El laberinto de los humedales

Alcanzar una ley no siempre es un camino en línea recta. Muchas veces el qué no es la cuestión, sino el cómo. En una democracia es esto último lo que entra en debate y hace sinuoso el camino. Es el caso de la ley de humedales. Las diferencias no están en el qué, a tal punto que todos los principales bloques políticos tienen o han tenido un proyecto en debate, sino en la letra chica.

En la cultura política argentina lamentablemente no está bien visto que todos los actores involucrados, quienes están de acuerdo y los que no, se sienten a tensar los temas en debate. Muchas veces a esto se lo llama rosca, lobby o arreglo, todas palabras con un connotación negativa. Sin embargo, es en estas negociaciones e intercambios que surgen los consensos y correcciones necesarios para llegar a un acuerdo mayor y transversal. Esta amplitud es sumamente importante cuando se trata de leyes que desarrollan puntos de apoyo para el desarrollo productivo. Porque si bien la llamada “ley de humedales” ha visto centrar la conversación pública en torno a los incendios y un debate de 10 años, en realidad estamos frente a una ley que versa sobre presupuestos mínimos y definiciones técnicas, con el objetivo de generar herramientas precisas que permitan a las provincias ordenar el territorio para crecer de forma planificada y previsible. Es necesario entonces dejar en claro cuál es el objeto de la discusión y por qué se hace sinuoso el camino cuando todos los actores tienen un objetivo similar.

Los humedales son ecosistemas con una importancia clave para la adaptación a los impactos del calentamiento global (sequías, inundaciones, deshielo, entre otros) y la mitigación de las emisiones que lo generan. La definición exacta es una de las diferencias observables en los proyectos. Hay quienes replican la Convención de Ramsar, otros la respaldada por el Consejo Federal de Medio Ambiente, otros han aportado una propia. Incluso con la misma definición distintos organismos técnicos han obtenido resultados divergentes al calcular superficies alcanzadas. Por esto es de vital importancia llevar adelante un Inventario Nacional de Humedales. Esto permitiría armonizar las divergencias, basándonos en evidencia concreta. Si no generamos herramientas para ponernos de acuerdo sobre dónde están situados los diversos tipos de humedales y qué características tienen, no podremos gestionarlos adecuadamente ni para mitigar el cambio climático ni para producir de forma sostenible.

Este trabajo primario nos pone frente a la necesidad de un debate transparente y transversal. Obviamente que todo el trabajo que se ha venido desarrollando a lo largo de las distintas presentaciones de proyectos es una experiencia valiosa. También es cierto que la composición de las cámaras fue cambiando y ante la ausencia de reglas previsibles, en un contexto de crisis, diversos actores han modificado o intensificado sus posiciones. Por otro lado, es un avance que todas las comisiones que abordan el tema participen. Bajo el formato de informativas en plenario se trabaja al unísono, y hacerlo en un proyecto con tantas aristas es clave. Más aún si ponderamos que muchos de los textos en debate tienen diferencias sustanciales de los aprobados por el Senado en 2013 y 2016.

No consideramos que al momento haya un “proyecto de consenso”, pero sí que hay voluntad de lograrlo con seriedad, diálogo y trabajo técnico. Junto a Martin Berhongaray, vicepresidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y un grupo de diputados de Juntos por el Cambio hemos propugnado por alcanzar dicho consenso. Apurar los tiempos puede dejar fuera del debate a amplios sectores y eso puede llevar a invalidar los avances alcanzados. No puede pasar que por querer satisfacer a grupos afines no tengamos un debate constructivo con todos los sectores involucrados. El mandato de participación pública en la toma de decisiones ambientales no se garantiza anulando voces. En un tema multinivel, donde hay intereses económicos y productivos, que van del arroz al litio, y de sustentabilidad, los años de debate no dan carta blanca para avanzar por sobre todas las posiciones. Una ley de humedales que no contemple reglas claras y una visión de largo plazo implica pérdidas y costos para el ambiente y, por ende, para la sociedad y las actividades productivas.

En estos días oiremos las voces de los gobiernos provinciales. Esto es algo positivo por muchos aspectos. Primero, podremos ver cómo se posicionan frente a los presupuestos mínimos propuestos por este Congreso en el marco del artículo 41 de la Constitución: “Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.” A éstas pertenece el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio y tienen el rol de aplicar y complementar ese piso de protección; escucharlas es sumamente importante para diseñar una ley que en la práctica se cumpla. En esa línea, debemos contemplar qué tipo de federalismo queremos respecto a lo ambiental. Por otro lado, ha habido acusaciones de que los gobernadores defienden intereses corporativos, es en el debate público donde esto puede discernirse fácilmente y el Congreso es el ámbito para hacerlo.

Las posiciones respecto a este tema son mucho más cercanas de lo que puede parecer. Hay pasos a seguir que, de haberse planteado desde un principio, podrían encontrarnos hoy en un mejor lugar. El planeta y el porvenir de las generaciones futuras nos demandan celeridad, pero saltearnos pasos, discusiones necesarias, sólo producirá atajos. Tenemos una hoja de ruta en el ratificado Acuerdo de Escazú respecto a la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso. Querer obtener algún rédito político inmediato trae mayores problemas porque estaremos dejando leyes con bases frágiles e imprecisas para efectivamente lograr el objetivo de gestión y uso sostenible de los recursos. El Congreso tiene la responsabilidad de aprobar una ley de humedales de consenso, eso es posible si dejamos de lado posturas extremas y señalamientos.

Diputada Nacional por CABA, Evolución Radical

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