El juicio por la estatización de YPF
Umberto Eco sostenía que toda la información es libremente accesible; lo que cuenta es distinguir lo urgente de lo importante. Estas categorías toman especial valor en el ejercicio del poder, porque se puede fijar la agenda, pero muchas veces los temas se imponen más allá de las intenciones.
Una vez más el juicio por la estatización de YPF. Solo que esta vuelta no se está haciendo la lectura correcta. La sentencia era ejecutable desde que la jueza Preska fijó el monto de la condena en 16.000 millones de dólares. El modo de impedirlo era requerir un stay: que quede pendiente la ejecución hasta que confirme o no la cámara de apelaciones. La regla es exigir garantías al condenado, de las que suele exceptuarse a los Estados.
La Argentina pidió el stay y la excepción. Argumentó su calidad de soberano; su solvencia, más allá de problemas de liquidez temporaria. Sumó que otros acreedores (como el FMI y titulares de bonos deuda pública) se verían afectados en sus derechos si se otorgara una garantía. Que podrían ocurrir violaciones a leyes internas, como la de administración financiera y la de presupuesto, y que si la Cámara revirtiera el fallo, no podría recuperar nada de múltiples accionistas de un fondo buitre.
Los demandantes contestaron con nuestra historia. Triste, que se remonta a 2001 y todos los sucesivos incumplimientos. Recordaron las bravuconadas ministeriales, un rol de paria internacional en los mercados, al punto de que nos embargaron la Fragata Libertad. Agregaron una picardía letal: identificaron los bienes que podían ser dados en garantía por el país; acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, acciones de YPF y créditos contra Paraguay por la construcción de Yacyretá.
La jueza nos dio la razón sin dárnosla: concedió el stay pero exigió que las garantías sean las acciones que el Estado ostenta en YPF y los créditos de Yacyretá. Aquí el truco de la magistrada, metiendo a YPF por la ventana (había quedado fuera de la condena). Asumiendo una sentencia confirmatoria adversa, habrían sido dos los caminos posibles: no cumplir quedó clausurado porque perderíamos YPF de hacerlo, tras una simple ejecución de la garantía; cumplir, para lo que generalmente se recurre a bonos que postergan el pago con una tasa de interés razonable, también cerrado: ¿por qué aceptarían algo así los demandantes si tienen las acciones de YPF al alcance de la mano?
Lo que parece un mero paso procesal significa consecuencias gravísimas para el fisco, la política internacional del gobierno entrante, YPF y el bolsillo de los argentinos. Estamos ante una posible privatización de facto, sin que entre un peso al Estado, que aun así seguiría debiendo. Las mismas acciones por las que pagamos 11.000 millones de dólares a Repsol (a valor presente) servirían para pagar a los que no fueron expropiados para cumplir la condena. Menudo dilema para el nuevo gobierno: el nuevo encuadre internacional podría empezar con la espada de Damocles de pagar o no 16.000 millones de dólares, en un país que tiene vencimientos de deuda externa hasta abril por 10.000 millones y una deuda comercial impaga (lo que nos costó la campaña presidencial oficialista) por 43.000 millones.
Tal vez es tiempo de empezar a pensar en serio el escenario dramático que enfrentamos. Pero sobre todo aprender que se puede hacer cualquier cosa, sea de derecha o izquierda, estatista o liberal; lo que no se puede es evitar pagar las consecuencias.
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