El “lenguaje inclusivo”, montado sobre “la grieta”

En un país de cuarenta y cuatro millones de habitantes en el que casi veinte millones son pobres y la indigencia crece, con una de las cuatro inflaciones más altas del mundo, una importante tasa de desempleo, que está entre los diez países con mayor tasa de muertes por millón de habitantes por Covid, solo el 11% de la población tiene el esquema completo de vacunación, gran cantidad de jóvenes expresan deseos de emigrar, la sociedad se encuentra dividida en dos bandos enfrentados por mucho más que diferencias políticas y los políticos no consiguen hablar de futuro ni esbozar un discurso de esperanza, ¿qué sentido tiene preocuparse por cómo se habla?

A menudo un razonamiento así desalienta o subestima debates sobre el llamado lenguaje inclusivo. Este razonamiento, curiosamente, sí es inclusivo. Suma a detractores del inventario de género y del morfema -e, quienes, si bien deploran esta forma de hablar, están convencidos de que todo es una argucia, una provocación del Gobierno destinada a tapar los problemas de fondo.

Aunque unos y otros repiten como un mantra que la lengua tiene vida propia, los que quieren demoler el castellano “sexista” mediante topadoras han mostrado sentir poco aprecio por la libertad de los hablantes. Habituados a plantear filosas causas militantes aquí y ahora, carecen de paciencia para esperar la asimilación de los cambios lingüísticos, que, según los expertos, normalmente llevan alrededor de cien años. Le dan aire como pueden, entonces, a su revolución gramatical. ¿Los corre la prisa por compensar diez siglos de mujer soslayada por el genérico plural masculino o los invade la pulsión de decretarlo todo, hasta el habla? La verdad parece estar, como tantas veces, a mitad de camino.

Un primer malentendido deriva de que nos quedamos enganchados con la frase “el tiempo dirá”, esa sabiduría que recuerda que la lengua no tiene dueño, que está viva, que es de todos. El tiempo dirá, sí, pero resulta que el tema hace rato que dejó de estar en manos del tiempo, porque mientras nos afligíamos por la inflación, la economía inerte y la pandemia mal llevada, la burocracia reglamentarista del Estado no dormía. Cierta imposición se difuminó sin decir oblíguese. Códigos moderados, manuales amables, recomendaciones legitimadoras, normativas departamentales, resoluciones, guías. Se expandió una habilitación despareja, acorde con lo caótico que es el plexo lingüístico “antisexista”, ese castellano tuneado de los sujetos y las sujetas que alcanzó el hervor en boca del presidente Alberto Fernández en ocasión de su discurso más solemne, el de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, sentado junto a quien él llamó la lideresa.

Esto existe, dijo un Estado fiel a sus reflejos tradicionales que vio el atajo, entonces hay que reglamentarlo. El problema es que así reconoció oficialmente un lenguaje que, como dice Alicia Zorrilla, presidenta de la Academia Argentina de Letras, no es un lenguaje. Es el espejo de una posición sociopolítica que desea forzar un grupo minoritario (no se ofendan, pero el español lo hablan 580 millones de personas) sin tener en cuenta el sistema gramatical. Algo muy singular, en todo caso, no ya por la noble causa de arrinconar al machismo ni por la ambiciosa pretensión de corregir las estructuras de la sociedad para inocular equidad, como porque carece de reglas, y eso sí que es inédito en el rubro. Romper reglas no significa cambio sino rebeldía. Otra cosa sería fundar un sistema gramatical nuevo, pero, claro, eso se daría de patadas con el principio de que la lengua les pertenece a todos los hablantes.

Las reglas del llamado lenguaje inclusivo son como la sal en la comida: a gusto de cada uno. El hablante puede elegir entre cambiar artículos, pronombres, sustantivos, adjetivos y repetirlos en masculino y en femenino sin preocuparse por agotar al oyente, por ejemplo, con infinitos “los” y “las”, como un admirador del insoportable estilo de los folios notariales o las actas de agrimensura. Al pronombre personal “les” lo puede volver artículo. Si prefiere, puede cambiar letras (reemplazando la “a” o la “o” por la “e”, tal vez metiendo una equis, un asterisco, una arroba, lo que le plazca). O se puede usar la barra al final de las palabras y poner -os/as o -es/as y si hay locutor que se arregle. Ni siquiera hace falta que dentro de un mismo texto o parlamento se sucedan estas alteraciones de manera sostenida, porque, claro, con el vértigo discursivo uno se olvida de achurar alguna palabra o de duplicarla y más tarde o más temprano tropieza con la concordancia. Tranquilos: con eso no hay problema, la coherencia, la lógica de la lengua, a nadie le quita el sueño. Basta que se note que el que escribe o habla está en la trinchera correcta, la de los que luchan para acabar con la sociedad patriarcal consagrada por Cervantes y sus cómplices.

Hay varios grados de intervención lingüística. Los hablantes más templados en general solo duplican sustantivos (alumnos y alumnas). Los intermedios también injertan signos cuando escriben e intercalan pronombres y adjetivos en doble género sin ahorrar oportunidades. Los más intensos suelen ser los militantes de la diversidad de género. Se distinguen por el empleo del morfema –e, un recurso extremo que llega a modificar la sonoridad de la lengua. Solo consiguen sostenerse sin trastabillar jóvenes tan convencidos como habituados. Una cuarta categoría es la de fanáticos u obsecuentes que inventan palabras en femenino y no le temen al ridículo.

Nada es inocuo. Hace dos meses Francia consideró estas intervenciones un obstáculo para el aprendizaje de los alumnos y las prohibió en la enseñanza. En España, asiento de la Real Academia que antes tenía el control monocéntrico de la lengua, ahora mismo hay una discusión fenomenal sobre la implementación y los alcances. Pero en la Argentina, donde la politización está en la naturaleza de las cosas, este asunto, que ya venía politizado de fábrica, se partidizó.

A simple vista se advierte que el seguimiento o rechazo del llamado lenguaje inclusivo tiene importantes coincidencias de alineamiento con la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo, que hoy organiza la mayoría de los aspectos de la vida, desde la política, la cultura y las medidas sanitarias hasta las relaciones intrafamiliares. Es cierto que en amplios grupos de jóvenes de clase media urbana hablar de les chiques se arraigó de la mano de causas como el feminismo, el aborto y el movimiento de la diversidad no binario. Pero en el discurso público sintonizó con la iracundia kirchnerista y con la izquierda contestataria más que con otros sectores (lo que no significa que no puedan existir algunos hablantes “inclusivistas” de otras ideologías), y aunó en la vereda contraria, consiguientemente, al par antagónico. Hay que recordar que la precursora expresión “todos y todas” –hoy tibia– salió del acervo de Cristina Kirchner en tiempos de cadenas diarias, latiguillo identitario que caricaturistas y humoristas nunca dejarían de agradecerle.

Lo de inclusivo, como se sabe, no alude a una convocatoria persuasiva a todos los hablantes de la lengua, sino a la meta de subir a bordo, de una vez por todas, a la mujer, no solo a bordo del lenguaje sino, por su intermedio, de la estructura social en paridad con el hombre. Los japoneses y los árabes, cuyos idiomas no padecen el masculino genérico, no son los mejores, tal vez, para probar la teoría que engancha al femenino gramatical con la igualdad social. Tampoco se conocen cambios de idiomas surgidos de la militancia ideológica. En lo que sí hay experiencia es en el Estado procurando imponer cambios culturales. Nunca lo logró.

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