El legado: más continuidades que rupturas con los 90
La expansión de derechos sociales es una herencia duradera de la década, junto con una debilidad institucional que afecta la confianza ciudadana en la democracia
A treinta años de la llegada de la democracia y a veintiocho del histórico juicio a las juntas militares, la reapertura de los juicios por violaciones de derechos humanos y las condenas a los militares involucrados así como el debilitamiento presupuestario de las Fuerzas Armadas han terminado de imponer el poder civil sobre el castrense. La discusión a futuro es sobre la sucesión presidencial y no sobre el régimen, un dato no menor considerando la historia argentina del último siglo.
En esta década hemos sido testigos de una significativa expansión de derechos sociales para la vejez y la infancia, así como la igualdad de opciones independientemente de la orientación o identidad sexual. La expansión de estos derechos será un legado duradero porque genera procesos de movilización que van más allá del gobierno de turno. Sin embargo, su efectiva realización -especialmente en lo que hace a la distribución de recursos y la ausencia de discriminación- depende de la voluntad política y el acceso efectivo a la Justicia. Y por ello vale la pena analizar los legados institucionales del kirchnerismo, que reflejan más continuidad que la ruptura declamada.
Pese al discurso antimenemista del Gobierno, la caracterización que hiciera Guillermo O'Donnell de la Argentina como una "democracia delegativa" en los noventa sigue estando vigente. El voto popular es el último árbitro de la contienda y el Ejecutivo se somete a esa voluntad, pero los otros poderes han sido debilitados o ignorados. El Congreso sigue sin ser el centro de debate sobre la política pública erosionando la calidad de la discusión deliberativa en el lugar donde más pluralidad de voces se deberían escuchar. Pese a que una reforma inicial de los procedimientos para elegir jueces de la Corte Suprema produjo un tribunal independiente, el Ejecutivo ha sabido ignorar los fallos que le incomodaban, mientras que la reciente reforma al Poder Judicial demuestra la vocación por imponer una voluntad mayoritaria que hoy le favorece, sobre las minorías.
La concentración de poder en el Ejecutivo es en parte el resultado de la debilidad de la oposición y la fragmentación del sistema de partidos acentuada por la decadencia del radicalismo, lejos del sueño bipartidista de la década de los ochenta. No se puede culpar al kirchnerismo por los desaciertos de la oposición. Sin embargo, la concentración del poder fiscal en el Ejecutivo permitida por la bonanza de la soja ha debilitado también al partido de gobierno y no servido para construir una organización alternativa, kirchnerista más que peronista. La consecuencia es una incertidumbre sobre la sucesión presidencial que rememora el final del menemismo.
Un poderoso Ejecutivo con mayorías en ambas cámaras del Congreso refleja la voluntad popular emanada de un proceso electoral. Sin embargo, como los partidos mayoritarios son fluidos ideológicamente -recordemos que el peronismo en el gobierno lideró la privatización de YPF y su posterior renacionalización en diferentes administraciones- se puede producir una alta inestabilidad en las políticas públicas.
Los cambios de las reglas del juego en un período no necesariamente son mantenidos en el período siguiente. En este contexto, los ciudadanos anticipan cambios permanentes y actúan en consecuencia. Ignorar las reglas se vuelve un comportamiento racional. Dado que el Ejecutivo discrimina cuáles reglas seguir y a quién se le aplican las leyes, los ciudadanos internalizan esas expectativas. Las consecuencias no solamente debilitan a las instituciones que deben garantizar los derechos adquiridos sino que también afectan las prácticas cotidianas y la percepción que los ciudadanos tienen del funcionamiento del sistema democrático.
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