El Gran Buenos Aires, del caos a la anomia

El término “Gran Buenos Aires” (GBA) evoca un malentendido conceptual. El calificativo “gran” supone una extensión satelital; algo así como los anillos suburbanos de Saturno, pero sin Saturno, producto de la extensión de la mancha urbana porteña. Según el Indec, el GBA se integra con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 32 partidos del denominado, desde fines de los 50, “conurbano bonaerense” (CB). Área, no obstante, significativamente discutida según diversos criterios geográficos o catastrales.

Solo este enunciado connota varias fracturas: a la geográfica, se le suman la política y la social. La primera, porque el GBA está dividido entre dos jurisdicciones: la CABA y la provincia de Buenos Aires (PBA). Luego, porque conforma un rompecabezas de municipios que en algunos casos resultan de la subdivisión de otros desde la reforma constitucional de 1994. Por último, porque concentra más de un tercio de la pobreza del país. El conjunto –dividido, a su vez, en zonas, cordones, áreas y regiones– sugiere confusión, desorganización, inercia burocrática y déficit de planificación.

En el conurbano, la tenencia irregular del suelo alcanza al 13,8% de la población. La carencia de agua potable, al 27%; los desagües cloacales, a poco más de la mitad; la red de gas natural, a un tercio; lo mismo que las calles pavimentadas. Hay zonas cuya población aparece colapsada y mal distribuida, abastecida de agua y electricidad mediante conexiones transitorias o ilegales. Los basurales a cielo abierto proliferan contaminando el aire y la tierra hasta el punto de permear al acuífero Puelche con arsénico y otros desechos químicos industriales.

A la promiscuidad habitacional de muchos de los barrios pobres se le suma la sobreconstrucción de edificaciones, trasgrediendo el código urbano mediante “ordenanzas especiales” impulsadas por las intendencias y homologadas por los bloques de concejales oficialistas y opositores. La “grieta” suele entonces borronearse en favor de un statu quo de funcionarios, rematadores y estudios de arquitectura. En algunos centros urbanos, el tránsito se vuelve caótico y los servicios de transporte, escasos. En las periferias, la insuficiencia de canales aliviadores y los extravíos inmobiliarios suelen motivar recurrentes inundaciones. ¿Cómo se llegó a este estado de cosas?

Recién hacia 1948, y con los datos censales del año anterior luego de un apagón estadístico de 33 años, el gobernador Domingo Mercante advirtió el curso desordenado del desborde porteño. Por primera vez, se bautizó a todo el conglomerado como GBA; aunque restringiéndolo al espacio que diez años más tarde el gobernador Oscar Alende denominaría “conurbano”. Contaba con 14 municipios de varias localidades internas. El decreto 70/48 reconocía: “Buenos Aires y sus alrededores constituyen una de las pocas grandes metrópolis sin plan regulador”, atribuyendo el desorden a “una acelerada industrialización […] indiscriminada de grandes y pequeñas fábricas”; y advertía sobre el riesgo de “situaciones semejantes a las de las grandes urbes congestionadas”.

Un signo ya anticipado por algunos urbanistas desde la primera posguerra, cuando las zonas de descanso o residencia de las clases medias trazadas por las líneas ferroviarias suburbanas comenzaron a desbordarse. Luego, la crisis de 1930 aceleró la aglomeración conjugando el desarrollo manufacturero con las migraciones internas. El decreto de 1948 dispuso la creación de una Comisión Asesora y una Junta Consultiva constituida por los representantes de los intendentes para planificar el desarrollo edificatorio y el uso de la tierra mediante un proyecto regulador urbano y rural entre la Capital Federal y la PBA. Pero desde la década siguiente, se marchó en sentido inverso.

Durante los 60, el ingreso en una etapa más compleja de la industrialización y la crisis política endémica alimentaron el caos. Luego, el estancamiento y la reestructuración industrial coincidieron con el voluntarismo torpe de los 70. Para descongestionar el GBA, el intendente Osvaldo Cacciatore dispuso el desalojo de varias villas de emergencia, cuyos habitantes encontraron el albergue de sus parientes y allegados en el CB. Simultáneamente, allí se restringió el viejo sistema de loteos que permitía la urbanización racional de zonas aptas para la habitabilidad humana. A las migraciones internas se les sumaron contingentes procedentes de países limítrofes. Para entonces, el GBA dejo de ser definitivamente la meca del progreso social convirtiéndose en un explosivo callejón sin salida.

La bomba de tiempo del decisionismo autoritario sin plan ni coordinación detonó a poco de instaurarse la democracia bajo la forma de ocupaciones territoriales por goteo o masivas. Los municipios, hasta entonces abocados a los servicios de alumbrado, barrido y limpieza, debieron ampliar sus facultades a la asistencia alimentaria de los carecientes organizados en instituciones barriales, y homologar las tomas intentando su regularización urbana y dominial. Pero la estructuración de la pobreza requirió de su administración permanente, y abarcó desde la educación hasta la seguridad y la salud. También, su explotación electoral: una veta insospechada revelada con el correr de la democracia.

Su lógica incrementalista devino un círculo vicioso de dependencias recíprocas: de los municipios respecto de la gobernación y de esta con la Nación, lesionando el federalismo. Con los años, servicios públicos de calidad inversamente proporcional a la presión fiscal fraguaron una aguda crisis de representación capitalizada por movimientos vecinales localistas que aspiraron a municipalizarse.

Fue peor el remedio que la enfermedad: la minimalización –los 14 partidos de 1948 se transformaron en 19 hacia 1979, 23 en 1992, 29 en 1994, hasta alcanzar los 32 actuales–, lejos de aproximar a gobernantes y gobernados, hipertrofió aún más la burocracia utilizada como trampolín financiero de carreras políticas y ámbito propicio para tallar las redes clientelares rizomáticas de rigor. En algunas se transitó del caos a la anomia; y la gestión convencional mutó en poderes territoriales de referentes, policías y funcionarios conniventes con un amplio abanico de actividades ilegales.

La fractura social se reflejó, asimismo, en la proliferación de barrios cerrados en los cordones semirrurales, desde el norte hasta el sur; a veces, en condiciones tan irregulares como los asentamientos. Y como estos siguieron expidiéndose se produjo la frecuente convivencia entre ambos polos. La anomia también es identitaria: hay zonas marginales cuyos vecinos reunidos en ciudadanías colectivas de naturaleza diversa solo se reconocen en sus barrios. El resto no se percibe ni porteño ni bonaerense; a lo sumo, habitantes de municipios fragmentados por sutiles tabiques socioculturales.

¿Cómo revertir este statu quo de colusiones? Durante los últimos 20 años han emergido varias propuestas: la regionalización del conjunto provincial con otros distritos, su división en tres nuevas provincias, la prosecución del desarrollo municipalista de otras localidades con La Matanza como experiencia piloto, y la transformación del CB en una provincia eventualmente extendida a 40 municipios rurales o semiurbanos.

Será necesario su procesamiento político en procura de amplios consensos partidarios y sectoriales. Tarea compleja, porque el caos encubre prebendas encriptadas en los cotos de regiones administrativas irregulares y yuxtapuestas que parasitan hasta los proyectos más nobles. Y en donde la grieta se diluye.

Miembro del Club Político Argentino y de Profesores Republicanos

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