los de hasta seis.

El Procurador General de la Suprema Corte de Justicia provincial, Eduardo de la Cruz, apoyó los cambios. "Existe una distorsión en la cultura jurídica. Se desvirtuó el sentido del proceso penal. Lo importante es llegar a juicio, no la etapa de instrucción. Con la reforma, avanzamos bastante en la agilidad de la instrucción", dijo De la Cruz.

Luis María Chichizola, fiscal General de San Martín, uno de los departamentos judiciales más complicados en materia de seguridad, cuestionó la forma en que se cambiaron las leyes, tanto en la provincia como en la Nación. Sostuvo: "Fueron respuestas espasmódicas a una situación cuyuntural generada por el clamor popular. En los cambios del Código Penal, se trastocó el nivel de penas. Ahora, la pena máxima por tenencia de armas de guerra es superior al mínimo de la pena por homicidio".

Al ministro de Desarrollo Humano y Trabajo, Juan Pablo Cafiero, no le convence el endurecimiento de las penas: "El que sale a delinquir, se prepara para perder con un arma. Hay un fuerte desprecio por la vida, la propia y la ajena. Para solucionar esto, hace falta una sociedad de leyes, en todo sentido, no sólo el penal".

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