El kirchnerismo está urgido por cerrar su propia grieta

Luis Silvio Carzoglio podría dejar de ser el juez de Garantías Nº 1 de Lanús y Avellaneda a partir de la semana que viene. Cobró notoriedad con ese cargo cuando se negó a firmar la orden para detener a Pablo Moyano en la causa en la que se lo investiga por supuesta asociación ilícita con barras del club Independiente. Carzoglio se aferró a ese hecho para sostener una falacia: que le pidieron juicios políticos por no detener a Moyano y que la forma en que procedió en ese caso le valió los tres pedidos de juicio político en su contra que podrían derivar en su destitución.

Resulta comprensible que su defensa haya insistido en aquella teoría en la primera de las cinco audiencias convocadas a ese efecto. Es menos humillante que admitir la posición incómoda en la que quedó Carzoglio por intervenir a favor de una de las dos facciones del oficialismo que se disputaron la representación del conurbano en el Poder Judicial bonaerense. En apariencia, un episodio que las partes superaron sin reparar demasiado en su suerte.

Sin embargo, es lógico que el juez disimule. Hasta no hace mucho esperó recibir auxilio de los bandos reconciliados. En 2018, el juez ordenó allanar el Colegio de Abogados de Lanús/Avellaneda para secuestrar documentos vinculados a la renovación de autoridades. La presidenta del colegio, Adriana Coliqueo, denunció su intromisión en el proceso electoral y pidió su juicio político en la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento. Lo mismo hizo el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires.

Coliqueo es la cara visible de Julián Álvarez. El departamento judicial Lanús/Avellaneda es la criatura del exviceministro de Justicia de Cristina. El Colegio de Abogados de esa jurisdicción se creó para ponerle fin al conflicto de Álvarez con Diego Molea por controlar el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Los matriculados de esas entidades eligen vocales para el Consejo de la Magistratura de la Nación y de la provincia de Buenos Aires: los organismos encargados de resolver quiénes serán jueces.

El allanamiento ordenado por Carzoglio intentó evitar la reelección de Coliqueo en el Colegio de Lanús. No pudo. Ni tampoco ser parte de la tregua alcanzada entre Álvarez y Molea. Nadie lo reivindicó como propio. Por eso es curiosa la supuesta asistencia de Álvarez a Carzoglio para que transite el calvario al que lo sometió su mano derecha: Coliqueo.

Diego Raidán, abogado del juez, es hermano de Javier. Los dos trabajan con Álvarez en la peculiar especialidad de su estudio jurídico: defienden a miembros de una compleja red que reúne a barras, sindicalistas y presuntos espías en la zona sur. Javier asiste a Daniel Llermanos, acusado del delito de coacción sobre Damián Lagaronne, uno de los testigos que declararon contra Moyano en la causa Independiente. Llermanos es el abogado de Moyano y estuvo en la primera audiencia del jury a Carzoglio. En la segunda, desistió de citar a dos de los testigos que había propuesto: Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, extitulares de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri.

A la tercera asistió Coliqueo, convertida en la sugestiva asesora letrada de Rafael Acuña Bustamante y Javier Rodiño en la causa en la que se los investiga por la quiebra fraudulenta del Policlínico Lomas de Zamora. Coliqueo dejó de ejercer cuando asumió la presidencia del Colegio de Abogados. Pero además carece de antecedentes en causas penales. Rodiño integra la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora. Cargo al que llegó envuelto en la controvertida liquidación de ese centro asistencial.

Rodiño fue socio de Acuña Bustamante en un estudio jurídico sospechado de participar en esa maniobra de vaciamiento en complicidad con Julio César Palacios. Titular del Juzgado Nº 10 en lo Civil y Comercial hasta su fallecimiento, en 2011, días antes de ser sometido a juicio político. En la investigación está probado el mecanismo con el que Palacios se apropiaba de quiebras y favorecía en ellas a supuestos acreedores a cambio de dinero.

Acuña Bustamante y Rodiño fueron apoderados del grupo Redentor, propuesto por la síndica designada por Palacios, Viviana Feldman, para gerenciar el policlínico en su concurso. Eduardo De Lázzari hizo una denuncia que investigó el fiscal Álvaro Garganta, pero que se cerró casi en simultáneo con la designación de Miriam Russo como fiscal federal en La Plata y Rodiño como juez de Cámara. Russo era la esposa de De Lázzari, vocal de la Corte bonaerense. Rodiño es protegido por Álvarez.

La causa penal siguió su curso en Lomas de Zamora a cargo de Pablo Rossi. El fiscal de la unidad Delitos Complejos y Crimen Organizado había pedido el juicio político contra Rodiño que le denegó su superior, el fiscal general Carlos Baccini y que aprovechó Gabriel Vitale para resolver apartarlo de esa causa. Vitale es el juez de Garantías Nº 8 y tiene cinco pedidos de juicio político. Una saga iniciada con la falsificación de pruebas para que la causa Pay Diamond pasara al fuero en lo contencioso administrativo nacional.

Dieciséis jueces de Lomas de Zamora se excusaron de investigar la denuncia que Sebastián Scalera, adjunto de Baccini, presentó por ese hecho contra Vitale, en apariencia, con una personalidad capaz de cautivar a figuras tan disímiles como Elisa Carrió, Horacio Verbitsky y Cristian Ritondo. Carrió pidió que se investigue la denuncia de Vitale contra Baccini, al que acusó de extraviar intencionalmente escuchas de la causa de la Salada, la feria ilegal más grande de América Latina.

Esa denuncia fue investigada y desestimada por Héctor Scebba. El fiscal de San Martín les denegó a Vitale y a Carrió las apelaciones que presentaron. Vitale repitió en El Cohete a la Luna la tesis de Llermanos a la que también adhirió Carzoglio: las presiones de la AFI sobre la Justicia para encarcelar a Moyano. Pero aprovechó para confirmar lo que escribió en la causa Pay Diamond: su enemistad manifiesta con Scalera y Rossi. Pay Diamond es una estafa por 60 millones de dólares en la que aparece citado Fernando Burlando.

Un antecedente con el que debió excusarse de intervenir en la causa del policlínico que investiga Rossi. La única medida que adoptó Vitale hasta ahora fue apartar al fiscal. Un ruido que alarmó a Ritondo. Como siempre que atraviesa zozobras, Vitale amenazaría con supuestas escuchas comprometedoras de la Salada que involucrarían a Jorge Rodríguez, el juez federal de Morón que veneraría Ritondo. Por las dudas, el exministro de Seguridad hizo rodar a Marcelo Rochetti por los tribunales de Lomas de Zamora.

El apartamiento de Rossi es la única medida que adoptó Vitale en la causa del policlínico. Como todo el oficialismo en la Justicia, espera que prosperen las negociaciones con Juntos para destrabar los 150 pliegos que retiene Axel Kicillof para que los vote el Senado bonaerense. Pero sobre todo uno: el vinculado a la única Cámara de Garantías en Lanús/Avellaneda. Hay nueve aspirantes para tres lugares.

O solo uno. Dos estarían asegurados para el fiscal Sebastián Bisquert y Luciano Noli, defensor oficial de Lanús/ Avellaneda. Los intendentes que lidera Martín Insaurralde harían que Vitale no tenga a Baccini de competidor. Pero no podrían garantizar que Rafael Paita no lo sea. El juez de la Cámara Civil y Comercial de Trenque Lauquen fue policía, titular de asuntos internos del Servicio Penitenciario con León Arslanian y después con Gustavo Ferrari.

Un cursus honorum impecable en los cánones de Justicia bonaerense, donde el kirchnerismo está urgido por cerrar su propia grieta.

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